El gobierno de Ignacio Torres otorgó un subsidio de 6,5 millones a la Asociación Civil de Derecho Administrativo del Chubut (ADACh), presidida por Andrés Giacomone, ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. El aporte surge de la resolución 568/2025-STR, citada en un acuerdo del Tribunal de Cuentas al que accedió REALPOLITIK. La sigla corresponde a la secretaría de Trabajo, conducida durante 2025 por Nicolás Gastón Zárate.
El Tribunal aprobó la rendición presentada por ADACh y declaró libres de responsabilidad a sus responsables. Su acuerdo confirma el monto, la entidad beneficiaria y la resolución por la que se concedió el subsidio, aunque no precisa para qué se solicitaron los fondos ni en qué se gastaron. Tampoco identifica a la persona que firmó la resolución de otorgamiento.
El vínculo institucional está reconocido por el propio Poder Judicial de Chubut, que presentó a Giacomone como presidente de ADACh y ministro del Superior Tribunal de Justicia durante las jornadas organizadas por la asociación. Sin dudas, el dato vuelve relevante conocer el trámite mediante el cual una entidad conducida por un integrante del máximo tribunal provincial obtuvo recursos del Ejecutivo.
La ley I Nro. 231 de Ética de la Función Pública incluye expresamente a los miembros del Superior Tribunal entre los funcionarios alcanzados por su régimen de incompatibilidades. Entre otras previsiones, prohíbe recibir beneficios directos o indirectos derivados de actos de la administración, aprovechar el cargo para obtener ventajas y desarrollar actividades vinculadas con la función pública de las que pueda surgir un beneficio o una prioridad especial. También establece el deber de excusación frente a asuntos que comprometan la imparcialidad.
Esas disposiciones no convierten automáticamente en ilegal el subsidio a ADACh. Sí hacen necesario establecer cómo se pidió y decidió el aporte, si Giacomone intervino en alguna gestión vinculada con los fondos y si obtuvo, directa o indirectamente, algún beneficio o trato preferencial.

Además, vale la pena mencionar que un acuerdo plenario dictado por el Superior Tribunal en mayo de 2026 dispone que sus integrantes pueden ejercer cargos en asociaciones civiles sin fines de lucro ad honorem y con autorización previa de la autoridad de superintendencia. No obstantel, este medio no pudo encontrar documentación disponible que permitiera determinar si Giacomone contaba con esa autorización.
Finalmente, para esclarecer el otorgamiento falta conocer la resolución 568/2025-STR y el expediente que la precedió: la solicitud de ADACh, el destino previsto para los 6,5 millones, los fundamentos de la secretaría de Trabajo y las firmas de quienes intervinieron. Por ahora, el hecho documentado es que el Ejecutivo de Torres subsidió a una asociación presidida por un ministro del máximo tribunal de Chubut, y que el órgano de control aprobó después la rendición de ese dinero. (www.REALPOLITIK.com.ar)