Hay ocasiones en las que las prioridades de una administración no aparecen en los discursos, las conferencias ni los documentos programáticos, sino en sus órdenes de compra. En apenas unos días, tres procedimientos publicados en el sistema de contrataciones de la provincia de Buenos Aires permiten construir una particular radiografía del gasto público bonaerense: mientras el Estado provincial prepara una contratación estimada en más de 3.034 millones de pesos para artículos de señalética y elementos de comunicación institucional, la dirección General de Cultura y Educación dispuso destinar apenas 165,44 millones para comprar 800 ventiladores destinados a las escuelas bonaerenses.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió renovar parte de su flota mediante una contratación directa por urgencia para adquirir cuatro vehículos SUV 0 kilómetro, tomando como referencia el Volkswagen Taos o un modelo de características similares, y con una particularidad adicional: el pago será anticipado.

Tres expedientes diferentes. Tres necesidades distintas. Pero una fotografía que, observada en conjunto, invita inevitablemente a discutir cuáles son las prioridades del Estado más grande del país.

Más de 3.000 millones entre señalética y comunicación institucional

El primero de los procedimientos es la licitación pública 614-1014-LPU26, bajo la modalidad de Convenio Marco. El objeto oficial es claro: la “adquisición de artículos de librería, señalética y elementos de comunicación institucional destinados a las jurisdicciones y entidades de la provincia de Buenos Aires”. El convenio tendrá una vigencia de doce meses desde su perfeccionamiento.

El monto estimado de la contratación asciende a 3.034.992.426,28 de pesos y la apertura de ofertas fue fijada para el próximo 8 de octubre.

La convocatoria, casualmente, aparece cuando la provincia se encuentra a las puertas de 2027, un año electoral, y mientras Kicillof profundiza su armado nacional con el Movimiento Derecho al Futuro.

El gobernador dio semanas atrás una de sus señales más explícitas respecto de sus aspiraciones. En el plenario federal realizado en Avellaneda aseguró: “Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa”, mientras su espacio trabaja en propuestas para una eventual gestión nacional.

Precisamente por la cercanía del calendario electoral, la dimensión económica del convenio y la inclusión expresa de señalética y comunicación institucional, la contratación merece un seguimiento particularmente cuidadoso: qué productos serán finalmente adquiridos, por cuáles organismos, en qué cantidades, a qué precios y quiénes terminarán siendo los proveedores beneficiados.

Para las escuelas, 800 ventiladores

El contraste aparece algunas páginas más abajo de la burocracia provincial. La dirección General de Cultura y Educación que conduce Flavia Terigi abrió la contratación menor 6/26 para comprar ventiladores. Sólo serán 800 y, lejos de los miles de millones en cartelería, las escuelas bonaerenses afrontarán la próxima ola de calor repartiéndose poco más de 165 millones de pesos.

Los equipos serán destinados a establecimientos educativos bonaerenses. Y el propio pliego contiene una cláusula particularmente reveladora: autoriza ampliar el contrato hasta un 100 por ciento en caso de que se produzca un “incremento en la necesidad de ventiladores para los establecimientos educativos”.

Es decir, el Estado reconoce expresamente que la demanda puede crecer. La contratación llega, además, cuando octubre acaba de comenzar y las escuelas bonaerenses se encaminan hacia los meses de temperaturas más altas.

Según cifras oficiales de la propia provincia correspondientes a 2024, el sistema bonaerense comprendía 20.639 unidades educativas, de las cuales 14.510 eran estatales, distribuidas sobre 9.699 predios educativos estatales. Allí estudiaban más de 3,6 millones de alumnos del sistema público. Para todos ellos, 800 ventiladores.

Cuatro SUV 0 km y una compra “por urgencia”

En paralelo aparece otro expediente llamativo, aunque en este caso la responsabilidad institucional no corresponde al Poder Ejecutivo sino a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Se trata del expediente 3000-35459-2026, tramitado como contratación directa por urgencia 25/26. SUV. ¿Cuál es la urgencia? Renovar la flota automotor de la Administración de Justicia.

El pliego establece la adquisición de cuatro vehículos SUV nuevos, 0 kilómetro y último modelo, y utiliza expresamente como referencia al Volkswagen Taos o un modelo similar, admitiendo motorizaciones nafteras, diésel o híbridas.

Pero quizá el aspecto más llamativo aparece varios artículos después: La Corte estableció un mecanismo de pago anticipado. El adjudicatario deberá constituir una contragarantía equivalente al 100 por ciento del dinero recibido anticipadamente, pero la mecánica implica que, perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos administrativos, se tramitará el pago antes de la entrega de las unidades.

De hecho, el documento determina que el proveedor tendrá un plazo de 60 días corridos desde la efectiva percepción del pago total adjudicado para entregar los vehículos.

La web oficial de la Suprema Corte también identifica el procedimiento como una adquisición de cuatro SUV para renovar la flota automotor, expresamente “con pago anticipado”, cuya apertura estaba prevista para este 5 de octubre.

La pregunta vuelve a ser otra: ¿por qué cuatro SUV, por qué mediante una contratación directa invocando urgencia y por qué bajo un esquema que permite cobrar antes de entregar los automóviles?

La provincia de las prioridades

La discusión adquiere además una dimensión política especial porque la administración de Axel Kicillof ingresa en su último año completo antes de las elecciones presidenciales de 2027 y el propio gobernador ya dejó de ocultar que construye una alternativa nacional. En agosto encabezó incluso encuentros destinados a elaborar propuestas para una eventual gestión del país y en septiembre afirmó públicamente que podían “contar” con él para construir una opción electoral.

En este escenario, la maquinaria estatal puso en marcha un convenio de hasta más de 3.000 millones de pesos para librería, señalética y comunicación institucional, mientras otro poder del Estado tramita con carácter urgente cuatro SUV 0 kilómetro. Demasiados lujos para una provincia sumida en una crisis histórica, y en la que, más que nunca, las prioridades presupuestarias comienzan a ser decisiones políticas. (www.REALPOLITIK.com.ar)