La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata anunció un curso de posgrado sobre diagnóstico e intervención ante el maltrato en las infancias. Entre los disertantes figura Carlos Rozanski, expresidente del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de La Plata, cuya salida de la Justicia estuvo atravesada por denuncias de presunto maltrato laboral a empleados del tribunal.
La capacitación, dirigida por Virginia Creimer, también tendrá como disertante a Beatriz Muller. Según la convocatoria difundida por la facultad, se desarrollará entre el 5 de octubre y el 14 de diciembre de 2026, en ocho módulos de dos horas. Está destinada, entre otros, a profesionales de la salud, abogados, criminalistas y docentes. Las inscripciones se encuentran abiertas.
El antecedente de Rozanski le da a la convocatoria una dimensión difícil de ignorar.

En 2011, Julio Piumato afirmó que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación había denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación situaciones de violencia laboral y persecución contra once empleados del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de La Plata. Tres trabajadores, identificados como Juan Olivito, Francisco Martínez y Julio Díaz, acompañaron públicamente el reclamo. El gremio pidió que quienes denunciaron fueran trasladados provisoriamente a otra dependencia para evitar posibles represalias.
Los señalamientos incluyeron malos tratos, un clima de temor dentro del tribunal y presuntas órdenes de vigilar a otros jueces. Una investigación periodística de la época recogió testimonios de empleados que describieron una división entre “leales” y “traidores” y dijeron temer las reuniones en el despacho del magistrado. Rozanski rechazó esas acusaciones: las atribuyó a una campaña impulsada por Piumato para perjudicarlo y afectar los juicios por delitos de lesa humanidad.
En 2016, el Consejo dispuso una nueva auditoría sobre el tribunal en el marco de una presentación de Piumato y Norma Caldara. Antes de que concluyera aquella controversia, Rozanski presentó su renuncia. El gobierno nacional la aceptó con efecto desde el 1 de noviembre de 2016, según consta en el decreto 1143/2016.
En este punto, es necesaria una distinción: las denuncias contra el exjuez se referían al trato hacia trabajadores judiciales, mientras que el curso anunciado por la UNLP aborda el maltrato infantil. Aun así, la elección del disertante vuelve a poner en discusión los antecedentes que la facultad consideró al organizar una formación dedicada, precisamente, a reconocer situaciones de violencia e intervenir frente a ellas. (www.REALPOLITIK.com.ar)