Gabriel Balbuena Povedano acudió a la Justicia para denunciar que su madre, Nidia “Nily” Povedano, había sido víctima de una maniobra destinada a apropiarse de parte de su patrimonio mientras atravesaba una grave enfermedad. Cinco años después, no obtuvo una condena y terminó enfrentando un reclamo de honorarios que llegó a superar los 1.020 millones de pesos. Hoy el fallo está recurrido en la Corte Suprema de la Nación. 

Uno de los abogados que pretendió cobrar esa suma es Milton César Dumrauf, actual ministro de Modernización del gobierno de Alberto Weretilneck. El funcionario no fue un actor periférico: había sido señalado por Balbuena desde el inicio de la investigación y llegó a ser considerado imputado dentro del expediente.

La víctima original señalada por la acusación fue “Nily” Povedano. Tras su muerte, su hijo sostuvo el reclamo como querellante y heredero. Desde entonces, Gabriel quedó atrapado en un proceso donde la discusión sobre el presunto despojo terminó desplazada por los honorarios de quienes defendieron a uno de los acusados.

Povedano no era una figura desconocida en Río Negro. Fue periodista, académica, diputada provincial por la Unión Cívica Radical y presidenta del directorio del diario Río Negro entre 2016 y 2018. También presidió la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras y ocupó cargos en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Falleció en diciembre de 2020, luego de atravesar serios problemas de salud.

Según la acusación presentada por su hijo, durante ese período de vulnerabilidad física y psíquica se desplegaron maniobras vinculadas con sociedades, boletos de compraventa y tierras del loteo Las Caletas. El perjuicio fue estimado en 5 millones de dólares.

La causa llegó a juicio únicamente contra Daniel Eduardo Flores, quien fue absuelto en mayo de 2025 porque el tribunal consideró que no se habían acreditado el ardid ni el perjuicio económico. La querella cuestionó esa decisión y sostuvo que el ministerio Público Fiscal se había apartado previamente del expediente, dejándola sola frente a una investigación de gran complejidad.

De investigado a ministro y acreedor

La situación de Dumrauf concentra el costado político más sensible del caso. Una resolución judicial de 2023 determinó que había adquirido la condición de imputado desde la denuncia realizada por Balbuena en diciembre de 2020.

Sin embargo, nunca llegó a afrontar un juicio. Fue sobreseído porque vencieron los plazos de la investigación preliminar, después de que la Fiscalía omitiera avanzar correctamente con el procedimiento. El cierre, por lo tanto, respondió a la caducidad de la pesquisa y no a una resolución sobre el contenido de las acusaciones.

Dumrauf también intervino simultáneamente como imputado y abogado defensor de Flores durante una etapa del expediente. En diciembre de 2023 ingresó al gabinete de Weretilneck y en febrero de 2025 fue designado ministro de Modernización de Río Negro.

Luego de la absolución de Flores comenzó la pelea por los honorarios. Una primera regulación fijó 80 JUS para el abogado Emiliano Gallego. Tras distintas apelaciones, la suma fue elevada a 1.000 JUS conjuntos para Gallego y Dumrauf, pero posteriormente el Tribunal de Impugnación la redujo a 300 JUS.

Los defensores insistieron en calcular sus honorarios sobre los 5 millones de dólares denunciados como perjuicio. Dumrauf reclamó el 13 por ciento de esa base o, como mínimo, 12 mil JUS. De acuerdo con el cálculo expuesto por la querella durante la audiencia, esa pretensión equivalía entonces a más de 1.020 millones de pesos.

Todo esto, pese a que en el fuero penal, a diferencia del civil, lo que se busca es justamente un castigo punitivo y no un resarcimiento económico, por lo que no se estima un porcentaje del monto estimado como parte del fraude.

La paradoja es difícil de soslayar: Balbuena acudió a la Justicia penal para esclarecer qué había ocurrido con los bienes de su madre y terminó ante la posibilidad de afrontar una factura millonaria calculada sobre un daño patrimonial que el tribunal consideró no probado. Para él, el desenlace responde a un manejo político y a la injerencia de Dumrauf y su entorno en la Justicia. En respaldo de esa denuncia, señala las pruebas presentadas durante el juicio y las omisiones que atribuye a la investigación del Ministerio Público Fiscal.

El Superior Tribunal de Justicia finalmente rechazó el planteo de Dumrauf porque no había firmado el recurso. También desestimó la impugnación de Gallego y confirmó que el proceso penal era de monto indeterminado, por lo que no correspondía calcular los honorarios sobre los 5 millones de dólares. La regulación quedó establecida en 300 JUS conjuntos, según la sentencia definitiva del 5 de agosto.

Durante la audiencia, Gabriel denunció que su madre había sido “saqueada y descartada”, cuestionó duramente el desempeño de la Fiscalía y leyó correos que atribuyó a Dumrauf. Dado que esas manifestaciones podrían tener consecuencias para el desempeño de Dumrauf en un cargo público, el Superior Tribunal resolvió remitir la grabación a la Procuración General para que evaluara si correspondía intervenir.

El expediente deja así una pregunta que excede la discusión arancelaria: si el Poder Judicial investigará las acusaciones formuladas por el hijo de “Nily” Povedano o si la única respuesta concreta que recibirá será la cuenta por haber intentado obtener justicia. Del otro lado aparece un funcionario que pasó de estar alcanzado por la investigación a integrar el gabinete de Weretilneck y reclamar honorarios dentro de la misma causa. (www.REALPOLITIK.com.ar)