Estados Unidos nunca se fue de América Latina. La diferencia es que ahora se nota más. Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, Washington corrió algunos límites de la diplomacia tradicional, tomó partido por sus aliados y convirtió herramientas económicas, comerciales y financieras en piezas de una disputa que también se juega dentro de cada país.

Brasil quedó en el centro de ese movimiento. El gobierno estadounidense salió en defensa de Jair Bolsonaro, cuestionó el proceso judicial en su contra y en julio de 2025 sancionó a Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), bajo la Ley Global Magnitsky. La pelea escaló hasta los aranceles y metió la relación bilateral en una discusión que excedió al expresidente brasileño, que es cuánto puede presionar Estados Unidos sobre las decisiones políticas y judiciales de otro país.

El fenómeno tiene otra pata, menos visible desde Washington y bastante más difícil de explicar. Bolsonaro no llegó al poder por una decisión de Estados Unidos. Tampoco Javier Milei en la Argentina. Detrás de las nuevas derechas hay millones de votos y una transformación política que atraviesa a los sectores populares. El sociólogo brasileño Jessé Souza puso el foco precisamente ahí, que da a entender por qué una parte de quienes están abajo termina encontrando representación en proyectos de derecha que prometen achicar el Estado, endurecer el orden social y profundizar reformas de mercado.

Trump encontró en Brasil un límite para poner a prueba

La administración Trump no escondió su posición frente al proceso contra Bolsonaro. La Casa Blanca habló de persecución política, cuestionó al Supremo y apuntó particularmente contra Moraes, uno de los magistrados que más enfrentó al bolsonarismo.

La sanción económica contra un integrante de la máxima corte brasileña llevó la pelea a otro nivel. Ya no se trataba de declaraciones diplomáticas sobre la situación institucional de un país vecino, sino de utilizar herramientas del Estado estadounidense contra un juez extranjero involucrado en una causa contra un aliado de Trump.

Las sanciones fueron levantadas en diciembre de 2025, cuando Washington y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzaron a recomponer el vínculo. Sin embargo, el movimiento dejó un antecedente, porque Estados Unidos mostró hasta dónde está dispuesto a avanzar cuando considera que alguno de sus aliados políticos está bajo ataque.

Brasil, además, no es una pieza menor. Es la mayor economía de Sudamérica, integra los BRICS y desde hace años busca ampliar sus márgenes de autonomía internacional. La pelea por Bolsonaro terminó exponiendo una disputa más grande sobre quién fija las reglas y cuánto margen conserva la principal potencia regional frente a Washington.

De Bolsonaro a Milei, el apoyo dejó de viajar por abajo de la mesa

La Argentina mostró otra cara del mismo proceso. La llegada de Milei encontró en Trump un aliado político y en su administración un respaldo que fue mucho más allá de las coincidencias discursivas.

La relación quedó particularmente expuesta antes de las elecciones legislativas de 2025, cuando el Tesoro estadounidense avanzó con respaldo financiero para estabilizar la economía argentina y Trump ató públicamente el futuro del apoyo norteamericano a la continuidad política de Milei.

No fue un caso aislado. El Congressional Research Service señaló también el respaldo de Trump al conservador Nasry Asfura en Honduras como parte de un cambio respecto de la conducta estadounidense de las últimas décadas.

La diferencia importa. Si bien no hay elementos concretos para hablar de elecciones manipuladas ni de fraude organizado desde Washington, pero si la presión opera en otro terreno, ya que un país con capacidad para abrir o cerrar puertas financieras deja en claro quién es su candidato preferido y como puede interferir en lógicas intangibles. 

En economías endeudadas, necesitadas de dólares y con fuerte dependencia del crédito internacional, ese mensaje difícilmente sea inocuo.

La Justicia también juega en el tablero

Brasil conoce bien la capacidad estadounidense para proyectar su poder más allá de sus fronteras. Antes de la pelea entre Trump y Moraes estuvo Lava Jato, la investigación que alteró durante años el sistema político brasileño.

Estados Unidos participó de investigaciones y acuerdos internacionales vinculados con Odebrecht, Braskem y Petrobras. Esa cooperación no demuestra que Washington haya manejado Lava Jato, pero sí permite mirar otra dimensión de la relación, por el enorme alcance que tiene el sistema judicial norteamericano cuando una empresa extranjera opera con dólares, utiliza su sistema financiero o queda alcanzada por sus leyes.

La discusión sobre soberanía, entonces, cambió de forma. Ya no necesita tanques ni militares cruzando una frontera. Puede pasar por sanciones, cuentas bancarias, tribunales, visas, aranceles y acceso al mercado financiero. Y también puede terminar alterando la política doméstica.

La seguridad, otra puerta para la injerencia de Estados Unidos

La nueva derecha también construyó su propia red regional. El argentino Fernando Cerimedo se convirtió en una pieza de ese entramado, con participación en estrategias políticas y comunicacionales que cruzaron fronteras y tuvieron en Brasil uno de sus capítulos más sensibles alrededor del bolsonarismo. Consultores, dirigentes y usinas digitales empezaron a conectar experiencias que después adquirieron características propias en cada país.

Pero existe otra red, mucho más antigua. Estados Unidos lleva décadas interviniendo en las políticas de seguridad latinoamericanas a través de organismos como la CIA y la DEA, con el narcotráfico y el crimen organizado como argumentos para ampliar la cooperación, compartir inteligencia y desplegar agentes. Colombia y Perú fueron escenarios centrales de esa política, mientras Ecuador y Brasil ganaron peso por el avance de organizaciones criminales transnacionales.

La historia tiene zonas oscuras. Las investigaciones del Irán-Contra documentaron vínculos de sectores de la Contra nicaragüense, respaldada por Washington, con redes involucradas en el narcotráfico. El antecedente no demuestra que la CIA haya dirigido el tráfico de drogas latinoamericano, pero sí expone las contradicciones de una política exterior que convirtió la lucha contra el narco en bandera mientras toleraba vínculos con actores relacionados con ese negocio cuando otros intereses geopolíticos estaban en juego.

Ahí aparece otra dimensión de la injerencia. El narcotráfico es una amenaza real, pero su combate también permitió a Washington acumular información, relaciones y capacidad de presión sobre los aparatos de seguridad de la región. 

El pobre de derecha, la pregunta que incomoda a la izquierda

Hay una explicación tentadora, de que si Washington apoya a las nuevas derechas, su crecimiento en América Latina es producto de esa influencia. El problema es que los votos siguen estando ahí.

Bolsonaro consiguió más de 58 millones en la segunda vuelta de 2022. Milei superó los 14 millones en el balotaje argentino de 2023. Ninguna lectura sobre Estados Unidos alcanza para explicar semejante volumen electoral.

Ahí entra O pobre de direita: A vingança dos bastardos, el libro que Jessé Souza publicó en 2024 para meterse en uno de los problemas políticos más incómodos de la región, que es del por qué sectores populares apoyan proyectos de derecha incluso cuando algunas de sus políticas económicas pueden jugar en contra de sus propios intereses materiales.

Souza corre la discusión del bolsillo. Habla de reconocimiento, humillación social, religión, racismo, resentimiento y pertenencia. Su pobre de derecha no es simplemente alguien engañado por las redes sociales ni un votante incapaz de comprender lo que vota. Es un sujeto político que también busca identidad y reconocimiento. Para una parte de la izquierda, esa diferencia todavía parece difícil de procesar.

Brasil y un voto popular que ya no se explica solamente por el salario

Brasil permite ver esa contradicción de cerca. Lula mantuvo una ventaja importante entre los sectores de menores ingresos en 2022 y también en el 2026, pero esta vez, Flavio Bolsonaro construyó una fortaleza política entre los evangélicos y consiguió penetrar en franjas populares que históricamente habían sido territorio favorable al Partido de los Trabajadores, con la insignia de la "Seguridad".

No existe, entonces, un único “pobre de derecha”. Hay trabajadores evangélicos, pequeños comerciantes endeudados, habitantes de periferias atravesadas por la inseguridad, jóvenes sin expectativas de ascenso y familias que dependen del Estado pero desconfían de la política que lo administra. Las nuevas derechas encontraron una forma de hablarles.

Orden, familia, religión, mérito, seguridad y rechazo a la dirigencia tradicional forman parte de un discurso que no promete solamente mejorar la economía. También ofrece pertenencia e identifica responsables del malestar, aunque luego esa promesa dialectica es postergada. Ya esos ciclos se han visto a lo largo de la historia, pero esta vez parece ser más implicita por los avances de las redes de comunicación.

Ahí aparece uno de los problemas centrales para el progresismo regional o los movimientos de centro. Haber mejorado ingresos alguna vez no garantiza conservar un voto para siempre. Necesitar políticas públicas tampoco convierte automáticamente a alguien en votante de izquierda o centro, algo falta para poder capturar los descontentos y sufrimientos de bastos sectores de la sociedad.

Estados Unidos empuja, pero la crisis nació adentro

Washington tiene poder suficiente para respaldar gobiernos, castigar adversarios, imponer sanciones y mover recursos capaces de desestabilizar una economía. Trump decidió usar esas herramientas con menos intermediarios y sin demasiado interés por guardar las formas.

La desigualdad, el miedo a caer, la inseguridad, el deterioro de los partidos tradicionales, el crecimiento de las iglesias evangélicas y la bronca contra las élites políticas tienen raíces propias pero con intromisión directa o indirecta de los Estados Unidos. Sobre ese terreno avanzaron Bolsonaro, Milei y otras expresiones de una derecha de Latinoamérica que aprendió a transformar el malestar en identidad política. Ahí está la combinación que empieza a modificar el mapa regional.

Las nuevas derechas tienen un aliado poderoso en Washington, pero su verdadera fuerza está mucho más cerca y se encuentran en sociedades donde una parte de los sectores populares dejó de reconocerse en quienes durante décadas dijeron representarlos. Estados Unidos puede mover las fichas. Los votos, todavía, los ponen los latinoamericanos.