El gobierno de Gustavo Melella sumó un nuevo cuestionamiento del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego por una contratación de seguridad informática de casi 92 millones de pesos. El organismo multó a Analía Inés Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, después de que vencieran sucesivos requerimientos para responder a las observaciones sobre la operación.

La sanción, dispuesta el 3 de septiembre mediante la resolución plenaria 143/2026, equivale al 5 por ciento de su remuneración bruta mensual, excluidas las asignaciones familiares. El motivo fue “no haber efectuado los descargos correspondientes” sobre una compra que el control posterior había cuestionado por la justificación del proveedor, el precio y las condiciones del procedimiento.

Una contratación directa con la exclusividad cuestionada

La operación fue aprobada por la propia Cubino el 30 de diciembre de 2024. Mediante la resolución de presidencia 669/2024, adjudicó a ACSYS SA un contrato por 91.981.829,11, destinado a licencias de mantenimiento y soporte de soluciones tecnológicas de protección contra amenazas informáticas durante tres años. El servicio correspondía a la subsecretaría de Infraestructura Tecnológica, dentro de la secretaría de Servicios Digitales de la agencia provincial.

La administración utilizó una contratación directa por exclusividad. Sin embargo, los auditores señalaron que la documentación presentada no demostraba que ACSYS fuera el único proveedor posible. El certificado acreditaba que era un revendedor autorizado de Fortinet, pero admitía que los clientes podían elegir libremente a otros revendedores. Tampoco se había fundamentado suficientemente por qué esa solución tecnológica resultaba indispensable.

El precio fue otro punto observado. Faltaban cotizaciones alternativas o referencias de mercado que permitieran acreditar la conveniencia de la oferta única. La auditoría también consignó que el monto era aproximadamente un 4,65 por ciento superior al de una adjudicación similar anterior, posteriormente dejada sin efecto, sin una explicación suficiente de esa variación. Ese señalamiento no constituye una determinación de sobreprecio.

A ello se sumaron la falta de publicación del informe técnico mencionado en el pliego y la intervención de una misma dependencia en etapas que debían permitir controles separados: la definición de la necesidad, la fundamentación de la contratación excepcional y la conformidad de la prestación. Los cuestionamientos quedaron recogidos en la resolución plenaria 114/2026.

Los pedidos de respuesta se sucedieron desde marzo de 2026. El 10 de agosto, el Tribunal apercibió a Cubino y reiteró los requerimientos. Ante la falta de los descargos exigidos, avanzó con la multa y le concedió otros dos días para cumplir. También advirtió que una nueva sanción podría alcanzar el 10 por ciento de su remuneración y que la reiteración podía elevarla hasta el 20 por ciento.

La multa castiga el incumplimiento de los requerimientos del órgano de control. Las objeciones sobre la contratación explican qué debía responder la funcionaria de Melella, pero no equivalen, por sí mismas, a una condena por daño patrimonial.

Otro expediente: 55 millones para la Fábrica de Talentos

La revisión documental permitió identificar otro antecedente sobre Cubino dentro de la gestión provincial. La resolución plenaria 96/2026 analizó reconocimientos de gastos a Complex Innovation SA por 55 millones de pesos, correspondientes a servicios de limpieza, vigilancia y gerenciamiento de la Fábrica de Talentos de Ushuaia durante 2023.

En ese caso, la contratación iniciada había quedado sin efecto y las prestaciones se pagaron mediante reconocimientos de gastos. El Tribunal mantuvo la observación por la omisión del procedimiento regular de selección y dirigió recomendaciones a Cubino, quien había reconocido los servicios cuando era ministra y posteriormente pasó a conducir la Agencia de Innovación.

El resultado fue distinto: no se aplicó una multa ni pudo determinarse perjuicio fiscal, y la observación sobre los precios fue considerada subsanada. Sí quedó cuestionada la contratación sin el procedimiento exigido. Ambos expedientes documentan problemas en compras de áreas conducidas por la misma funcionaria del gobierno de Melella, aunque con decisiones y responsabilidades administrativas diferentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)