El gobierno de Javier Milei decidió convertir el acceso a la ciudadanía argentina en una herramienta para conseguir dólares. Pero el atractivo de la propuesta excede la posibilidad de instalarse o invertir en el país: el pasaporte argentino figura entre los más poderosos del mundo, y esa capacidad de circulación tiene valor en un mercado donde los segundos documentos también pueden utilizarse para eludir controles, ocultar identidades y facilitar movimientos de personas investigadas.

Luis Caputo anunció en París un programa que permitirá solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800 mil dólares. El destino anunciado para los recursos es fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina: ninguna de esas dos modalidades exige específicamente abrir una empresa ni crear puestos de trabajo.

Según pudo saber REALPOLITIK, la iniciativa tiene su origen en Pablo Quirno, quien la acercó a Caputo cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas. El ministro inicialmente no acompañó la propuesta, pero la retomó durante las conversaciones internas en París y dio paso a su elaboración con funcionarios del gobierno nacional. El proyecto coloca a la nacionalidad argentina dentro de una oferta económica cuyo principal atractivo puede encontrarse fuera de las fronteras del país.

Un pasaporte argentino con acceso a 169 destinos

En la edición de julio de 2026 del Henley Passport Index, Argentina ocupa el puesto 16, junto con Brasil, con acceso a 169 destinos sin visa previa. Supera a varios países que ofrecen ciudadanía por inversión: San Cristóbal y Nieves registra 157 destinos; Antigua y Barbuda, 154; Granada, 148; Dominica, 144; y Santa Lucía, 143. Turquía alcanza 112 y Vanuatu, 86. La medición incluye modalidades como visa al llegar y no equivale a ingreso garantizado ni autorización para trabajar.

Esa diferencia ayuda a explicar por qué alguien podría pagar por ser argentino sin tener interés en radicarse aquí. El beneficio adquirido incluye facilidades de viaje construidas mediante relaciones diplomáticas y confianza internacional. Un segundo pasaporte puede ampliar las posibilidades de turismo, negocios y protección personal, pero también resultar útil para quienes buscan sortear restricciones asociadas a su nacionalidad original.

El problema está documentado por los mismos organismos que el gobierno invoca para respaldar sus controles. Un informe conjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicado en noviembre de 2023, advierte que los programas de ciudadanía y residencia por inversión pueden ser explotados por delincuentes y funcionarios corruptos para lavar activos, ocultar identidad y patrimonio, o eludir la justicia. También identifica vulnerabilidades vinculadas con intermediarios y una administración deficiente.

Esto no convierte a todos los solicitantes en sospechosos. Sí impide presentar el mecanismo únicamente como una convocatoria a inversores. La demanda puede estar motivada por lo que permite hacer el nuevo documento, antes que por una actividad económica en el país que lo concede.

Los antecedentes que ponen en discusión el negocio

En julio de 2023, Reino Unido impuso visas a los ciudadanos de Dominica y Vanuatu. La explicación oficial señaló abusos de sus programas de ciudadanía por inversión, incluyendo la concesión de nacionalidad a personas consideradas un riesgo para la seguridad británica. En diciembre de 2024, la Unión Europea terminó con la exención de visados para Vanuatu por riesgos de seguridad y migración asociados al mismo mecanismo.

La consecuencia alcanzó también a quienes nunca participaron del negocio. El Estado recibió los aportes, pero sus ciudadanos perdieron facilidades para viajar. No existe evidencia para anticipar una medida semejante contra Argentina; los antecedentes muestran, sin embargo, que el costo de deteriorar la confianza en un pasaporte puede distribuirse entre toda la población.

La discusión tampoco se limita a pequeñas islas. En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario el programa maltés para inversores por comercializar la nacionalidad y, con ella, la ciudadanía europea. Además, la reforma europea de 2025 incorporó estos sistemas, cuando conceden ciudadanía sin un vínculo genuino con el país, entre las posibles causas de suspensión de la exención de visados.

Comparar el proyecto argentino con Italia o Estados Unidos requiere distinguir qué se entrega y qué se exige. Italia ofrece residencia mediante inversiones empresariales, bonos o filantropía. El EB-5 estadounidense exige inversión en una empresa y creación o preservación de diez empleos a tiempo completo, a cambio de residencia permanente inicialmente condicionada. La Trump Gold Card, por su parte, incorporó un aporte de un millón de dólares como vía hacia la residencia permanente. Ninguno de esos programas concede por sí mismo ciudadanía inmediata.

En Argentina, la diferencia de trato quedó escrita en el DNU 366/2025: al extranjero común se le exigen dos años de residencia continua y legal, sin salidas al exterior durante ese período; para quien realiza una inversión relevante, la norma prescinde del plazo de residencia. El mismo decreto justificó la iniciativa por su capacidad de generar empleo, mientras las modalidades anunciadas ahora consisten en aportes al Tesoro y financiamiento mediante deuda pública.

El gobierno de Milei promete verificar identidad, antecedentes y origen de los fondos, con intervención de la Servicio de Inteligencia, la Unidad Información Financiera y otros organismos públicos. También informa que recibe asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión, aunque el comunicado no las identifica.

La responsabilidad política de Quirno, Caputo y Milei excede la recaudación que puedan conseguir. Han decidido poner precio al acceso a una nacionalidad cuyo valor internacional pertenece a millones de argentinos. Dentro de un mercado con antecedentes de abusos, la promesa de conseguir dólares debe confrontarse con el riesgo de comprometer la confianza que hace valioso ese pasaporte. El discurso soberanista del gobierno, en medio del avance británico sobre las Islas Malvinas, también tendrá que responder por esa decisión. (www.REALPOLITIK.com.ar)