El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso, en una entrevista reciente, la federalización de los 24 municipios que conforman el denominado Gran Buenos Aires o Área Metropolitana de Buenos Aires. La seguridad también pasaría a ser competencia federal: “Hoy Gendarmería ya tiene asiento en Campo de Mayo y en distintos lugares del Conurbano, eso pasaría a ser territorio donde Gendarmería y Prefectura Naval pasarían a ser la fuerza de seguridad”.

El extitular del Ejecutivo de San Miguel, al parecer, omite lo que implicaría brindar seguridad en una aglomeración urbana de unos 14 millones de habitantes. Si tomamos en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cantidad de policías (2,8 por cada mil habitantes), serían necesarios para la seguridad del Conurbano más de 35 mil efectivos. Esto significaría absorber gran parte de los efectivos de Gendarmería Nacional para dicho territorio y, por ende, reducir la presencia de esa fuerza en las fronteras. ¿El señor De la Torre o sus asesores evaluaron esto? En cuanto a la Prefectura, es una institución destinada a cumplir funciones policiales en materia de navegación y seguridad marítima y portuaria.

Semanas más tarde, trascendió en diversos medios una nueva propuesta tan extravagante como la de federalizar el Conurbano: organizar una policía militar para hacerse cargo de la seguridad de los municipios de dicho territorio. La citada fuerza, según De la Torre, sería entrenada por el Ejército y la Gendarmería en instalaciones de Campo de Mayo. La policía militar del Conurbano podría integrar personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Este cuerpo de seguridad militarizado sería creado por ley del Congreso y de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Un verdadero dislate jurídico, que pone en evidencia un absoluto desconocimiento en materia de derecho constitucional. Si el territorio es federal —algo de por sí inviable constitucionalmente—, no tendría sentido la participación de la Legislatura provincial en la creación de la citada policía militar.

Conurbano.

La fuerza propuesta por De la Torre conviviría con las policías municipales, que considera eficaces para reducir determinados tipos de delito, mientras que los policías militares serían responsables de combatir delitos de mayor complejidad. En sus críticas al modelo de seguridad de la provincia de Buenos Aires, considera que el incremento de la dotación de efectivos de la Policía Bonaerense no se tradujo en más seguridad. La eficacia del combate al delito no reside solamente en la cantidad de policías desplegados, sino que requiere un abordaje integral que va desde la política criminal y el trabajo social hasta el desarrollo de comunidades postergadas y la educación. Pero eso es otro debate.

¿Qué es la policía militar?

La policía militar es una tropa técnica de las Fuerzas Armadas. Como señalan los reglamentos del Ejército, se trata de una “tropa técnica que conforma elementos de apoyo de combate organizados, equipados y adiestrados para cumplir funciones especializadas, tendientes al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina”. La misión de este elemento militar es apoyar las operaciones militares mediante la ejecución de funciones especializadas tendientes al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina, tanto en tiempo de paz como en operaciones.

A título de curiosidad, entre las amplias responsabilidades de una unidad de policía militar encontramos la prevención de faltas y delitos militares, la seguridad, el mantenimiento del orden dentro de la guarnición, el manejo de prisioneros de guerra, el control del tráfico militar y la aprehensión de infractores a las leyes militares, entre otras. Por lo tanto, dista de una función propia de una fuerza policial o de una fuerza de seguridad como Gendarmería Nacional.

En la actualidad, el Ejército cuenta con una subunidad independiente de policía militar, con asiento en Campo de Mayo, creada nuevamente luego de años de la disolución de este tipo de unidades en 1986. En la guerra de Malvinas fueron desplegados unos 64 efectivos de la Compañía 181 de policía militar.

Es indudable que la propuesta de De la Torre pone en evidencia un absoluto desconocimiento de lo que significa una policía militar. Posiblemente haya tomado como referencia las policías militares de los estados brasileños, que cumplen cometidos de policía de seguridad, pero, como herencia de tiempos del régimen militar, son también “reserva” del Ejército. Es de público conocimiento la controversia que genera la militarización de la seguridad pública.

La ley 24.059 es clara sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior e impone una serie de restricciones sobre su empleo. Solo excepcionalmente, superadas las fuerzas de seguridad y policiales y previa declaración del estado de sitio, pueden emplearse elementos de combate militares para restablecer el orden. Por ende, crear un cuerpo militar con funciones policiales fuera de la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, en ese hipotético espacio federalizado propuesto por De la Torre, entraría en colisión con la citada ley, más allá de la incongruencia constitucional de la propuesta de transformar al Conurbano en un territorio nacional.

La creación de una fuerza de seguridad intermedia o militarizada

La creación de una fuerza de seguridad o policial desde cero lleva años. Recordemos que, en 2004, en el marco de las peculiares reformas policiales impulsadas por León Arslanián, fue creada una fuerza específica para el Gran Buenos Aires: la Policía Buenos Aires 2. Fue instruida por Gendarmería y puesta al mando de un prefecto general retirado. Entre las resistencias internas de la antigua Bonaerense —recordemos que fue disuelta en 1998 y, a partir de allí, solo hubo reformas y contrarreformas—, los altos niveles de improvisación y el “realismo mágico”, el experimento duró unos pocos años y quedó como letra muerta en la ley de organización policial 13.482, todavía vigente. El liderazgo político no tuvo la voluntad para una transformación del sistema de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que llegamos a una fuerza con serios problemas en materia de organización, despliegue, entrenamiento, salarios, ausencia de políticas de bienestar (acceso a la salud y vivienda) y controles externos e internos adecuados.

León Arslanián.

Los hombres y mujeres de la policía provincial carecen de herramientas para actuar ante abusos de sus superiores y del tiempo necesario para programas de capacitación y entrenamiento. Son rehenes de una cobertura de salud sin derecho a opción, con una calidad deficiente, y de la ausencia de políticas de bienestar que permitan el acceso a la vivienda, además de los bajos salarios. Hace décadas que no se invierte en infraestructura, especialmente en dependencias policiales, ni en innovaciones tecnológicas, tales como el uso de inteligencia artificial o drones, que mejorarían la capacidad de vigilancia, la gestión de un importante volumen de datos y la planificación de operaciones.

En este proceso de idas y venidas respecto de la institución policial bonaerense se destaca la exigencia de crear policías municipales o locales. Este proceso responde más a los intereses de liderazgos políticos locales, con un claro interés en el manejo de cajas presupuestarias y en construir poder territorial, que a necesidades reales. El resultado de los constantes cambios sobre la fuerza policial provincial fue la creación de un conjunto de cuerpos fraccionados, lo que afectó su coordinación e interoperabilidad. A esto se agrega que el modelo descentralizado sufrió cambios importantes en los países donde estaba vigente (Reino Unido y Países Bajos), en atención al crecimiento de fenómenos delictivos como el crimen organizado o los delitos itinerantes. La dispersión de fuerzas, con mecanismos complejos de coordinación, se vio desbordada, lo que obligó a los gobiernos a adoptar medidas de centralización de la inteligencia criminal, racionalización de los cuerpos policiales existentes (Países Bajos y el caso de la Policía Metropolitana de Montreal), unificación de la planificación financiera y administrativa, y pautas de acción común contra delitos interjurisdiccionales.

Las fuerzas de seguridad de carácter militar, como nuestra Gendarmería, la Guardia Civil española o los Carabineros italianos, están preparadas y equipadas para hacer frente a amenazas de carácter intermedio llevadas a cabo por organizaciones con un elevado número de integrantes —de origen nacional o extranjero—, que actúan contra los ciudadanos, la infraestructura o el orden constitucional, o con la finalidad de ejercer control territorial, alterar el orden o imponer agendas políticas por medio de la fuerza, con un poder de fuego superior al de las fuerzas policiales tradicionales.

La realidad en materia de seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires impone, sin ninguna duda, la necesidad de llevar a cabo reformas específicas en materia de justicia, política criminal y sistema penitenciario y policial. Estas deben estar articuladas con estrategias que ataquen el problema de fondo de la criminalidad en dicho conglomerado urbano, en particular los serios problemas de marginalidad y una serie de condiciones socioeconómicas y culturales que impulsan a muchos al camino del delito.

Una vez más, por razones políticas meramente oportunistas, estamos ante un intento de generar una suerte de “debate” o “polémica” con una propuesta extravagante, unida a un profundo desconocimiento en materia de modelos policiales. (www.REALPOLITIK.com.ar)