María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la base jurídica de la decisión de la jueza Marta Pascual de no encarcelar a un menor de 14 años que había robado un celular, la embestida del gobierno contra el Poder Judicial y el incremento de la violencia institucional en el país.

"Esta jueza viene siendo agredida violentamente por todo el aparato de propaganda del gobierno nacional y de la ciudad por el tremendo crimen de haber resuelto, en un caso concreto, que un chico de 14 años en condiciones de extrema vulnerabilidad no fuera condenado penalmente, sino que dictó su sobreseimiento y solicitó abordar su situación desde una perspectiva asistencial y de resocialización", señaló Verdú al referirse a la desmedida reacción política y mediática tras el fallo.

En ese sentido, la abogada cuestionó que el oficialismo intente desviar la discusión priorizando el castigo por sobre las garantías constitucionales. "Lo que hizo la jueza está perfectamente fundamentado y desarrollado en su fallo: decretó la inconstitucionalidad en el caso concreto teniendo en cuenta la historia vital del menor, el nivel mínimo de peligrosidad del hecho y armonizó la legislación con los tratados internacionales de derechos humanos, que son de aplicación obligatoria para nuestros tribunales", afirmó.

El gobierno, sin pruebas, desvía la atención

La referente de CORREPI relativizó los discursos punitivistas que promueven la baja de la edad de punibilidad y sostuvo que las estadísticas muestran una participación ínfima de menores en hechos violentos. "El Estado, cada vez más, prioriza el castigo en lugar de reforzar su presencia en los sectores vulnerables. Estos pibes solo toman contacto con el aparato estatal en materia represiva, porque ese mismo Estado está completamente ausente en salud, educación, vivienda y esparcimiento", sostuvo.

Verdú apuntó además contra la persecución a magistrados e instituciones por parte del Poder Ejecutivo y consideró un despropósito los pedidos de juicio político e insultos dirigidos a la jueza. "Todo fallo judicial es susceptible de críticas y de recursos ante instancias superiores. Lo que no se puede admitir es que una resolución judicial abundantemente fundamentada genere este verdadero linchamiento público con los calificativos más abyectos", subrayó.

Por último, advirtió sobre el incremento del accionar policial y los casos de gatillo fácil en las calles. "Estamos atajando penales de todos los ángulos. Tenemos más de 340 defensas de personas detenidas en manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y nos encontramos con un récord absoluto de fusilamientos por gatillo fácil. Frente a este panorama, donde se amplían las facultades policiales para detener arbitrariamente, la respuesta social y comunitaria sigue siendo la organización", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)