Cómo funciona el modelo estatal que Javier Milei cuestiona, pero al que compra armas
Por Jorge Suárez
Mientras Javier Milei y Pablo Quirno endurecen el discurso sobre las Islas Malvinas, un documento de la Organización de las Naciones Unidas muestra una participación mínima en el espacio reservado a peticionarios: una sola solicitud de audiencia, presentada por Kanwal Aslam en representación de Northern Citizen Community Board, una ONG pakistaní. En la lista publicada el 1 de octubre no aparece ninguna organización argentina.
El contraste es fuerte. Para el Sáhara Occidental, la ONU recibió 170 solicitudes de asociaciones, activistas, autoridades y otras entidades. Entre ellas figura María Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina. La presencia de ATE en ese expediente y la ausencia de organizaciones argentinas en el de Malvinas abren un cuestionamiento sobre la movilización internacional que acompaña una causa presentada por el gobierno libertario como prioridad nacional.
La Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, denominada Comisión Política Especial y de Descolonización, aborda, entre otros asuntos, las cuestiones coloniales pendientes. En sus sesiones escucha a delegaciones estatales, representantes de territorios y peticionarios. Las audiencias de estos últimos para el período de sesiones de 2026 están previstas del 5 al 9 de octubre.
Los peticionarios son personas o representantes de organizaciones que solicitan hacer uso de la palabra para presentar argumentos y testimonios sobre una cuestión determinada. Sus intervenciones permiten llevar reclamos al escenario internacional y acompañar o discutir las posiciones de los gobiernos.
El documento sobre Malvinas enumera esas solicitudes de audiencia; no contiene la lista de diplomáticos que pueden intervenir. Argentina, el Reino Unido y otros Estados tienen una vía de participación distinta.

La diferencia, sin embargo, no explica la ausencia de organizaciones argentinas. Una exposición diplomática transmite la posición del gobierno; la participación de asociaciones de veteranos, universidades, sindicatos y otras entidades puede ampliar las voces que sostienen una causa ante la comunidad internacional.
El documento A/C.4/81/4, fechado el 1 de octubre, informa expresamente que la presidencia recibió “una solicitud” sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Identifica a Kanwal Aslam, a Northern Citizen Community Board y la fecha de recepción: 16 de agosto de 2026. No detalla su nacionalidad, sus antecedentes ni la posición que pretende defender. Tampoco acredita que haya pronunciado una intervención.
La organización presenta en su sitio institucional actividades de educación, salud y asistencia comunitaria en Gilgit-Baltistán y Chitral, Pakistán. Diversas consultas de REALPOLITIK no hallaron una trayectoria pública de Aslam vinculada con Malvinas ni una explicación de su interés en intervenir sobre la disputa de soberanía.

El 23 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, Milei afirmó: “Malvinas es para nosotros una causa nacional”. Cuestionó la actuación del organismo internacional y sostuvo que su gestión había elegido una defensa pacífica, práctica y efectiva, frente a lo que describió como una defensa discursiva de gobiernos anteriores.
Un día antes, el canciller Pablo Quirno había ejercido el derecho de réplica tras la intervención del primer ministro británico. Cancillería difundió esa actuación como una reafirmación de la posición argentina sobre las islas.
Esas intervenciones oficiales existieron. Lo que queda por explicar es por qué, bajo el gobierno libertario, ninguna organización argentina figura entre las solicitudes de audiencia por Malvinas y qué gestiones hizo Cancillería para promover esa participación. La comparación entre las cuestiones incluidas en los documentos publicados el mismo día muestra la dimensión de esa ausencia.

Malvinas queda entre las cuestiones con menor cantidad de solicitudes. Sí muestran cuánto se disputa ese espacio y la amplitud de las voces interesadas en participar.
En la lista sobre el Sáhara, María Mercedes Cabezas ocupa el lugar 127, en representación de ATE Argentina, con una solicitud recibida el 31 de agosto de 2026. En esa línea, resulta insólito que la gremialista argentina aparezca en ese expediente, pero no en el de Malvinas.
En este marco, la posición de Reino Unido es totalmente diferente por ser la que mantiene el control efectivo del archipiélago que Argentina reclama. Para el país que busca recuperar el ejercicio de su soberanía, sostener presencia y sumar voces internacionales tiene una relevancia particular.
Milei y Quirno elevaron el tono del reclamo. La lista de peticionarios muestra que ese protagonismo discursivo no estuvo acompañado por solicitudes de organizaciones argentinas en esta instancia. Cómo se produjo esa ausencia y qué hizo Cancillería para promover participación son explicaciones todavía pendientes. (www.REALPOLITIK.com.ar)