En una provincia donde la soberanía sobre el Atlántico Sur vuelve a ocupar el centro de la discusión política, el Corredor Costero del Canal Beagle ofrece una postal incómoda: la ruta que debía conectar Ushuaia con Cabo San Pío sigue inconclusa. Fue adjudicada durante el gobierno de Rosana Bertone, quedó paralizada bajo la gestión de Gustavo Melella y ahora arrastra una liquidación millonaria cuestionada por el propio Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.

El proyecto, de unos 132 kilómetros, fue adjudicado en 2018 a Juan Felipe Gancedo SA. El entonces vicegobernador Juan Carlos Arcando firmó el contrato con el presidente de la compañía, Andrés Gancedo, mientras el jefe de Gabinete de Bertone, Leonardo Gorbacz, lo presentaba como una de las obras más importantes de la historia provincial. La promesa era unir parajes de la costa del Beagle, mejorar el acceso a Puerto Almanza y extender la presencia vial hacia el extremo sur de la isla.

Una obra frenada y una rescisión que llegó años después

Melella asumió con cuestionamientos ambientales y técnicos sobre la traza y resolvió detener los trabajos para revisarla. Pero la revisión no se convirtió en una solución para completar el corredor. En 2023, su gobierno rescindió los contratos de los tramos II y III por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sin atribuirle culpa a la contratista. Recién en julio de 2025 avanzó con la rescisión definitiva de la obra.

El cierre tampoco resultó limpio. En su informe sobre la cuenta de inversión 2025, el área técnica del Tribunal de Cuentas sostuvo que la obra original había sido contratada con "muy pocas definiciones técnicas" y sin un proyecto que garantizara su ejecución. A esa falla de origen se sumó, durante la gestión de Melella, la demora en dictar los actos de rescisión: la empresa acudió a la Justicia y la provincia terminó obligada a pagar las costas del proceso.

El punto más sensible está en los números. El informe registra más de 1.800 millones en gastos improductivos calculados a favor de Gancedo por los tres tramos. Los auditores objetaron la falta de documentación que respaldara distintos conceptos, la ausencia de trazabilidad en los cálculos y la falta de determinación de eventuales pasivos ambientales. Calificaron esas irregularidades de "severas" y señalaron que la administración provincial no respondió a las observaciones. El monto figura en una liquidación cuestionada: el informe no establece que esos 1.800 millones hayan sido pagados en su totalidad ni fija un perjuicio fiscal definitivo.

La responsabilidad política, entonces, no termina en la licitación de Bertone. Melella y su ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, tuvieron años para definir el futuro del corredor. Su gobierno optó por paralizarlo, rescindirlo y tramitar una liquidación que seguía bajo examen del Tribunal. La ruta continúa inconclusa mientras Tierra del Fuego discute cuánto deberá reconocerle a la empresa por una obra que sus habitantes nunca pudieron recorrer de punta a punta.

En plena discusión sobre la presencia argentina en el sur, el contraste pesa por sí solo: el Corredor Beagle fue anunciado como una conexión estratégica y terminó convertido en un expediente de rescisiones, reclamos y cuentas sin cerrar. (www.REALPOLITIK.com.ar)