Las deudas por servicios del ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, conducido por Federico Masso, dieron lugar a una auditoría que acumuló pedidos de información, respuestas incompletas y nuevas exigencias del Tribunal de Cuentas. La secuencia terminó, en febrero de 2026, con un requerimiento dirigido personalmente al ministro para que completara la documentación bajo apercibimiento de sanciones.

El acuerdo 280/2026, fechado el 19 de febrero, reconstruye un reclamo documental que atravesó casi 21 meses, desde mayo de 2024. El expediente no establece el monto total adeudado, pero deja constancia de las dificultades del organismo de control para reunir los antecedentes necesarios para auditar esas obligaciones.

Qué pidió el Tribunal sobre las deudas de Desarrollo Social

La auditoría abarcaba servicios de luz, gas, agua, telefonía, internet y televisión satelital o por cable. Los fiscalizadores solicitaron estados de deuda emitidos por los proveedores, un detalle mensual de los importes e intereses originados por falta de pago, facturas y documentación que respaldara los pagos.

La reiteración de pedidos expone una dificultad para el control de las cuentas: la entrega parcial de documentos permite revisar algunas operaciones, pero limita la posibilidad de verificar otras. Queda por establecer qué parte pudo auditarse y cuál seguía sin respaldo suficiente, una distinción que la documentación pública consultada no permite precisar.

Requerimientos y advertencia para Masso

El documento cita requerimientos de mayo de 2024 y octubre de 2025. Después de otro pedido en diciembre, María Ana Navarro Correa, de la dirección de Administración, acompañó documentación parcial. Seguían pendientes antecedentes de distintas secretarías.

En febrero, el Tribunal exigió a Masso completar la información en diez días, bajo apercibimiento de sanciones. Firmaron Miguel Chaiben Terraf, Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

El alcance del hallazgo exige una distinción: los reclamos documentales fueron recurrentes, pero eso no demuestra que en cada instancia se hayan generado nuevas deudas. Tampoco permite determinar la antigüedad de cada obligación.

Para conocer la dimensión económica del caso todavía hace falta que el gobierno de Osvaldo Jaldo dé a conocer los estados de cuenta: identificar los acreedores, establecer los saldos, separar capital e intereses y comprobar los pagos posteriores. También queda por verificar cómo respondió el ministerio a la intimación de febrero y qué decisión tomó después el Tribunal.

La documentación a la que tuvo acceso este medio permite contar una auditoría marcada por requerimientos reiterados y cumplimiento incompleto. El monto de las deudas y el desenlace del procedimiento siguen siendo los datos decisivos para completar esa historia. (www.REALPOLITIK.com.ar)