Sol Vial volvió a hacer negocios con el Estado. La empresa que apareció en la investigación judicial por los barrios privados de La Plata, durante la gestión de Julio Garro, integra la unión transitoria a la que el gobierno de Axel Kicillof le adjudicó una obra de 1.463.481.625,22. El contrato comprende pavimento, desagües pluviales e iluminación de la calle 32 y fue otorgado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) a Hidraco SA–Sol Vial SA mediante la licitación pública 24/2025.

La adjudicación pone a la constructora en un lugar incómodo para dos administraciones. Su presidente, Facundo Dadin, y su director suplente, Nahuel Julián Paradela, figuran en las actuaciones impulsadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta sobre las presuntas irregularidades en la autorización de urbanizaciones privadas durante el gobierno municipal de Garro. En ese expediente, la fiscalía identificó a Sol Vial como una de las empresas que intervino en la obra de una rotonda vinculada al barrio La Cañada, cuyo costo, según la hipótesis fiscal, fue incrementado mediante modificaciones del trámite municipal. 

De la municipalidad a la constructora

Paradela no era un empresario ajeno a aquella gestión. La presentación fiscal, que remite a su legajo, establece que fue subsecretario de Servicios Públicos de la municipalidad de La Plata entre agosto de 2016 y diciembre de 2017. Esa área formaba parte de la estructura de Obras y Servicios Públicos encabezada por Luis Barbier, uno de los funcionarios más cercanos a Garro. Años después, Paradela pasó a integrar el directorio de Sol Vial como suplente, mientras Dadin ocupó su presidencia.

La relación entre Paradela y Barbier no es reciente sino que se remonta a años atrás, cuando ambos ejercían funciones en ámbitos gubernamentales vinculados al medio ambiente: el primero como funcionario del OPDS y el segundo como autoridad del CEAMSE.

Los antecedentes laborales a los que accedió REALPOLITIK agregan otro dato: Paradela registra vínculos con la comuna local hasta enero de 2022 y con la Cámara de Senadores bonaerense entre septiembre de 2024 y junio de 2025, aunque se desconoce bajo las órdenes de qué legislador. En parte de ese último período también registra actividad laboral en Sol Vial. El legajo citado por la fiscalía sólo permite precisar su cargo de subsecretario hasta diciembre de 2017; la documentación disponible no identifica qué función habría cumplido después dentro del municipio.

Dadin también pasó por el sector público mientras desarrollaba su actividad en la empresa. Los registros obtenidos por este medio consignan un vínculo con el ministerio de Seguridad de la Nación hasta marzo de 2024 y otro con la Cámara de Diputados bonaerense entre mayo y diciembre de ese año, aunque, una vez más, se desconoce bajo las órdenes de qué legislador o bloque. En esos mismos meses aparece registrado laboralmente en Sol Vial. La coincidencia de períodos vuelve relevantes los cargos, tareas y horarios por los que cobró en cada organismo. El Boletín Oficial provincial registra que la asamblea de marzo de 2024 lo eligió presidente de la sociedad por tres ejercicios.

La trama también incluye a Delfina Rucci, identificada como pareja de Paradela, quien, según los registros laborales consultados, trabajó en la municipalidad de La Plata durante la gestión de Garro y también figura vinculada a la Cámara de Diputados bonaerense entre mayo y diciembre de 2024. Los documentos públicos no precisan en qué dependencia municipal se desempeñó ni bajo las órdenes de quién.

Un contrato provincial mientras avanza la causa

REALPOLITIK ya había publicado los testimonios de desarrolladores que afirmaron haber sido orientados a contratar a Sol Vial para las obras de sus emprendimientos durante la gestión de Garro. También señalaron a Barbier como presunto hombre detrás de la empresa. Por supuesto, esas afirmaciones están basadas en indicios y denuncias, y no acreditan que el exfuncionario sea su propietario. Lo documentado hasta ahora son los antecedentes laborales de los allegados a Sol Vial y la intervención de la firma en la obra examinada por la fiscalía.

Facundo Dadin y Nahuel Julián Paradela.

El gobierno de Axel Kicillof, por su parte, adjudicó la obra para Berisso a la unión transitoria integrada por Sol Vial tras evaluar las ofertas. La resolución sostiene que cumplió los requisitos de la licitación y que su propuesta quedó 36,62 por ciento por debajo del presupuesto oficial actualizado. Ese dato explica la decisión administrativa; no despeja el interés público por conocer qué controles se realizaron sobre la empresa y sus integrantes mientras continuaba la investigación judicial.

En lo que refiere a las vinculaciones entre Sol Vial y el gobierno bonaerense, vale destacar que una de las personas que se presenta como representante legal de la empresa es la abogada María Belén Faure, quien en registros laborales aparece vinculada a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que conduce Cristian Girard.

De los barrios privados de Julio Garro a una adjudicación millonaria bajo Axel Kicillof, Sol Vial atravesó el cambio de gobierno sin salir del negocio de la construcción. Ahora el OPISU que conduce Romina Barrios deberá explicar el alcance de sus controles y las cámaras legislativas, las funciones que cumplieron Dadin, Paradela y su pareja durante sus vínculos con el Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)