Un documento interno de la Policía Federal Argentina señala que parte de los explosivos hallados en Coto no habría sido comprada ni importada por la fuerza. El dato surge mientras Casación revisará el sobreseimiento de Alfredo y Germán Coto.

La causa se remonta a agosto de 2016, cuando una inspección realizada en instalaciones de COTO CICSA derivó en el hallazgo de armas, municiones, granadas, lanzagases y material explosivo en situación irregular. Parte del armamento apareció en un depósito de la calle Paysandú al 1800, donde funcionan la casa central y la administración de la compañía.

Parte del armamento hallado en un depósito de Coto de la calle Paysandú al 1800, CABA.

Parte del armamento hallado en un depósito de Coto de la calle Paysandú al 1800, CABA.

Diez años después, el expediente vuelve a quedar bajo revisión judicial. En ese contexto, REALPOLITIK accedió a un memorándum interno de la PFA que permite reconstruir una búsqueda realizada dentro de la propia fuerza para determinar la procedencia de parte del material encontrado en Coto.

El documento, fechado el 31 de mayo de 2018, fue elaborado por la dirección General de Asuntos Jurídicos de la PFA. Allí se informa que la Superintendencia de Administración había comunicado que su División Contrataciones no había contratado ni importado granadas con las características de las halladas en Coto.

La Justicia avanzó entonces con otra medida. El 29 de mayo de 2018, personal de Gendarmería Nacional allanó la División Contrataciones de la Policía Federal para buscar y secuestrar documentación física o digital relacionada con la adquisición o importación de material explosivo similar al encontrado en Coto. La medida también alcanzó la documentación vinculada con la Contratación Directa Nro 214/07.

Al día siguiente, según relata el memorándum, el abogado defensor de un funcionario policial investigado se entrevistó con un secretario del juzgado. El documento registra que “de acuerdo con lo comunicado en esa conversación, el allanamiento habría arrojado resultado negativo” y determinado que el material explosivo encontrado en Coto no habría sido importado ni adquirido por la misma Policía Federal Argentina. La contratación directa 214/07 tampoco habría sido realizada por esa institución.

Qué manifestó Coto

La procedencia del material fue uno de los puntos centrales de la causa. En agosto de 2018, Alfredo Coto sostuvo ante la Justicia que las irregularidades respondían a un “exceso de confianza” entre la empresa, organismos estatales de seguridad y una empresa de seguridad privada. Según su explicación, parte del armamento hallado había quedado en establecimientos de la empresa durante operativos desplegados ante el temor a nuevos saqueos luego de lo acontecido durante la crisis del 2001.

Esa versión fue considerada por la Justicia. En resoluciones anteriores se valoró que distintas fuerzas habían intervenido en establecimientos de Coto durante períodos de conflictividad social y que habían utilizado depósitos de la empresa para resguardar armamento.

El memorándum al que accedió REALPOLITIK agrega tensión frente a esa hipótesis y a la explicación dada por Coto. La Justicia buscó determinar si determinado material explosivo hallado en la empresa había sido comprado o importado por la Policía Federal Argentina. Para ello, ordenó un allanamiento en la División Contrataciones de la fuerza, ejecutado por Gendarmería Nacional. Según el documento interno de la PFA, la búsqueda no permitió acreditar que ese material hubiera sido adquirido o importado por la institución.

La diferencia es significativa. Mientras unos pocos elementos pudieron ser vinculados documentalmente con la PFA, el resto del material explosivo que motivó la búsqueda en la División Contrataciones no aparecía registrado como adquirido o importado por la PFA.

La discusión sobre el origen del armamento también llegó a Casación. En 2023, la Sala IV recogió los cuestionamientos de la fiscalía sobre la explicación de que parte del arsenal había quedado en Coto tras operativos de fuerzas de seguridad. El fallo señaló una inconsistencia concreta: en los depósitos de la empresa se encontró material que había sido recibido por Prefectura Naval, pero integrantes de esa fuerza declararon que Prefectura no había realizado servicios ni intervenido en establecimientos de Coto.

Fallo del 29 de mayo de 2023: la Sala IV de Casación concedió los recursos extraordinarios de las defensas de Alfredo y Germán Coto contra la resolución previa que había anulado sus sobreseimientos.

El sobreseimiento será revisado por Casación

El 18 de agosto de este año, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, entonces integrada por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revocó los procesamientos y sobreseyó a Alfredo Coto, Germán Coto y los restantes imputados que habían llegado a esa instancia. Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para vincular a los máximos directivos de la compañía con el manejo operativo de las armas.

Según informó el sitio especializado Litigio, el fiscal José Luis Agüero Iturbe cuestionó el sobreseimiento y planteó en su recurso una posible contradicción en los fundamentos del fallo a la luz de la constitución, además de invocar la arbitrariedad de la decisión. La Sala I consideró que la cuestión federal planteada era suficiente para habilitar la revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal José Luis Agüero Iturbe.

La revisión quedará nuevamente en manos de la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Ese tribunal ya había intervenido en el expediente y dejado sin efecto un sobreseimiento anterior.

En este escenario aparece el memorándum interno de la Policía Federal al que accedió REALPOLITIK. El documento permite reconstruir qué ocurrió cuando la Justicia intentó determinar si determinado material explosivo hallado en Coto había sido adquirido o importado por la institución: se revisaron registros, se allanó la División Contrataciones y el resultado inicialmente comunicado fue negativo.

La pregunta que revela documento es simple: si parte del material fue atribuida a la presencia de fuerzas de seguridad en establecimientos de Coto, pero la búsqueda de registros sobre la adquisición o importación de esos explosivos por la Policía Federal no arrojó resultados, ¿de dónde provenían y cómo terminaron allí? (www.REALPOLITIK.com.ar)