Pablo Quirno considera anticuado el discurso de la soberanía cuando defiende la venta de tierras a extranjeros, pero lo reivindica cuando habla de Malvinas. Cuestionó la utilidad de las presentaciones argentinas ante la Organización de las Naciones Unidas y, ya como canciller de Javier Milei, celebró el respaldo de su Comité de Descolonización. A esas tensiones se suma otra decisión del gobierno: impulsar a Rafael Grossi para conducir una organización que el presidente acaba de descalificar como inútil.

El contraste aparece al reunir declaraciones, mensajes del archivo y documentos oficiales. No todos pertenecen al mismo momento ni responden al mismo problema. Sin embargo, permiten examinar cuánto cambió la posición del funcionario que hoy tiene a su cargo la política exterior argentina.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, difundida a comienzos de agosto, Quirno fue consultado sobre la posibilidad de que un extranjero comprara un pueblo o una provincia entera si se modificaban las restricciones a la adquisición de tierras. “Y sí. Eso va a producir beneficios para Argentina”, respondió. En ese debate, agregó: “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”.

La compra de una propiedad no transfiere por sí misma la soberanía territorial. Pero esa distinción tampoco agota la discusión sobre la concentración de tierras, el acceso a recursos y la regulación de inversiones extranjeras. La respuesta del canciller desplaza esas cuestiones hacia el beneficio económico, mientras su cartera invoca la defensa de los recursos nacionales como fundamento de las medidas contra la explotación petrolera en Malvinas.

La Cancillería dejó esa posición por escrito el 15 de septiembre. Al rechazar una guía británica de negocios con las islas, sostuvo que ninguna decisión comercial privada puede colocarse por encima del derecho argentino y del derecho internacional. También informó protestas ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas.

Malvinas, la ONU y la candidatura de Rafael Grossi

El archivo de Quirno agrega otro contraste. En junio de 2014, durante un intercambio con el cuestionado José Luis Espert, comparó las gestiones por los fondos buitre con las presentaciones por Malvinas ante Naciones Unidas. Su conclusión fue: “Declaraciones obtendremos, pero definiciones o cambios, no”.

El 25 de junio de 2026, desde el Palacio San Martín, dio valor político a una nueva resolución del Comité de Descolonización que volvió a pedir negociaciones entre Argentina y el Reino Unido. La comunicación oficial destacó el respaldo internacional y agradeció a las delegaciones que acompañaron el reclamo. La herramienta que antes juzgaba insuficiente pasó a formar parte de los resultados que su gestión exhibe.

Un funcionario puede modificar su posición y también reconocer valor diplomático a una declaración sin atribuirle efectos inmediatos. Lo que el contraste exige es una explicación: qué utilidad encuentra hoy Quirno en ese respaldo y cómo se traduce en avances frente a Londres.

Milei llevó esa tensión al extremo en su discurso ante la Asamblea General del 23 de septiembre. Describió a la ONU como “una organización inútil”, atacó a su burocracia y cuestionó que sus resoluciones sobre Malvinas carecieran de consecuencias. Al mismo tiempo, utilizó esas resoluciones y el derecho internacional para fundamentar la posición argentina.

La presentación oficial de la candidatura de Grossi, para respaldar el contraste con los ataques de Milei.

La candidatura de Grossi completa el cuadro. La Cancillería lo propone para secretario General de Naciones Unidas y presenta la cooperación internacional como una tarea crucial. Reformar una organización y disputar su conducción son objetivos compatibles con criticarla. Pero el gobierno deberá explicar cómo contribuye a reunir apoyos para su candidato una descalificación tan amplia del organismo y de quienes trabajan en él.

La política exterior necesita algo más que frases eficaces para cada entrevista. Quirno y Milei tienen que sostener ante otros gobiernos una posición reconocible sobre la soberanía, las inversiones y las instituciones internacionales. Mientras el discurso cambia según el escenario, la pregunta queda abierta: cuánto le costará a las próximas generaciones esa inconsistencia a la causa Malvinas. (www.REALPOLITIK.com.ar)