El gobierno de Axel Kicillof avanzó con dos importantes obras de infraestructura ferroviaria en Avellaneda y La Matanza por montos que, consideradas las adjudicaciones y presupuestos oficiales, rondan los 24.000 millones de pesos. Más allá del volumen de fondos comprometidos, los procedimientos tienen un denominador común: todas las constructoras que permanecieron en carrera fueron investigadas en la denominada causa Cuadernos, uno de los mayores expedientes sobre presunta corrupción vinculada a la obra pública argentina.

La información surge de dos resoluciones del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, conducido por Gabriel Katopodis, publicadas en el Boletín Oficial provincial este lunes 28 de septiembre.

El primero de los casos corresponde a la construcción del Paso Bajo Nivel de calle General Otero y las vías del Ferrocarril General Roca, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

La obra fue licitada con un presupuesto oficial de 7.923.700.153,68 pesos y un plazo de ejecución de 365 días. Sin embargo, cuando se produjo la apertura de la primera etapa del proceso, el 29 de julio pasado, la provincia recibió una única propuesta.

La oferta pertenece a una unión transitoria conformada por Fontana Nicastro SA de Construcciones y Martínez y de la Fuente SA

Según la resolución oficial, la comisión evaluadora consideró admisible la propuesta por cumplir los requisitos administrativos, legales y técnicos y alcanzar el puntaje mínimo exigido. En consecuencia, el ministerio resolvió preseleccionarla y avanzar hacia la apertura del segundo sobre, correspondiente a la oferta económica.

El dato adquiere otra dimensión al revisar los antecedentes judiciales de las compañías que integran la única oferta que continúa en carrera.

Fontana Nicastro aparece desde hace años vinculada a la causa conocida como Cuadernos. Pablo José Gutiérrez, identificado judicialmente como representante de la constructora, integra el conjunto de empresarios respecto de los cuales el ministerio Público Fiscal formuló acusaciones vinculadas con la presunta cartelización de la obra pública civil. Su nombre volvió a aparecer durante la lectura de la acusación realizada en el juicio oral que se encuentra actualmente en trámite.

La empresa también estuvo involucrada en controversias anteriores por contrataciones públicas. En Villa Gesell, por ejemplo, su participación en una obra de repotenciación eléctrica dio lugar a cuestionamientos políticos y administrativos y a actuaciones judiciales en las que se denunciaron presuntas irregularidades en distintos llamados licitatorios y en la ejecución del proyecto. Esos antecedentes incluyeron cuestionamientos sobre rendiciones de fondos, demoras y el desarrollo mismo de la contratación.

Su socia en la UTE de Avellaneda, Martínez y de la Fuente SA, tampoco resulta ajena a los expedientes judiciales que rodearon a la obra pública nacional.

Adolfo Luis De la Fuente, vinculado a la compañía, fue citado a declaración indagatoria en 2019 dentro de la investigación Cuadernos. Además, resoluciones posteriores del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 identifican expresamente a Martínez y De la Fuente SA y a Adolfo Luis y Graciela Silvia De la Fuente entre las personas y empresas relacionadas con las actuaciones que llegaron al tribunal.

La constructora también apareció en otra investigación, diferente de Cuadernos, sobre contratos celebrados por AySA. Allí se investigó una presunta administración fraudulenta contra el patrimonio público en seis contrataciones, una de ellas correspondiente a Martínez y de la Fuente. No obstante, en marzo de 2024 el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, dispuso archivar aquella denuncia debido a que no fue posible acreditar la existencia de un delito.

Otra obra millonaria, varios de los mismos nombres

La segunda contratación publicada por la provincia tiene como escenario La Matanza. Se trata de la construcción del Paso Bajo Nivel de calle Illia, cuyo presupuesto original había sido fijado en 13.850.727.675,67 y posteriormente actualizado a 14.172.064.557,75.

En este procedimiento sí existió competencia inicial. Se presentaron tres firmas: Concret Nor SA, Fontana Nicastro SA de Construcciones y Martínez y de la Fuente SA. Casualmente, las mismas que formaron la UTE ganadora en Avellaneda.

La comisión evaluadora determinó que Concret Nor y Fontana Nicastro cumplían los requisitos para avanzar hacia la segunda instancia, mientras que la propuesta de Martínez y de la Fuente fue declarada inadmisible por no satisfacer exigencias técnicas previstas en el pliego.

Tras la apertura de las propuestas económicas, la provincia resolvió adjudicar los trabajos a Concret Nor SA por 15.150.103.041,71, al haber obtenido, según el acto administrativo, el mayor puntaje en la evaluación integral de las ofertas.

Al incorporarse los importes correspondientes a dirección e inspección, reservas establecidas por ley y embellecimiento, el monto total aprobado alcanza los 15.907.608.193,80.

Y aquí aparece otro antecedente.

El presidente de Concret Nor, Sebastián Adolfo Galluzzo, fue investigado en la causa Cuadernos y llegó a ser procesado en primera instancia por quince presuntos hechos de cohecho activo, atribuidos en calidad de coautor.

Concret Nor continúa siendo, entretanto, un actor habitual de la obra pública. Este mismo año integró junto con Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA un consorcio que participó y resultó seleccionado en uno de los tramos del proceso nacional de concesiones viales. La conformación de esa UTE consta en resoluciones oficiales del Ministerio de Economía de la Nación.

Dos procedimientos y un pasado judicial que vuelve a aparecer

Las resoluciones bonaerenses no imputan irregularidad alguna a estas empresas en las dos licitaciones actuales ni establecen relación entre sus antecedentes judiciales y los procedimientos de Avellaneda y La Matanza.

El dato que surge del cruce documental es otro: en dos obras de enorme magnitud económica aparecen nuevamente constructoras cuyos nombres o representantes quedaron registrados en uno de los expedientes judiciales más relevantes de la historia reciente de la obra pública argentina.

En Avellaneda, además, la particularidad es especialmente visible: para una contratación con un presupuesto cercano a los 8.000 millones de pesos, la provincia recibió una sola propuesta, precisamente la UTE integrada por Fontana Nicastro y Martínez y de la Fuente.

En La Matanza, en cambio, hubo tres participantes iniciales y dos llegaron a la instancia económica. La elegida fue Concret Nor, por más de 15.000 millones de pesos para la obra propiamente dicha.

Entre ambos expedientes, el ministerio de Infraestructura bonaerense vuelve a colocar en el centro de la escena a nombres empresariales conocidos desde hace años en los tribunales federales. No como prueba de irregularidades en estas nuevas contrataciones, sino como un antecedente público que adquiere relevancia frente al volumen económico de las obras y, especialmente en Avellaneda, frente al reducido nivel de competencia observado en la licitación. (www.REALPOLITIK.com.ar)