Hay palabras que parecen provocadoras, pero no lo son. El consenso de no banalizar las catástrofes históricas no puede convertirse en una censura para no decir lo que resulta evidente. ¿Qué ocurre cuando una discusión presupuestaria modifica las condiciones materiales con las que miles de personas acceden a tratamientos, rehabilitación, educación, transporte o apoyos? El debate se convierte en algo más profundo, porque ya no se trata solamente de números: se trata de qué clase de sociedad somos los argentinos y qué lugar ocupan las personas con discapacidad dentro de ella.

El artículo 39 del proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar el régimen previsto por la Ley 24.901 y abre una discusión sobre qué lugar ocupa la discapacidad entre las prioridades del Estado bajo la administración de Javier Milei. El tirano libertario se definió en reiteradas oportunidades como alguien dispuesto a “destruir al Estado desde adentro”. Si esa es la concepción desde la cual se diseña el Presupuesto, conviene mirar con atención qué ocurre cuando esa motosierra llega a un sistema destinado a personas que necesitan del Estado para ejercer derechos elementales.

El artículo que cambia las reglas

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone sustituir el actual artículo 7° bis de la Ley 24.901 y modificar el esquema mediante el cual se determinan los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas. La propuesta mantiene un piso mínimo de prestaciones, pero establece que la universalidad del sistema no implique necesariamente homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento. En castellano: se modifica la lógica de valores comunes que sostiene actualmente al sistema y se abre la puerta a una mayor diferenciación según jurisdicciones y modalidades de financiamiento.

¿De verdad creen que las obras sociales y las prepagas van a competir para disputarse a los pacientes? La competencia real puede terminar siendo otra: quién paga menos a los profesionales, quién reduce más sus costos y quién se libera de la carga que para estas entidades implica la cobertura de una persona con discapacidad.

¿Y dónde irán las personas con discapacidad cuando una entidad médica, impunemente, no quiera garantizar una prestación? Irán a buscarla al Estado, el mismo que el tirano quiere reducir a su mínima expresión. Tiempo atrás, la madre de Ian Moche dijo que el excirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le dijo en una reunión que las personas con discapacidad tienen privilegios ¿Qué priviliegio puede tener alguien cuya familia necesita de un sistema de apoyo porque con sus ingresos apenas puede sobrevivir?  El problema de fondo no es la discapacidad, sino el infame modelo económico liberal, sostenido por la secta libertaria.

Las manos encargadas de elaborar el Presupuesto ignoran algo que ningún Excel puede explicar: qué significa tener una persona con discapacidad en la familia. Nadie elige nacer así. Lo que queda es afrontar esa realidad y tratar de construir una vida con dignidad, una tarea que se vuelve mucho más difícil cuando las políticas públicas son una versión más prolija del Falcon verde modelo 1976.