La medida del presidente de Brasil, que afecta y persigue al juego ilegal, pero también a la industria del azar regulada y legal, generó la mayor controversia política y económica en medio de una campaña electoral muy caliente por la presidencia del gigante latinoamericano. Luiz Inácio Lula da Silva disputa la elección frente a Flávio Bolsonaro, quien muestra un crecimiento sostenido en los sondeos de opinión pública. Sin embargo, la medida de prohibir el juego online en Brasil revitalizó la campaña del actual presidente, perteneciente al Partido de los Trabajadores, que busca su reelección.

A pesar de haber sido la propia administración de Lula da Silva la que reglamentó el juego online autorizado previamente, la decisión de prohibirlo lo enfrenta a los dueños de las plataformas digitales, a las agencias de publicidad que comercializan espacios de difusión del juego legal, a los clubes más poderosos del fútbol brasileño —que tienen grandes convenios comerciales con las empresas de la industria del azar— y a la mayoría de los medios de comunicación e influencers que tienen contratos de patrocinio con marcas de apuestas muy populares.

Esa decisión de alto impacto político y electoral podría trasladarse a Argentina, que vive una recesión económica indisimulable y convive con números al alza de apostadores que intentan “salvarse” con una buena racha en el juego. Hay denuncias de todo tipo: desde personas que se endeudaron en el mercado financiero para apostar hasta una adicción a las pantallas de la que dan cuenta numerosas instituciones, como la Fundación LEA, presidida por Rosana Barroso. La organización viene de realizar un Congreso de Ciudadanía Digital en la provincia de Córdoba, donde se puso de manifiesto la gravedad de la situación entre los segmentos etarios más jóvenes de la población.

En Argentina, hay varias gobernaciones comandadas por peronistas u opositores al gobierno de Javier Milei que están siguiendo atentamente el impacto electoral de la medida en Brasil y no descartan aplicarla en sus territorios, a pesar de que los estados provinciales perderían la posibilidad de recaudar mucho dinero en tiempos de “motosierra”, con presupuestos no actualizados por la inflación y con una moneda, el peso, fortalecida frente al dólar.

Es un debate que los ministros de Economía provinciales no quisieran ni escuchar, pero al que deberán responder ante las presiones político-electorales de gobernadores como Axel Kicillof, quien, en la intimidad, no desaprueba la medida adoptada por Lula da Silva. Los dirigentes de La Cámpora, liderados por el diputado nacional Máximo Kirchner, tampoco lo hacen.

Luiz Inácio Lula da Silva.

La adicción a las pantallas de la población

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, debe reglamentar la ley aprobada para restringir el uso de celulares en escuelas, que fue impulsada por referentes de La Cámpora. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri endureció las restricciones: prohibió por completo el uso de smartphones en las aulas de secundaria y durante toda la jornada en los niveles inicial y primario.

Rosana Barroso, de la Fundación LEA, sostiene que “la formación de base está muy desactualizada en relación con muchos de los problemas actuales que surgieron con la hiperconectividad. Si bien la tecnología ofrece enormes oportunidades para estudiar, comunicarse o innovar, también tiene riesgos. Hay un lado B de las tecnologías del que hay que cuidarlos”, advirtió.

En ese sentido, la especialista aportó datos que reflejan la magnitud del fenómeno digital entre los chicos en el país. “El 94 por ciento de los argentinos entra en contacto con un dispositivo a partir de los cuatro años”, señaló. A esto se suma que “el promedio de uso de pantallas en Argentina es el más alto de Latinoamérica, con siete horas diarias”. Por estos datos comenzaron las prohibiciones en las escuelas.

Son medidas que parecen un preámbulo a decisiones más duras, como las adoptadas en Brasil en el caso del juego, y que están siendo analizadas en muchas gobernaciones. En Argentina, a diferencia de Brasil, la autorización y regulación de los operadores de juego online dependen de cada jurisdicción provincial, que además grava la actividad. Así sucede en Buenos Aires con el aporte del 2 por ciento sobre determinados premios de tragamonedas online. Como siempre, las cargas recaen sobre el apostador. “Ganar algo cuesta y encima hay que dejar en el camino”, se escucha entre clientes de muchos casinos.

En este contexto, han comenzado a escucharse voces de legisladores, en particular de la Coalición Cívica, para impulsar una ley en el Congreso de la Nación Argentina que permita debatir la cuestión. También el diputado nacional Juan Brügge, de Provincias Unidas, organizó un encuentro federal sobre “adicciones a los entornos digitales”, focalizado en la problemática de niños y adolescentes.

El diputado nacional Juan Brügge.

En ese encuentro se presentó el proyecto que propone un régimen de protección integral para los menores de edad. Brügge destacó el entendimiento corporativo alcanzado en Estados Unidos “entre Meta y distintos estados americanos a partir de las demandas por el diseño adictivo” con el que se presentan las páginas de redes sociales y de juego. Para Brügge, “hay que regular y deben haber mayores pautas y obligaciones por parte de las plataformas porque (…) estos consumos pueden derivar en ludopatía que es el próximo paso que hay que atender” en el Congreso.

Para Rosana Barroso, de la Fundación LEA (Lugar por la Educación Argentina), “…tenemos que trabajar junto a la sociedad civil para que se ejecuten las leyes que ya están sancionadas. Por ejemplo, no es normal que la ley Ema esté durmiendo en la comisión de Presupuesto”, señaló, refiriéndose a la iniciativa que crea un sistema de prevención de la violencia digital en ámbitos educativos.

En la mesa redonda se concluyó que se podría poner en marcha el debate por una ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar en Línea. Hay muchos diputados nacionales que entienden que es necesario avanzar con la mayor cantidad de regulaciones posibles.

La mirada desde la industria del entretenimiento y los juegos de azar

Ahora bien, los dirigentes empresariales de la industria del juego suelen expresar al unísono que sus páginas de apuestas online están controladas y reguladas por buenas prácticas que ayudan a los jugadores en problemas a salir de eventuales adicciones, y que “nada de eso sucede en el terreno del juego ilegal que es lo que se debiera combatir con mayor esfuerzo”. Para muchos empresarios consultados por REALPOLITIK, “el problema siempre es la ilegalidad, la falta de regulaciones y control y las malas prácticas que aparecen en las páginas ilegales de juego on line. La prohibición del juego a la brasileña solo fortalecerá a la ilegalidad”.

Es un debate de muchos años, que tiene su fundamento en el argumento de que las prohibiciones solo generan un mercado negro o ilegal: más caro, ineficiente y perjudicial para los consumidores por la falta de control imperante, y que no aporta recaudación al Estado para fines sociales.

Luis Zanazzi, experto en regulación y control de juegos de azar y miembro de Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), explicó que la medida de Lula da Silva solo favorecerá a las mafias del juego ilegal.

Zanazzi se preguntó: “¿Quiénes serán ahora los dueños del juego en Brasil? En Los Dueños del Juego, el negocio clandestino de Río de Janeiro está en manos de organizaciones que construyeron su poder alrededor de una actividad fuera de la legalidad. Pero hay un elemento de la trama particularmente sugestivo: la posible legalización del juego y la llegada de empresas extranjeras aparecen como una amenaza para quienes controlan el mercado ilegal. ¿Por qué? Porque regular significa algo más que permitir. Significa colocar una actividad dentro de un perímetro en el que el Estado puede identificar operadores y jugadores, seguir el dinero, exigir controles contra el lavado, imponer herramientas de juego responsable, limitar la publicidad, fiscalizar y sancionar”, explicó a NA.

Para el experto, “los grupos que dominan el negocio clandestino entienden perfectamente lo que está en juego: un mercado regulado les disputa algo más importante que clientes. Les disputa el control. Y ahí aparece la paradoja frente a la decisión que acaba de tomar Brasil. El gobierno busca proteger a la población frente al juego problemático, el endeudamiento y otros efectos sociales de las apuestas. Son problemas reales que requieren respuestas públicas. Pero ¿qué ocurre si para proteger al jugador se elimina justamente el espacio sobre el cual el Estado tiene mayor capacidad de control? Un operador autorizado puede ser obligado a identificar al apostador; aplicar límites, autoexclusión y mecanismos de juego responsable; someter sus operaciones a controles antilavado; y ser auditado, sancionado o perder su licencia”, explicó Luis Zanazzi.

Ariel Fassione.

El ilegal ya decidió operar fuera de esas reglas. Y ese reclamo se escucha también en el sector sindical. Ariel Fassione, del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), coincide en advertir acerca del auge del juego ilegal, que permite, incluso, que menores de edad puedan apostar. El sindicalista tiene sus propios frentes para atender, porque el auge del juego online generó una caída notable en la concurrencia a las salas físicas de juego. Pero señala la importancia de las regulaciones y siempre alerta acerca del afán recaudador del Estado.

“Más tributos al juego no siempre es la solución. Hay veces que al imponer más impuestos las empresas optan por reducir la cantidad de máquinas y de empleados en lugar de pagar más. El juego paga, en Argentina, impuestos nacionales, provinciales y municipales por miles de millones de pesos y da empleo a cerca de 250 mil personas en forma directa en todo el país. En Buenos Aires, el 60 por ciento de lo recaudado se va en impuestos directos que solventan programas sociales, alimentarios y educativos y es la segunda actividad de mayor aporte en el distrito”.

Esta realidad pesa en la gobernación bonaerense y en otras provincias a la hora de seguir los radicales pasos de Luiz Inácio Lula da Silva. Prohibir el juego online generaría una caída notable en la recaudación, con el agravante de que no sobraría dinero para perseguir al juego ilegal o realizar campañas de concientización sobre juego responsable, cada vez más necesarias en nuestra sociedad, que atraviesa una crisis recesiva, de caída de ingresos y de endeudamiento creciente. (www.REALPOLITIK.com.ar)