Resulta extraño, pero no imposible de observar cómo, con inusitada frecuencia, abundan las contradicciones en las decisiones humanas aún siendo fruto de bienhechoras intenciones o producto de orígenes nobles y propósitos trascendentes.

Algo semejante ocurre con la intervención del denominado Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes (IUCOLL), ex Instituto de Educación Física Dr. Jorge Coll (IEF) de nuestra provincia, porque si bien el Estado, a través de la dirección General de Escuelas (DGE), cuenta con la potestad de gestionar y tutelar la transición del nivel superior no universitario al universitario, el modo en que se transita ese recorrido lo cambia todo. Un proceso de esta envergadura debiera responder a un desarrollo regular y corriente; uno que, lejos de las arbitrariedades e irregularidades, se encauce en el bien común.

Si bien es cierto que este concepto de bien común ha mutado a través de las generaciones y debió ser redefinido por pensadores como John Rawls, cuyos argumentos racionalistas conmovieron y representaron a millones de ciudadanos por igual, dejó algo en claro: el Estado ya no es el proveedor de un fin moral supremo, sino que es el garante de un sistema de condiciones justas para que cada individuo busque su propia idea del bien.

No obstante, cuando un gran número de personas persigue un mismo objetivo, este se corporiza y da lugar, incluso en las formas más prosaicas, a las instituciones. Y entonces es allí o desde allí donde se articulan sus dimensiones teleológica y axiológica, que le otorgan entidad e identidad a los comportamientos organizados que la sostienen.

Esto también va en sintonía con lo que pensaba Jürgen Habermas con relación a las instituciones educativas, quien aducía que éstas pertenecen al mundo de la vida lo que encarna un espacio de comunicación libre, de consenso y cultura. Espacio que es colonizado a veces de forma arbitraria y cuando no forzada por el sistema, es decir, por el poder burocrático y político del Estado.

Frecuentemente, se nos hace difícil comprender que la cohesión identitaria de una institución está ligada a su propia comunidad y a los valores que ésta expresa y defiende. Es decir, son los lazos sociales más evidentes, que se consolidan en la idea de bien común y objeto que posee esa colectividad.

Se podría argüir que hay cierto desconocimiento elemental acerca de la institución que nos ocupa hoy y de su funcionamiento orgánico, pero, a pesar de sus errores y limitaciones, es evidente que puede conducir con diligencia su propio destino hacia el confín universitario, en lo que es dado en llamar una transición instituyente. Esto no significa, ni impone la ausencia de la DGE monitoreando y acompañando la transferencia que legitima a la nueva institución creada, incorporando incluso la participación de otros agentes o simplemente otras personas, que como nosotros pretendimos y aún pretendemos cooperar desde nuestra condición profesional y personal con ese proceso de resignificación y jerarquización institucional.

Si la idea era la de racionalizar la asignación de horas cátedra, de encauzar los aspectos legales y administrativos de la transición, o incluso revisar y ajustar el marco estatutario del nuevo Instituto Universitario a las exigencias de los organismos de evaluación y acreditación nacionales, ¿por qué hacerlo de esta manera?

Pareciera que de repente lo que se escribió con la mano se borra con el codo, quedando todos inmersos en una lucha pírrica de sectores, incluyendo en ella a quienes, teniendo el encargo y la responsabilidad institucional del traspaso, actuaron por omisión o incompetencia, lo que termina alimentando a la intervención y ambas, promoviendo una parálisis institucional
inadmisible.

Ninguno de los decidores involucrados es ajeno al despojo y a la humillación que conlleva para el colectivo profesional y estudiantil este conflicto, aunque se piense exitoso este acto intrusivo, en realidad no resuelve nada y hace aún más estanca la situación, si bien es legal y lícito, suena definitivamente como poco ético.

Necesariamente para lograr el anhelo pretendido por todos, aquello que se relaciona con este proceso, no debería ser ni azaroso ni incongruente como el que se manifiesta hasta el momento. Obviamente, ni la endogamia, ni la autosuficiencia parecen mostrarse eficientes para resolver el problema de fondo, por ende, una Educación Física en migajas es el resultado inmediato de este conflicto.

Cuando deberíamos encontrarnos en el amanecer universitario de nuestro instituto, nos encontramos en un crepúsculo inaceptable. Es algo verdaderamente extraño cuando hace poco tiempo atrás se pensaba en una institución jerarquizada por su quehacer y no solo como hoy sucede, que todo se reduce a su denominación.

En definitiva, es lamentable admitir que el nacimiento de la nueva institución universitaria no vino con un pan bajo el brazo, sino con las migajas de un proyecto anclado en las lógicas de sus litigantes. Por todo ello, la intervención o normalización de una institución educativa de educación superior suena extraña, disonante y anacrónica a la entidad democrática que la rige y dignifica. 

El gobernador Alfredo Cornejo.

Autonomía y diálogo para recuperar el proyecto universitario

La auténtica y legítima universitarización no subyace únicamente en el andamiaje legal y en su rigor burocrático. Tampoco puede reducirse a una idea precaria de la historia de una institución con más de 60 años de existencia. Su entramado se construye en comunidad, reivindicando el conocimiento científico; la educación plena, el interaccionismo social y la labor sinérgica de sus cuadros profesionales, especialmente preparados y dispuestos para gestionar con experticia.

Solo así se podría pensar en una organización humana que vive y se sueña en el cambio constante y en una transformación trascendente. 

Se nos ocurre que la única forma plausible de avanzar es reconstituyendo un diálogo libre de imperativos y condicionamientos unilaterales, con una convocatoria abierta, donde estudiantes, docentes, egresados y no docentes den cuenta de sus necesidades y de sus aspiraciones. Ahora bien, tienen que estar involucrados decididamente, sus cuadros profesionales con mayor rigor académico y trayectoria en las instituciones formadoras de la provincia, que son y han sido parte de esta institución. Entendemos, que todo esto contribuirá a trazar una hoja de ruta probable, una agenda necesaria para asegurar esa transferencia, difícil pero prometedora para un cambio tan radical como el que nos hemos propuesto e instalado en la sociedad mendocina.

Sabemos que solo podremos lograr esto con el restablecimiento real y pleno del Consejo Académico y su accionar democrático. Amputar su autonomía y su poder de decisión, instala en lo tácito la aprensión, el retraso y la inmovilidad institucional. 

No queremos que el Instituto Universitario sea una obra inconclusa, una fachada de gala mantenida solamente por una denominación. Pretendemos un Instituto digno, emancipado y abierto a la comunidad. Parafraseando a los impulsores de la Reforma Universitaria que tan bien la pensaron en 1918, la soberanía académica y la autonomía institucional, residen en su comunidad —en sus docentes, estudiantes y egresados— y no en la voluntad de un rector y mucho menos en el arbitrio de un interventor. Solamente desde esa firmeza democrática garantizaremos que ningún tirano o inescrupuloso pretenda adueñarse de una cátedra. Por eso el Estado debe financiar este proyecto y no subsidiarlo como si él fuera un patrón, entendiendo que su rol es el de representar el esfuerzo de los contribuyentes para garantizar este propósito superior.

No podemos vivir en el espejismo de pensarnos democráticos solo cuando nos conviene, de percibirnos académicos simulando acciones de otras instituciones señeras, de sentirnos innovadores cuando la tentación de volver a un pasado autoritario nos exonera de cumplir con la sociedad en su conjunto, convenciéndonos que haciendo lo que nos conviene, pareciera que hacemos lo que corresponde.

Lo que subyace a esta intemperie académica, a esta orfandad pedagógica, es que a quienes se perjudica sobradamente es a los niños y jóvenes de nuestra comunidad, a los beneficiarios y destinatarios reales de una disciplina educativa que tiene mucho más por ofrecer.

(*) Gustavo Scaffido es profesor doctorado en Ciencias de la Educación. El artículo fue escrito junto a Mario Carosio, profesor de Educación Física.