El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una derivación directa en Río Negro. Entre la documentación remitida a la Justicia aparece el caso de un paciente amputado que necesitaba una prótesis que, según los registros administrativos, había sido entregada. El problema es que el beneficiario nunca la recibió.

El episodio quedó registrado bajo el ticket 150185850 y el expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND. Cuando los responsables de la auditoría fueron más allá de los papeles y contactaron a la familia, descubrieron que el remito utilizado para acreditar la prestación no reflejaba lo que había ocurrido.

La madre del paciente efectivamente había firmado. Pero, según el informe oficial, lo hizo durante la toma de medidas para confeccionar la prótesis, no cuando recibió el elemento. Los técnicos sostuvieron que la rúbrica fue obtenida “bajo inducción a error” y calificaron la situación como grave.

El papel decía una cosa y el paciente rionegrino mostraba otra

El episodio introduce una dimensión especialmente sensible dentro del caso ANDIS. La investigación nacional viene avanzando sobre presuntos sobreprecios, proveedores favorecidos, diferencias entre productos adjudicados y entregados y fallas en los mecanismos de contratación durante la gestión de Diego Spagnuolo, allegado a Karina Milei.

Pero en Río Negro la irregularidad detectada baja directamente al terreno. Había un beneficiario concreto que necesitaba una prótesis. Había un documento firmado que podía ser utilizado para respaldar administrativamente la entrega. Y había una auditoría que, después de hablar con la familia, concluyó que la prótesis no estaba en manos del paciente.

La pregunta inevitable es cómo un trámite destinado a garantizar una prestación para una persona con discapacidad pudo avanzar administrativamente sin que el elemento llegara a destino.

Javier y Karina Milei junto a Diego Spagnuolo. De fondo, Martín Menem.

INDECOMM aparece en el circuito investigado

La documentación abre además otra línea. INDECOMM SRL, una de las firmas que aparece bajo análisis en la causa general de ANDIS, está vinculada al circuito de provisión examinado por los auditores.

Según el relevamiento, existía una firma tercerizada que debía materializar la entrega de la prótesis. Esa empresa habría explicado que el insumo no había llegado al paciente porque INDECOMM no había cumplido con obligaciones de pago hacia el proveedor.

El dato obliga a reconstruir toda la cadena, ya que la identidad de la empresa tercerizada que intervino específicamente en el episodio rionegrino no surge de manera fehaciente de la información pública disponible.

Una empresa que ya aparece en otros puntos del expediente

INDECOMM, propiedad de Miguel Ángel Calvete y Ruth Noemí Lozano, no aparece solamente por el caso de Río Negro. Los informes elaborados sobre las compras de ANDIS también pusieron bajo análisis distintas facturas emitidas por la compañía.

Entre seis comprobantes examinados, los técnicos detectaron que una factura por 28,7 millones de pesos habría sido pagada dos veces por el organismo.

La empresa también aparece dentro de la investigación sobre las contrataciones relacionadas con amputaciones. En la causa judicial se la vincula comercialmente con Calvete, uno de los nombres investigados dentro de la trama más amplia.

La aparición de la empresa en diferentes segmentos vuelve relevante reconstruir su intervención concreta en el expediente que terminó afectando al beneficiario de Río Negro.

El empresario Miguel Ángel Calvete.

La pata rionegrina todavía tiene nombres por descubrir

Hasta ahora no existe documentación pública suficiente para identificar con certeza la localidad de Río Negro, el hospital, clínica u ortopedia donde se realizó la toma de medidas ni quién fue la persona que presentó el remito para la firma de la madre.

No es un dato secundario. Identificar ese lugar permitiría reconstruir la pata territorial del expediente y establecer quién actuó como intermediario entre ANDIS, INDECOMM, el eventual proveedor tercerizado y la familia.

También permitiría determinar cómo circuló el remito después de ser firmado y en qué instancia una rúbrica obtenida durante la toma de medidas terminó funcionando como respaldo de una prestación que, según la propia auditoría estatal, no había sido concretada.

El costado más incómodo del caso ANDIS

La investigación que rodea a la gestión de Spagnuolo tiene cifras de enorme impacto: diferencias de precios de cientos por ciento, facturas millonarias, productos importados cuestionados y mecanismos de contratación que quedaron bajo la lupa judicial.

El expediente rionegrino, sin embargo, muestra el problema desde otro lugar. No se trata solamente de cuánto gastó el Estado, qué proveedor cobró o qué funcionario autorizó una operación. Se trata de establecer si el sistema podía considerar cumplida una prestación mientras la persona con discapacidad que debía recibirla seguía esperando.

En Río Negro, la documentación conocida indica precisamente eso: había una firma, había un remito y había un expediente administrativo. Lo que faltaba era la prótesis.

Ahora la Justicia deberá determinar cómo ocurrió, quién debía impedirlo y qué responsabilidades existen detrás de una cadena que, al menos en los papeles, había llegado mucho más lejos que la prestación destinada al paciente. (www.REALPOLITIK.com.ar)