La Auditoría General de la Nación detectó una serie de deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento, contratación y rendición de fondos utilizados en el marco del Plan Argentina Hace, uno de los principales programas de obra pública ejecutados durante el gobierno de Alberto Fernández.

El informe, aprobado por la AGN recientemente, analizó las transferencias realizadas por el entonces ministerio de Obras Públicas para financiar proyectos ejecutados por gobiernos locales durante el período 2020-2022. La cartera nacional estaba encabezada en esos años por Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Su designación como ministro nacional de Obras Públicas había sido formalizada en diciembre de 2019 y durante 2020-2022 continuaba al frente de esa cartera. La auditoría analizó el funcionamiento del ministerio bajo aquella administración y enumeró numerosas debilidades en los controles que debía realizar la autoridad de aplicación.

Para llevar adelante el trabajo, la AGN seleccionó una muestra probabilística y aleatoria de 57 proyectos correspondientes a 34 gobiernos locales de 14 provincias, con obras en distintas etapas de ejecución. El organismo explicó que buscó una muestra representativa que permitiera evaluar el funcionamiento general del programa y el cumplimiento de sus normas.

Apenas 14 proyectos tenían recepción definitiva

Uno de los datos más llamativos aparece al analizar el cierre formal de las obras. De los 57 proyectos examinados, 32 contaban con acta de recepción provisoria y solamente 14 tenían documentada un acta de finalización o recepción definitiva. En varios casos, además, había transcurrido más de un año desde la recepción provisoria sin que constara el acto definitivo correspondiente.

La observación deja en duda si las restantes obras quedaron paralizadas, abandonadas o sin finalizar físicamente. Lo que constató la AGN fue la ausencia del instrumento administrativo que formaliza la recepción definitiva. El organismo advirtió que esa situación podía dificultar la determinación de responsabilidades vinculadas al mantenimiento de las obras y afectar su estado de conservación.

En otras palabras, tres de cada cuatro proyectos de la muestra no contaban con recepción definitiva documentada al momento considerado por la auditoría.

Problemas de rendición en casi tres de cada diez proyectos

La revisión también encontró inconvenientes en una instancia todavía más sensible: la rendición del dinero transferido por el Estado nacional.

Según la AGN, en el 28,07 por ciento de la muestra los beneficiarios presentaron incumplimientos relacionados con los procedimientos de rendición y reintegro de fondos y, tras las intimaciones correspondientes, la autoridad de aplicación no actuó conforme al procedimiento previsto por la normativa vigente. La recomendación del organismo fue fortalecer los procedimientos para exigir las rendiciones, requerir la devolución de fondos cuando correspondiera y aplicar las medidas previstas frente a los incumplimientos.

La auditoría también detectó deficiencias en la información contenida en el Sistema de Gestión de Obras (SGO), la plataforma utilizada por el ministerio para registrar avances, certificaciones, rendiciones y documentación. Esas fallas alcanzaron nuevamente al 28,07 por ciento de la muestra y estuvieron relacionadas con la confiabilidad, integridad y consistencia de la información cargada.

Cuentas bancarias que no coincidían

El diseño del Plan Argentina Hace establecía mecanismos para identificar y seguir los fondos nacionales destinados a cada proyecto. Sin embargo, la AGN encontró inconsistencias en la identificación de las cuentas bancarias utilizadas en el 10,52 por ciento de los proyectos analizados.

La objeción de la auditoría apuntó a que cuando la cuenta declarada y aquella por la que efectivamente transitan los fondos no coinciden adecuadamente, se dificulta la trazabilidad del dinero público y, con ello, el control posterior.

Entre los proyectos alcanzados por este tipo de observaciones aparecen obras ejecutadas en municipios de Corrientes, San Juan y Misiones.

Siete convenios no establecían cómo se desembolsaría el dinero

El informe también cuestionó la propia arquitectura administrativa utilizada para financiar los proyectos. En 7 de los 57 convenios analizados, equivalentes al 12,28 por ciento de la muestra, directamente no se había estipulado un cronograma de desembolsos.

La AGN explicó que esos cronogramas resultan fundamentales para otorgar previsibilidad financiera y relacionar las transferencias nacionales con la ejecución efectiva de las obras.

Además, cuestionó la forma en que se habían diseñado determinadas cláusulas de desembolso y recomendó que los fondos fueran transferidos en función de la adjudicación y avance de los proyectos.

Hurlingham: el Polideportivo no comenzó dentro del plazo establecido

Entre los casos concretos señalados por la auditoría aparece una obra bonaerense. Se trata del proyecto denominado “Polideportivo” de Hurlingham, identificado con el número SIPPE 150849.

La AGN constató que la obra no comenzó dentro del plazo establecido en el Reglamento Particular luego de efectuarse la primera transferencia de fondos nacionales.

Frente a esa situación, el organismo recomendó implementar un sistema integral y continuo de control interno para seguir tanto la gestión administrativa como financiera de los proyectos.

El informe no sostiene que los fondos hayan sido apropiados ni que haya existido un delito. La observación se refiere específicamente al incumplimiento de los tiempos establecidos para poner en marcha la obra una vez recibido el dinero.

Fachinal: modificaron la forma de contratar antes de obtener autorización

Otro de los casos individualizados ocurrió en Fachinal, Misiones, con una obra de alumbrado público. Aquí la observación resulta particularmente concreta. El proyecto había comenzado bajo una modalidad determinada de ejecución, pero posteriormente el municipio avanzó con procedimientos de contratación diferentes. La AGN comprobó que la modificación de la modalidad de contratación y ejecución se realizó sin contar previamente con la aprobación de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, tal como requerían las normas del programa.

Según la reconstrucción administrativa realizada por el organismo de control, la obra comenzó en septiembre de 2021 bajo administración municipal y el gobierno local avanzó luego con procedimientos para contratar etapas de los trabajos. La aprobación nacional para modificar formalmente la modalidad llegó con posterioridad.

Para la AGN, el episodio puso de manifiesto una debilidad en los mecanismos de control interno del programa y en la gestión de Gabriel Katopodis.

Problemas en la publicidad de las licitaciones municipales

La auditoría también puso la lupa sobre la selección de las empresas encargadas de ejecutar las obras.

El esquema de Argentina Hace delegaba en los municipios buena parte de los procedimientos de contratación, pero las normas establecían obligaciones de publicidad y transparencia y asignaban al Ministerio funciones de seguimiento.

La AGN concluyó que existieron deficiencias en la supervisión realizada por la Nación sobre la difusión y publicación de los procedimientos de selección de contratistas que llevaban adelante los gobiernos locales.

El dato adquiere relevancia porque aproximadamente el 40 por ciento de los proyectos incluidos en la muestra fueron ejecutados mediante licitación pública. El resto correspondía a obras realizadas por administración municipal o provincial o a proyectos rescindidos antes del llamado.

Para los casos licitados, la transparencia dependía de que pudieran conocerse adecuadamente los llamados, pliegos, ofertas y resultados. La AGN sostuvo que esa supervisión no funcionó como debía.

Los compromisos de transparencia faltaban en más de la mitad de los proyectos

Otro número completa el cuadro. Los denominados Compromisos Institucionales para la Transparencia Gubernamental, instrumentos previstos para reforzar las obligaciones vinculadas a publicidad e integridad, habían sido incorporados como anexos solamente en el 46 por ciento de los convenios analizados.

En el 54 por ciento restante no figuraban incorporados. El dato resulta especialmente significativo porque el propio Ministerio de Obras Públicas promocionaba en aquellos años una política específica de transparencia aplicada a la obra pública. En julio de 2022, por ejemplo, Katopodis encabezó una jornada oficial denominada precisamente “Políticas públicas de transparencia: avances en la Obra Pública”.

El área de Integridad tampoco realizó las evaluaciones previstas

La AGN cuestionó además el funcionamiento de otra instancia de control interno. Según el informe, la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas no realizó las evaluaciones que establecía la normativa del Plan Argentina Hace.

A ello se sumó otra particularidad: durante el período auditado, el organismo utilizó un Manual de Procedimientos que no contaba con aprobación formal.

El informe de la AGN dibuja así un escenario compuesto por problemas diferentes pero conectados: rendiciones demoradas o incompletas, sistemas informáticos con información inconsistente, fallas en la identificación de cuentas bancarias, convenios sin cronogramas de desembolso, supervisión insuficiente sobre contrataciones municipales y proyectos que no completaron correctamente sus etapas administrativas.

El propio programa había sido presentado por el gobierno nacional como una herramienta destinada a federalizar la obra pública y generar infraestructura a través de convenios con provincias y municipios. En esos años, Katopodis participó públicamente de inauguraciones y anuncios correspondientes a Argentina Hace en distintos puntos del país.

A varios años de aquellas transferencias, la auditoría aporta ahora una fotografía distinta: no necesariamente la de obras inexistentes, sino la de un sistema de control que, según la AGN, dejó demasiados casilleros administrativos sin completar. Y tratándose de dinero público, esos casilleros son precisamente los que permiten reconstruir quién recibió los fondos, cuándo los utilizó, cómo contrató y qué ocurrió finalmente con cada obra. (www.REALPOLITIK.com.ar)