Mientras la Fuerza Aérea celebra la llegada de seis cazas F-16, la Justicia Federal indagará a varios oficiales por la muerte de uno de los ases de la aviación militar, el capitán Mauro Testa La Rosa, durante un ejercicio de prueba de los A-4AR Fightinghawk, dados de baja tras el siniestro.

La tragedia, que ocurrió el 15 de julio de 2024 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis, dejó muchas dudas acerca del mantenimiento y la operatividad de los viejos A-4AR Fightinghawk, que siete días antes habían realizado una demostración en la Ciudad de Buenos Aires durante el desfile militar del 9 de julio organizado por el gobierno de Javier Milei.

Unos días después, uno de esos aviones militares caería a tierra y se llevaría la vida de uno de los ases de la aviación nacional, el capitán Mauro Testa La Rosa.

Por la persistencia de su familia y del abogado penalista Bautista Rivadera, se logró descartar que el accidente hubiera sido consecuencia de una impericia humana.

Así surgieron las preguntas y los cuestionamientos. ¿Estaba la aeronave en condiciones de volar? ¿Hubo negligencia en la preparación mecánica del avión caza? ¿Los recortes presupuestarios generaron una tragedia evitable o, lo que es peor, se está ante una causa de corrupción que involucra a importantes oficiales de la Fuerza Aérea?

Para la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no hay dudas. Carrió denunció que el accidente, ocurrido el 15 de julio de 2024 en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, expone cómo “la corrupción mata”, señalando fallas estructurales y falta de mantenimiento adecuado en el equipamiento militar del país.

El propio informe técnico de la Fuerza Aérea, citado en los reclamos públicos, determinó que el siniestro se debió a fallas mecánicas derivadas de un mantenimiento deficiente y no a un error del piloto, según la exdiputada nacional, que asesora en la causa civil a parte de la familia del capitán Testa La Rosa.

El abogado penalista Bautista Rivadera.

La familia militar, inquieta

Las responsabilidades políticas fueron disimuladas durante toda la gestión de Luis Petri al frente del ministerio de Defensa de la Nación. La gestión de Carlos Presti parece seguir un camino similar, porque la familia no recibe ninguna satisfacción a sus reclamos de acelerar la investigación del siniestro para deslindar responsabilidades y encontrar las verdaderas causas que derivaron en una tragedia para la Fuerza Aérea.

Y, mientras los brigadieres se felicitan por los cazas F-16 de segunda mano que están llegando al país en tandas de seis aeronaves, crece la inquietud entre los oficiales por las derivaciones de una investigación de la Justicia Federal que acaba de convocar a once personas a indagatoria.

Más de dos años de pedir justicia

El 15 de julio de 2024, el capitán Mauro Testa La Rosa perdió la vida cuando la aeronave A-4AR que pilotaba se precipitó a tierra en Villa Reynolds, San Luis. Más de dos años después, la Justicia Federal dio un paso clave al citar a declaración indagatoria a once personas en el marco de la causa que investiga posibles responsabilidades por homicidio culposo, encubrimiento, falsificación y destrucción de pruebas.

Las pericias realizadas durante la investigación preliminar permitieron descartar que el accidente se debiera a una impericia del piloto. Según el abogado de la familia, Bautista Rivadera, la aeronave sufrió una pérdida de empuje tras el desprendimiento del tubo de escape. Testa La Rosa intentó estabilizar el avión y recuperar altura antes de eyectarse, pero el impacto generó una explosión. El avión transportaba más de 7 mil libras de combustible y el intenso calor del incendio alcanzó al piloto mientras descendía en paracaídas, provocándole la muerte.

Luis Petri y Carlos Presti.

La causa, que tramita ante la Justicia Federal bajo el sistema residual y mediante un procedimiento escrito, busca reconstruir la cadena de responsabilidades. Se analizará quiénes participaron en el mantenimiento, los controles y la autorización del vuelo, así como el estado de la aeronave en el momento del siniestro. El juez autorizó el avance hacia esta nueva etapa procesal tras reunir documentación, pericias y distintos elementos vinculados con el accidente.

Las once personas citadas tendrán la oportunidad de brindar sus explicaciones y ejercer su defensa. La citación no implica culpabilidad ni condena; será el juez quien resuelva la situación procesal de cada una tras analizar los elementos reunidos. Para la familia de Testa La Rosa, este avance representa una instancia esperada después de más de dos años de investigación. El objetivo principal es determinar qué ocurrió y evitar que hechos similares se repitan.

Rivadera aclaró que la familia no pretende responsabilizar a la Fuerza Aérea Argentina como institución, sino conocer las circunstancias que rodearon el accidente y contribuir a mejorar los procedimientos de seguridad. La investigación presenta particular complejidad por las características técnicas de la aeronave militar y la documentación vinculada con una fuerza armada.

El 14 de mayo de 2025, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, confirmó la baja definitiva de los A-4AR adquiridos a Lockheed Martin a fines de los años 90. La decisión se adoptó tras un exhaustivo análisis orientado a priorizar la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica. Los familiares y amigos del capitán expresaron indignación, señalando que ni los altos mandos ni el exministro Luis Petri prestaron atención a las irregularidades denunciadas desde 2016.

Los A-4AR, versión modernizada de los Skyhawk que participaron en la guerra de Malvinas, fueron queridos y cuidados por los pilotos hasta el límite de sus posibilidades. El accidente de Testa La Rosa representó el último vuelo de esta flota. Otro siniestro, ocurrido en agosto de 2020 y que costó la vida al capitán Gonzalo Britos Venturini, sumó presión para su retiro.

Actualmente, la Argentina carece de aviones caza operativos, mientras nuevos pilotos se entrenan en los seis F-16 adquiridos a Dinamarca, de un total de veinticuatro aeronaves. La decisión de retirar los A-4AR se demoró por la resistencia de oficiales que no querían quedarse sin aviones de combate hasta que los F-16 alcanzaran plena operatividad.

La investigación judicial continúa su curso con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades. La familia espera que el proceso determine las causas concretas del accidente y contribuya a fortalecer la seguridad en las operaciones aéreas militares. (www.REALPOLITIK.com.ar)