Alejandra Gómez afirma representar a todos los farmacéuticos, pero enfrenta un cuestionamiento que golpea esa pretensión: el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) acusa a la conducción de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) de privilegiar los intereses patronales y desproteger a los profesionales que trabajan en relación de dependencia.

El conflicto suma un nuevo capítulo después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimara los recursos contra la resolución 83/2025 y confirmara la ampliación de la personería gremial de SAFYB. La decisión, notificada el 29 de septiembre, respalda la representación del sindicato en Entre Ríos, Catamarca y las ciudades de La Plata, San Juan y San Miguel de Tucumán, dentro de los ámbitos profesionales y laborales establecidos por la norma.

La resolución de la secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, había sido dictada el 13 de febrero de 2025 para cumplir una sentencia del 28 de octubre de 2024. No se trató de una concesión discrecional del gobierno: la autoridad administrativa debía ejecutar lo ordenado por la Justicia.

Alejandra Gómez junto al resto de las autoridades de COFA.

Una entidad que también se sienta del lado patronal

El cuestionamiento a Gómez tiene un punto especialmente incómodo para COFA. La entidad que invoca la defensa del conjunto de los farmacéuticos también interviene como representante de los empleadores en la negociación colectiva. Así figura expresamente en la disposición 2157/2025, que homologó un acuerdo con SAFYB dentro del convenio colectivo 707/15: el sindicato participa por la parte trabajadora y la confederación, por la parte empresaria.

Esa doble posición exige explicaciones cuando los intereses de los propietarios entran en conflicto con los de los profesionales asalariados. Representar a la profesión no puede convertirse en una excusa para relegar a quienes cobran un sueldo y asumen responsabilidades sanitarias por su trabajo.

Desde SAFYB denuncian que la conducción de COFA utiliza la controversia sindical para justificar incumplimientos vinculados con los aportes de los trabajadores. Según el planteo gremial, empleadores retendrían esos fondos sin remitirlos al sindicato. La acusación involucra dinero descontado de los salarios y anticipa un frente judicial contra la institución y quienes resulten responsables.

El título profesional también define la representación

La Cámara recogió el criterio que distingue a los sindicatos organizados por actividad de aquellos constituidos por profesión. En el caso de SAFYB, consideró determinantes el título habilitante y la calificación profesional, con independencia de la actividad del empleador. También rechazó que la impugnación de la resolución administrativa sirviera para reabrir lo resuelto judicialmente en 2024.

“Nos preocupa que la entidad que dice representar al farmacéutico pretenda rebajar al profesional a un simple empleado de farmacia”, sostuvo Mariana Funes, secretaria de Organización de SAFYB. El sindicato anticipó que promoverá acciones contra la institución y contra quienes resulten responsables de incumplir las obligaciones legales.

El fallo resuelve la ampliación de la personería gremial; no establece por sí solo el convenio aplicable a cada relación laboral ni acredita las irregularidades denunciadas sobre los aportes. Esa distinción permite ubicar el conflicto con precisión y exigir responsabilidades concretas.

Gómez y la conducción de COFA deberán explicar cómo compatibilizan su discurso de representación profesional con las denuncias de quienes trabajan bajo relación de dependencia. La defensa de los farmacéuticos pierde credibilidad cuando los derechos de los asalariados quedan subordinados a la conveniencia de sus empleadores. (www.REALPOLITIK.com.ar)