La interna política de Morón sumó un nuevo capítulo alrededor de la publicidad en la vía pública. Responsables de estructuras publicitarias denunciaron que el Municipio, conducido por Lucas Ghi, clausuró séxtuples ubicados en distintos puntos del distrito luego de que fueran utilizados para exhibir cartelería vinculada a Martín Sabbatella.

Los denunciantes sostienen que las estructuras llevaban años funcionando y que habían sido utilizadas para campañas comerciales de distintas empresas sin que se produjeran clausuras similares. Según relataron, el operativo municipal se produjo pocas horas después de la colocación de los afiches del dirigente de Nuevo Encuentro.

“Tenemos esa batería hace cinco años. Pasó La Paulina, pasó la publicidad de cafés, de concesionarias. Nunca tuvimos una clausura. Subimos a Sabbatella el lunes y el martes a las 9 de la mañana ya teníamos a Inspección General con las fajas”, relató uno de los publicistas afectados, que pidió preservar su identidad.

Las imágenes aportadas por los denunciantes muestran ocho carteles consecutivos con fajas de “CLAUSURA PREVENTIVA” colocadas por el Municipio de Morón. En las actas, según indicaron, se invocan normas municipales vinculadas al régimen fiscal y al Código de Faltas.

La existencia de la normativa municipal no es, por sí sola, prueba de un criterio político en la aplicación de las clausuras. El punto que plantean los empresarios es otro: por qué las mismas estructuras pudieron ser utilizadas durante años para publicidad comercial y fueron sancionadas precisamente después de incorporar cartelería política de Sabbatella.

Los responsables de las estructuras aseguran además que en las inmediaciones continúan funcionando otros espacios de publicidad sin las mismas medidas, incluso con cartelería vinculada al oficialismo local.

“No es habilitación, es censura. Quieren que nadie se anime a alquilarle a Sabbatella. Nos llaman, nos aprietan, nos dicen que si seguimos nos cierran todo”, sostuvo otro publicista consultado.

La acusación se da en un contexto de fuerte tensión política entre el sector de Sabbatella y la administración de Ghi. Durante los últimos meses, ambos espacios protagonizaron distintos cruces públicos y diferencias dentro del escenario político de Morón.

De hecho, un informe periodístico publicado recientemente señaló denuncias sobre supuestas presiones a empresas de publicidad para retirar o cubrir cartelería relacionada con el sector de Sabbatella y mencionó también la colocación de fajas de clausura sobre determinadas estructuras. Esa información fue presentada como una denuncia periodística y no como un hecho judicialmente acreditado.

El procedimiento denunciado genera además un problema económico para los responsables de las estructuras. Con los carteles clausurados, los espacios dejan de poder comercializarse mientras permanecen vigentes las medidas administrativas.

El conflicto puede agravarse cuando existen contratos de publicidad previamente firmados, ya que el responsable de la estructura queda en el medio entre el anunciante y la administración municipal.

Los publicistas sostienen que, además de perder ingresos, quedan expuestos a sanciones económicas derivadas de una situación que —según argumentan— el Municipio permitió durante años.

La Ordenanza Fiscal 22.378/2023 forma parte del marco normativo municipal utilizado por el gobierno local para distintos tributos y obligaciones fiscales. Su existencia y aplicación, sin embargo, no permiten por sí mismas determinar si hubo o no una aplicación selectiva de las normas en este caso.

Hasta el momento, no se conoció una explicación oficial del Municipio de Morón que detalle cuántas estructuras fueron clausuradas, cuál fue el motivo específico de cada procedimiento y si existió un operativo general sobre cartelería o si las medidas estuvieron dirigidas a determinadas estructuras.

Ese punto será clave para determinar si se trató de un procedimiento administrativo habitual por falta de habilitación o si, como denuncian los publicistas, existió un criterio diferencial según el contenido de la cartelería.

La diferencia no es menor: una clausura por incumplimiento de la normativa municipal constituye una medida administrativa; una aplicación selectiva de esa normativa por razones políticas sería una cuestión completamente distinta.

Por ahora, los hechos comprobables son las clausuras denunciadas y las fajas colocadas sobre las estructuras. La acusación de persecución política permanece, en cambio, como una denuncia de los empresarios afectados a la espera de una explicación oficial y de documentación que permita determinar si hubo un patrón selectivo. (www.REALPOLITIK.com.ar)