Una auditoría sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) expuso deficiencias administrativas en Tierra del Fuego: documentación incompleta, sistemas informáticos fragmentados y dificultades para determinar deudas entre organismos. La fiscalización alcanzó al Poder Ejecutivo y a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), y derivó en requerimientos para corregir los circuitos de gestión.

El expediente también dejó una consecuencia para el gabinete del gobernador Gustavo Melella. El Tribunal de Cuentas apercibió a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, por incumplir la presentación de un plan de acción. A la ministra de Salud, Judit Jésica Rosana Di Giglio, le rechazó un pedido de ampliación del plazo para responder a otro requerimiento de la misma auditoría.

Documentación incompleta y cuentas sin conciliar

La resolución plenaria 118/2026 concluyó la fiscalización y aprobó los informes finales. Entre los hallazgos aparecen normas dispersas, procedimientos sin formalizar, deficiencias contables y falta de conciliaciones periódicas. La deuda histórica al 31 de diciembre de 2023 seguía sin cuantificarse. El trabajo registró 834 beneficiarios activos al 30 de junio de 2025.

Resolución 118/2026: hallazgos y requerimientos de la auditoría del RUPE.

Las observaciones describen problemas de administración y control. Por sí mismas, al momento no acreditan que los beneficiarios hayan cobrado indebidamente ni permiten atribuirles un fraude.

Resolución 141/2026: apercibimiento a la ministra María Emilia Lucía Rossi.

El Tribunal exigió planes con medidas, responsables y plazos a los organismos involucrados. Dispuso que pudieran ejecutarse en un máximo de dos meses y mantuvo el seguimiento a cargo de la Secretaría Contable. El cierre formal de la auditoría, por lo tanto, dejó obligaciones de corrección pendientes de seguimiento.

El apercibimiento a Rossi y el pedido de Salud

El requerimiento dirigido a Rossi establecía diez días desde la notificación para presentar un plan aprobado mediante un acto administrativo. Debía atender recomendaciones sobre situaciones susceptibles de obstaculizar o perjudicar las funciones de control del Tribunal. La notificación se produjo el 21 de agosto de 2026 y el plazo venció sin cumplimiento, según los fundamentos de la resolución plenaria 141/2026.

El organismo aplicó un apercibimiento y concedió cinco días corridos adicionales, bajo advertencia de multa. La sanción documentada es ese apercibimiento: la resolución no acredita que posteriormente se haya aplicado una penalidad económica.

En Salud, la respuesta tomó otro camino. El 28 de agosto, el director general de Facturación y Recupero, Damián Ezequiel Malandra, solicitó por instrucciones de Di Giglio una extensión de treinta días hábiles. El Tribunal la rechazó mediante la resolución plenaria 127/2026 y mantuvo el plazo original para presentar el plan requerido.

Resolución 127/2026: rechazo al pedido de prórroga del ministerio de Salud.

También hubo una medida correctiva. La Contaduría General aprobó, mediante la resolución 255/2026, un plan de fortalecimiento del control interno con cuatro anexos. Incluye procedimientos para pagos de OSEF, acreencias de Salud, facturación hospitalaria y cancelación de facturas entre la obra social y Bienestar Ciudadano. Su aprobación constituye una respuesta administrativa; no demuestra, por sí sola, que todas las observaciones hayan quedado subsanadas.

Resolución 255/2026: aprobación del plan de fortalecimiento del control interno.

Para la gestión de Melella, el expediente deja una obligación concreta: acreditar que las correcciones se ejecutaron. La administración de un régimen de protección social requiere registros confiables y coordinación entre los organismos que financian y prestan la atención. El seguimiento dispuesto por el Tribunal permitirá evaluar ese cumplimiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)