Lorena Martins, la mujer que denunció a su padre por una presunta red de explotación sexual y lo vinculó con el financiamiento electoral de Mauricio Macri, presentó dos denuncias ante la Guardia Civil de España. Sostiene que buscan intimidarla para impedir que declare ante la Justicia argentina, después de la extradición del exagente de la SIDE, Raúl Luis Martins.

La documentación a la que accedió REALPOLITIK incluye una constancia de comparecencia del 1 de octubre de 2026, en Teulada, Alicante, que registra la entrega y ratificación de ambos escritos. Lorena denuncia accesos no autorizados a su correo, publicación de documentación privada, difusión de fotografías de su hija menor y de una imagen íntima propia, además de ataques reiterados en redes sociales. Atribuye la maniobra a personas del entorno de su padre y solicita que se investigue su participación.

El antecedente que involucra a Mauricio Macri

La dimensión política del caso se remonta a la denuncia de Lorena, difundida públicamente en enero de 2012 por La Alameda. Allí sostuvo que su padre había aportado dinero a la campaña de reelección de Macri como jefe de Gobierno porteño en 2011. La acusación vinculaba el negocio de la explotación sexual con presuntos pagos al poder político y a dependencias policiales.

También circuló una fotografía de Macri y Juliana Awada junto a Gabriel Conde, señalado como vinculado a Martins, en un establecimiento de Cancún que La Alameda identificó como el cabaret Mix. Desde el Pro explicaron que la imagen correspondía a la luna de miel y que el vínculo con Conde provenía de su familia y de Boca Juniors. Macri negó conocer a Martins y haber recibido aportes suyos.

Ese antecedente explica el alcance político de lo que Lorena pueda aportar: sus denuncias cuestionaron tanto el funcionamiento de los locales como las relaciones que, según su relato, permitían sostenerlos. La nueva presentación en España, sin embargo, no atribuye a Macri participación en el hostigamiento.

Raúl Martins fue extraditado desde México el 21 de agosto de 2026, después de casi siete años detenido en ese país, y quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7. La Alameda, querellante en la causa, informó que deberá afrontar el proceso por una estructura vinculada con explotación sexual y presunto lavado de activos entre Argentina y México.

Mauricio Macri y Juliana Awada junto a Gabriel Conde.

Documentos privados y presión sobre una testigo

Lorena sitúa el incremento de los ataques en esa nueva etapa judicial. En su escrito aporta capturas de actividad de su cuenta de Microsoft con registros desde México, Arabia Saudita, Francia y Taiwán. También denuncia que comenzaron a circular escrituras, documentos bancarios y fotografías familiares, mezclados con material cuya autenticidad rechaza.

“A mi juicio, la finalidad de esta mezcla es difamarme, desacreditarme y, sobre todo, someterme e impedir que declare ante la Justicia Federal argentina”, sostiene en la presentación. Solicita preservar las pruebas digitales, identificar a los responsables y evaluar la cooperación con las autoridades argentinas y mexicanas.

El segundo escrito se dirige contra María Raquel Holway Ramos Mejía, conocida como Rachel Holway, por publicaciones que la acusan de ocultar a su hermano y de haberse negado a declarar ante el fiscal Federico Delgado. Lorena rechaza ambas imputaciones y pone sus comunicaciones con fiscalías y juzgados a disposición de los investigadores. Esta denuncia es independiente del señalamiento al entorno de su padre.

La presentación ante la Guardia Civil agrega un problema concreto a una causa atravesada por acusaciones de protección política: las condiciones en las que una denunciante puede aportar su testimonio. Determinar quién obtuvo y difundió su información privada, y si hubo una maniobra para condicionar su declaración, es ahora el objeto del pedido de investigación. (www.REALPOLITIK.com.ar)