Nucleoeléctrica Argentina recomendó contratar a Murata SA para el servicio de vigilancia del sitio Atucha por 14.039.852.633,52 pesos más IVA, con una duración prevista de 24 meses. La decisión, tomada durante la gestión de Juan Martín Campos al frente de la empresa estatal, llegó después de que el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmara una sanción contra la firma por prestar un servicio de vigilancia sin declarar el contrato ante la autoridad de control.

La secuencia surge de documentos oficiales. El 15 de junio de 2026, la provincia rechazó el recurso con el que Murata intentó revertir una multa de 42.516.963,50 pesos y una suspensión de diez días de su habilitación provincial. El 31 de julio, el informe de evaluación y recomendación 3496 de Nucleoeléctrica consideró técnicamente apta y económicamente conveniente su oferta para los tres lotes de vigilancia de Atucha.

El monto recomendado no acredita por sí solo que el contrato haya sido adjudicado ni pagado. Tampoco hay constancia pública suficiente para afirmar que la suspensión provincial llegó a ejecutarse: la resolución establecía que comenzaría cuando la sanción quedara firme. Lo comprobable es que el antecedente ya existía y había sido confirmado en sede administrativa cuando la empresa estatal evaluó favorablemente a Murata.

Una sanción confirmada antes de la recomendación

El expediente bonaerense comenzó con una inspección realizada en octubre de 2022 en el Club de Campo La Elina, en Luján. Los inspectores encontraron a un vigilador de Murata prestando servicio en el lugar y constataron que ese objetivo no había sido declarado ante el organismo encargado de controlar a las empresas de seguridad privada.

En diciembre de 2025, la provincia sancionó a Murata por omitir la comunicación del contrato. La empresa presentó un recurso de revocatoria, pero en junio de 2026 la subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada lo rechazó y confirmó la resolución en todos sus términos. También declaró improcedente el recurso jerárquico planteado en subsidio.

Aunque el antecedente no corresponde a un hecho ocurrido en Atucha, sí coloca bajo examen qué revisión de antecedentes hizo Nucleoeléctrica antes de recomendarle la vigilancia de una instalación estratégica. La empresa estatal está presidida por Campos y forma parte de la política nuclear que el gobierno de Javier Milei conduce a través de la secretaría de Asuntos Nucleares, encabezada por Federico Ramos Napoli.

Tres competidores afuera y Murata para los tres lotes

El informe de Nucleoeléctrica, incorporado al expediente 0000066831, desestimó las ofertas de las otras tres participantes. Empresa de Seguridad Integral Alesa SA no aportó la documentación necesaria para demostrar la cantidad de vigiladores activos exigida. Maxsegur SRL presentó una resolución de habilitación de 2003 en lugar del certificado solicitado y tampoco acreditó otros requisitos técnicos. Airsec SA presentó una afiliación a CELSI cuando la especificación requería CAESI; su propuesta también fue considerada económicamente inconveniente.

Murata quedó recomendada para los lotes 1, 2 y 3. El documento la calificó como técnicamente apta y fijó un servicio de 24 meses, con certificaciones mensuales según las horas efectivamente prestadas. Ese contraste vuelve relevante conocer si los evaluadores tuvieron a la vista la sanción bonaerense confirmada semanas antes y qué criterio aplicaron al considerarla.

La firma no llegaba a este proceso sin experiencia en Atucha: registros oficiales muestran recomendaciones anteriores a su favor para servicios de vigilancia del complejo. Esa trayectoria explica su presencia en la licitación, pero también hace más importante establecer cómo se controló su desempeño y qué antecedentes se incorporaron a la evaluación de 2026.

Una dotación incompleta en un hospital infantil

Hay otro antecedente oficial directamente vinculado con la prestación del servicio. En 2017, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires multó a Murata después de constatar que la dotación de vigilancia en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez estaba incompleta. La disposición también señaló que la nómina entregada por la empresa no coincidía por completo con el personal asentado en el libro de novedades de ese día.

El dato relevante para el expediente actual es el motivo de la penalidad: la falta de personal en un objetivo que debía estar cubierto. En una contratación como la de Atucha, donde Nucleoeléctrica exigió acreditar dotaciones activas para los distintos lotes, ese antecedente merece una revisión concreta.

En 2019, además, el ministerio de Educación de la Nación desestimó una oferta de Murata para otro servicio de vigilancia porque no alcanzaba los índices de solvencia económica previstos en aquel pliego. La empresa impugnó la evaluación, pero el gobierno rechazó su presentación con pérdida de la garantía constituida. Aquella decisión no determina su situación económica actual; muestra que su documentación y capacidad ya habían sido objetadas en una contratación pública anterior.

La recomendación para Atucha deja así una responsabilidad precisa en la conducción de Nucleoeléctrica. Campos y las áreas que intervinieron en la evaluación deben explicar qué antecedentes verificaron, si conocían la sanción provincial confirmada en junio y cómo ponderaron esa información al recomendar un servicio de vigilancia por más de 14 mil millones de pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)