La administración financiera de la provincia de Buenos Aires ingresó en una etapa de marcada austeridad durante la primera mitad del año. La publicación anticipada de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre expuso las urgencias financieras del Ejecutivo bonaerense y los efectos del freno en las partidas destinadas al territorio. El relevamiento técnico denominado "¿Cómo gasta Kicillof?", elaborado por el exlegislador provincial Marcelo Daletto sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Economía de la provincia, refleja que el distrito registró ingresos por 20,74 billones de pesos frente a erogaciones totales que alcanzaron los 21,62 billones de pesos. Esta dinámica consolidó un déficit financiero de 876.057 millones de pesos, una cifra que representa el 4,2 por ciento de los recursos totales del período y que marca una trayectoria de descenso respecto al desequilibrio del 5,4 por ciento registrado en el mismo lapso del año anterior.

La temprana difusión de estos indicadores, que habitualmente cuenta con un margen de rezago legal que vencía a fines de septiembre, fue interpretada en el ámbito legislativo como una estrategia de validación institucional. La premura oficial apuntó a cumplimentar las pautas de la Ley de Responsabilidad Fiscal con el objetivo implícito de acreditar los estándares de transparencia que demanda el Gobierno nacional para convalidar futuras operaciones de endeudamiento externo. En materia de ingresos, el panorama muestra un retroceso global del 1,4 por ciento real interanual, traccionado principalmente por el fuerte debilitamiento de los recursos de origen nacional, que cayeron un 4,2 por ciento real al sumar 8,6 billones de pesos. En contraposición, los fondos de procedencia provincial lograron un marginal avance del 0,7 por ciento en términos reales debido a la incorporación de la totalidad de aportes de la seguridad social, compensando la retracción del 1,6 por ciento que experimentó la recaudación estrictamente tributaria por el impacto recesivo en Ingresos Brutos.

La inversión pública como principal variable de contención del gasto

La reducción del déficit bonaerense se cimentó sobre una contracción generalizada de las erogaciones, con caídas en términos reales en casi todos los rubros de la administración, acumulando un descenso del 2,6 por ciento real en los gastos totales del Estado provincial. El recorte más agudo se concentró en el gasto de capital, partida ligada directamente al financiamiento de la infraestructura y la obra pública, que se desplomó un 30,8 por ciento real interanual. Durante los primeros seis meses del año, la inversión en obras estatales demandó apenas 971.008 millones de pesos, perdiendo una participación histórica en la estructura de erogaciones al representar el 4,5 por ciento del gasto general bonaerense, frente al 6,3 por ciento que ocupaba en idéntico período del ciclo previo.

La política de contención presupuestaria alcanzó de igual modo a los haberes del sector público y a los recursos distribuidos a las intendencias. La masa salarial destinada al personal de la provincia volvió a registrar una pérdida frente a la evolución del nivel general de precios, anotando una baja del 0,8 por ciento real interanual. El achicamiento también resintió las finanzas locales de los municipios, que percibieron transferencias por un total de 2,77 billones de pesos, lo que implica una caída real del 2,3 por ciento. El reporte sectorial advierte que este retraimiento sistemático profundiza el deterioro de las administraciones municipales y genera un cuadro de asfixia en las tesorerías de los distritos bonaerenses. Del mismo modo, el esquema de contracción real afectó a las jubilaciones con una merma del 0,3 por ciento, a los gastos operativos del Estado con una caída del 6,2 por ciento y a las transferencias no automáticas con un descenso del 1,2 por ciento.

El costo de los servicios financieros a contramano de la austeridad

La estructura del gasto público bonaerense se encuentra fuertemente condicionada por las obligaciones previsionales y salariales, las cuales absorben la mayor porción del presupuesto del distrito. De acuerdo con el gráfico de distribución de partidas provisto por la investigación, el pago de salarios representó el 41,9 por ciento del gasto total de la provincia, seguido por el sistema de jubilaciones con un 19,4 por ciento, otras transferencias generales con un 12,9 por ciento y el régimen de coparticipación a los municipios con un 12,8 por ciento. Los gastos operativos y de funcionamiento corriente del aparato estatal representaron un 5,0 por ciento, relegando la obra pública al penúltimo lugar de las prioridades financieras.

La única cuenta presupuestaria que se movió en sentido inverso al severo programa de austeridad generalizado fue el cumplimiento de los compromisos financieros provinciales. El pago de los intereses de la deuda pública provincial ascendió a 726.760 millones de pesos, lo que implicó un fuerte incremento real del 19,8 por ciento en comparación con el primer semestre del año anterior. Este incremento en los costos financieros elevó la participación de la deuda al 3,4 por ciento del gasto total consolidado de Buenos Aires, exponiendo una fuerte paradoja presupuestaria donde el cumplimiento de los acreedores externos e internos avanza en detrimento directo de la inversión en infraestructura social y los ingresos reales de los trabajadores públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)