Gonzalo Escaray, abogado penalista, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil, los cuestionamientos a los jueces y la necesidad de analizar cada caso según sus circunstancias. También se refirió a la presión política y mediática sobre las decisiones judiciales.

Escaray planteó sus dudas respecto de los efectos que tendrá la reducción de la edad de punibilidad y advirtió sobre las dificultades que presenta su implementación. “La inseguridad no va a bajar con la implementación de esta ley, porque la incidencia en los hechos delictivos que tienen los hechos de menores es muy baja”, sostuvo el abogado penalista.

En ese sentido, explicó que los delitos cometidos por menores tienen una incidencia limitada y que la mayoría de los casos no corresponden a los hechos de mayor gravedad. “La cantidad de hechos que están que son cometidos por menores de 14 años, de 15, 16, es muy baja y la gravedad de los delitos es baja también”, afirmó Escaray.

El abogado también señaló que la modificación normativa genera desafíos concretos para el sistema penal, particularmente por la cantidad de menores que podrían quedar comprendidos. “Ese universo de personas que están dentro de la ley penal ahora es más amplia, entonces es más la posibilidad, o sea, más van a ser más las personas que van a ir detenidas, que van a estar privadas de la libertad”, explicó.

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con la capacidad del Estado para recibir a los menores alcanzados por la nueva legislación. Escaray advirtió: “Y los lugares de alojamiento, un chico de 14 años no se puede mandar a unidad uno de Olmos, una alcaldía con mayores ni a una comisaría”.

A partir de esta situación, el abogado puso el foco en la necesidad de pensar qué consecuencias puede tener una respuesta exclusivamente punitiva. “Si quieren castigar por el castigo mismo, está bien, perfecto. Vamos a mandarlo a cualquier lado, que la pase mal”, expresó, y agregó que una medida de ese tipo puede terminar agravando el problema.

El caso de la jueza y la presión política

El abogado también analizó el cuestionamiento público a una jueza por la decisión adoptada en un caso protagonizado por un menor. Para Escaray, las críticas deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes y no mediante presiones políticas o mediáticas. “Me parece que es importante darle la libertad a los jueces de saber dejarlos trabajar libremente”, afirmó.

En relación con los pedidos de juicio político formulados tras conocerse determinados fallos, Escaray sostuvo que este tipo de intervenciones pueden condicionar a los magistrados. “Salir diciendo está manchado de sangre y juicio político es condicionar a los jueces porque también eso después nos encontramos con fallos de los jueces que tienen miedo de resolver porque van a salir en la tele”, cuestionó. (www.REALPOLITIK.com.ar)