La transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a las nuevas obras sociales llegó al cambio de administrador con transferencias incompletas, facturas sin cobrar y pacientes cuya cobertura seguía pendiente de resolución. Así lo describe Ariel Guzmán en un informe de diez páginas que entregó a su sucesor, Gonzalo Secchi, el 25 de septiembre. El documento, al que accedió REALPOLITIK, reconstruye siete meses de gestión y detalla los asuntos que quedaron abiertos cuando presentó su renuncia.

La carta permite conocer cómo se sostuvo la atención mientras avanzaba la liquidación dispuesta por el gobierno de Javier Milei. También identifica decisiones pendientes del ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y conflictos con OSFA, presidida por Pablo Plaza, y OSFFESEG, la nueva obra social de las fuerzas federales de Seguridad. Guzmán organiza su balance en quince puntos, con antecedentes, gestiones realizadas, responsables y documentación de respaldo.

IOSFA seguía atendiendo mientras los aportes cambiaban de destino

El problema central aparece en el convenio prestacional transitorio celebrado a fines de mayo. Según Guzmán, OSFA necesitaba que IOSFA mantuviera la atención mediante su red de prestadores debido a las demoras en la reglamentación del decreto 88/2026.

Durante mayo y junio, el organismo pudo cancelar deudas y recuperar prestaciones porque recibió aproximadamente 81.000 millones de las Fuerzas Armadas, correspondientes a reclamos por diferencias en la liquidación de aportes personales y contribuciones patronales.

Pero ese ingreso extraordinario no resolvió el financiamiento cotidiano. Los aportes regulares de las Fuerzas Armadas se dirigían a OSFA desde el 1 de abril y los de Seguridad a OSFFESEG desde el 1 de junio. IOSFA continuaba brindando servicios y recibiendo obligaciones.

Guzmán vincula esa pérdida de recursos con pagos incumplidos, nuevos cortes de atención y dificultades para conseguir medicamentos. En ese contexto, había informado que la cobertura se sostendría hasta el 30 de septiembre.

Plaza pidió extender el convenio hasta fin de año. El motivo quedó registrado en la carta: OSFA aún no disponía de “contratos aprobados vigentes”. Guzmán comunicó la situación a Presti mediante la nota NO-2026-91660918-APN-P#IOSFA y advirtió que continuar atendiendo aumentaría el pasivo y demoraría el cierre administrativo. Esa comunicación, fechada el 21 de septiembre, ya había sido publicada por REALPOLITIK.

Ariel Guzmán.

Dinero pendiente y recursos reservados frente a embargos

La entrega a Secchi comienza con una urgencia: conseguir fondos para pagar al personal. Guzmán había solicitado un adelanto de 20.000 millones de pesos, autorizado por la presidencia de OSFA, pero la transferencia estaba incompleta.

Al 23 de septiembre restaban 4.943.069.996,41. De ese saldo, se había previsto utilizar 3.300 millones para sostener el funcionamiento del instituto. El informe reclamaba una disposición inmediata de recursos para liquidar salarios, honorarios, aportes y contribuciones.

Otro apartado revela cómo se habían separado fondos para afrontar la liquidación. Guzmán afirma que reservó “recursos genuinos del IOSFA en una cuenta bancaria de la Sociedad Militar Seguro de Vida”, con el propósito de “evitar que fueran afectados por los embargos que constantemente se reciben”.

Según su explicación, debían financiar el cierre de farmacias y delegaciones, rescisiones de alquileres, disposición de bienes, asesoramiento jurídico y contable y honorarios del personal que permaneciera en IOSFA.

La carta señala que había ordenado devolver esos recursos a la cuenta pagadora del instituto el 30 de septiembre para afrontar reintegros judicializados y de discapacidad. No precisa el monto reservado ni acredita que la devolución se haya concretado. Deja constancia de la decisión y de que Secchi podía determinar su destino al asumir.

El balance también muestra circuitos financieros que seguían sin completar su transferencia. IOSFA conservaba 1.343.005.858 por cuotas de adherentes correspondientes a los últimos dos meses, aunque esos beneficiarios habían pasado a OSFA en abril. Según Guzmán, la nueva entidad todavía no había reclamado ese dinero.

Mientras tanto, las farmacias generaban aproximadamente 200 millones semanales, utilizados para cancelar parcialmente gastos de funcionamiento.

OSFFESEG, Medicus y los pacientes pendientes de traspaso

La separación de los afiliados de Seguridad abrió otro frente. Guzmán sostiene que OSFFESEG decidió comenzar la cobertura el 1 de junio sin coordinar previamente con IOSFA y que le comunicó esa decisión durante la tarde del viernes 29 de mayo.

Para garantizar los tratamientos en curso, el instituto mantuvo inicialmente a esos beneficiarios en su padrón y comenzó a revisar las bajas de manera progresiva. Durante ese proceso, según el informe, surgieron dificultades con prestaciones de discapacidad, insumos, medicamentos fuera del Programa Médico Obligatorio y tratamientos especiales.

La carta atribuye a Medicus, contratada por OSFFESEG, una negativa persistente a asumir determinados casos. También afirma que la nueva obra social rechazaba responsabilizarse por expedientes judicializados en los que IOSFA seguía obligado a brindar cobertura, con el argumento de que los planes de la empresa no contemplaban esas prácticas.

Al momento de la salida de Guzmán permanecían aproximadamente 350 afiliados de Seguridad en IOSFA, en su mayoría por cuestiones judiciales. Su transferencia efectiva seguía pendiente, con consecuencias asistenciales, económicas y legales para el organismo en liquidación.

El conflicto incluía el cobro de los servicios. Guzmán afirmó que OSFFESEG no había cancelado ninguna de las facturas emitidas por IOSFA hasta su alejamiento. Calificó como dilatoria una solicitud de nomencladores para auditar los importes, aunque reconoció que el propio instituto todavía no había completado su envío.

A esas facturas se sumaba un reclamo diferente: acreencias superiores a 145.000 millones por aportes y contribuciones que, según Guzmán, las fuerzas de Seguridad no habían abonado correctamente. El expediente para una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación estaba preparado, pero aún no había sido elevado, a la espera de una resolución estatal sobre lo previsto en el artículo 12 del decreto 88/2026.

Ese monto corresponde a dinero reclamado por IOSFA. Debe distinguirse del pasivo que el instituto mantenía con prestadores y proveedores.

El presidente de Medicus, José De All.

Personal, farmacias y delegaciones sin definición

El informe describe una transición institucional que tampoco estaba resuelta. Guzmán afirmó que, al dejar el cargo, no disponía de información oficial sobre si OSFA recibiría las delegaciones, centros de atención, centros médicos y farmacias propias.

Esa indefinición impedía planificar los gastos de transferencia o cierre y obligaba a mantener contrataciones temporales. Para las unidades turísticas y centros recreativos, reclamó decisiones sobre cuatro modalidades de empleo antes del 29 de septiembre.

El traspaso de los establecimientos a las Fuerzas Armadas estaba previsto para el 1 de octubre. La carta registra que Defensa había expresado que asumiría el pago de haberes del personal de planta permanente que, de no ser transferido, pasara a disponibilidad.

Guzmán también enumeró seis informes remitidos al ministro de Defensa después de las reuniones de la comisión especial encargada de asesorar la liquidación. Identificó, además, actuaciones sobre un plan de transferencia de personal e inmuebles que, según dejó asentado, no pudo concretarse.

Qué cambió después del informe

Secchi asumió con efecto desde el 24 de septiembre, según la resolución 671/2026, publicada cinco días después. La carta de Guzmán quedó así situada en el momento de entrega de la administración.

El 1 de octubre, el gobierno anunció que OSFA asumiría la atención médica y avanzaría junto con Defensa y el Tesoro en la cancelación de una deuda superior a 200.000 millones. También comunicó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de 5.000 millones y una recuperación progresiva de prestaciones. Sin embargo, el anuncio no acredita que todo el pasivo haya sido cancelado ni que la atención se encuentre completamente normalizada.

Ese mismo día, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó la continuidad hasta febrero de 177 trabajadores de hoteles y farmacia de Mar del Plata. La cobertura local aclaró que la farmacia permanecía abierta y que los hoteles tenían trámites administrativos pendientes para reabrir. La actualización modifica las advertencias previas sobre esos establecimientos, aunque no resuelve el conjunto de los asuntos laborales enumerados por Guzmán.

El informe aporta una base concreta para evaluar la transición: cuánto se transfirió, qué facturas se cobraron, dónde quedaron los pacientes y qué estructura recibió OSFA. Para Presti y las nuevas autoridades, el resultado deberá medirse en pagos realizados, tratamientos garantizados y decisiones efectivamente cumplidas. Por lo pronto, la documentación que Guzmán entregó a Secchi permite identificar esos compromisos y seguir su resolución. (www.REALPOLITIK.com.ar)