Tras muchas idas y vueltas, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó una multa de 200 mil pesos al intendente de la municipalidad de La Matanza, Fernando Espinoza, por incumplimientos detectados en la rendición de cuentas del ejercicio 2022. La decisión, firmada el 24 de septiembre de 2026, mantuvo también sanciones contra otros funcionarios municipales después de analizar el recurso de revisión presentado por los responsables.

El fallo 544/2026 ratificó, además, una multa de 100 mil pesos al contador municipal Claudio Fernando Aulicino; amonestaciones al tesorero Juan Ignacio Farías y a la directora General de Personal, Elizabeth Vanesa Coleur; y llamados de atención al secretario de Economía y Hacienda, Marcelo Darío Giampaoli, y a la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Alejandra Pintos. Las sanciones habían sido impuestas el 24 de abril de 2024.

La revisión expuso una sucesión de problemas en la administración de Espinoza: información tributaria incompleta, informes de gestión presentados fuera de término, libros bancarios con hojas faltantes y declaraciones de funcionarios que no fueron entregadas o llegaron tarde. Los descargos municipales no alcanzaron para levantar esas observaciones. En distintos apartados, el organismo reiteró que “el incumplimiento subsiste”.

Documentación incompleta y explicaciones que no alcanzaron

Uno de los cuestionamientos fue la falta de envío completo del listado semestral de contribuyentes, que debía detallar la situación de cada uno frente a sus obligaciones fiscales con la municipalidad. Por ese incumplimiento, el Tribunal señaló como responsables a Espinoza y a Giampaoli.

La defensa municipal explicó que estaba desarrollando un sistema propio para integrar la información tributaria y sostuvo que ya podía generar reportes sobre los principales tributos. Sin embargo, el fallo indicó que “no adjuntaron constancias al respecto” y confirmó que los antecedentes remitidos al organismo de control seguían incompletos.

Otra observación alcanzó al intendente y a Pintos por la presentación tardía de los informes sobre el cumplimiento de los programas y planes de gobierno de sus respectivos presupuestos. Esos documentos debían acompañar la rendición de cuentas, con fecha límite del 31 de marzo del año siguiente al ejercicio analizado. Fueron enviados después del requerimiento de la división relatora.

Los funcionarios argumentaron que habían aportado lo solicitado y que no existió perjuicio para las arcas municipales. El Tribunal mantuvo el argumento: la entrega posterior no eliminaba el incumplimiento del plazo.

También quedaron confirmadas las observaciones sobre el libro bancos del primer y tercer trimestre de 2022, presentado de manera incompleta y fuera de término. El documento describe que “faltaban hojas y no respetaba la correlatividad” y atribuye responsabilidad a Espinoza.

A eso se sumaron faltantes y demoras en las declaraciones juradas web de información y constitución de domicilios de distintos funcionarios. En este caso, fueron señalados el intendente y la directora de Personal, Coleur.

Fernando Espinoza y Claudio Fernando Aulicino.

Una diferencia de 48 millones y desajustes en los fondos

En el terreno contable, el fallo confirmó una observación por una diferencia de 48.349.243,04 pesos entre el acta de arqueo de caja y el estado de composición del saldo de caja al cierre del ejercicio. El primer documento consignaba 541.447.023,62 pesos, mientras que el segundo registraba 589.796.266,66 pesos.

El municipio había aportado explicaciones vinculadas con comisiones de bancos privados pendientes de registro. El Tribunal mantuvo la observación y señaló como responsables al contador Aulicino y al tesorero Farías.

También cuestionó un saldo deudor de 342.948,40 pesos en fondos rotatorios, correspondiente a excedentes de anticipos para gastos menores de caja chica que no habían sido devueltos al finalizar 2022. Aunque las devoluciones y rendiciones se completaron durante enero y febrero de 2023, el organismo sostuvo el incumplimiento por no haber cerrado el procedimiento dentro del ejercicio correspondiente.

Otro apartado advirtió que los saldos contables de distintas clases de fondos no estaban respaldados por sus respectivas cuentas bancarias. El fallo describió compensaciones entre esas cuentas y aclaró expresamente que ello no implicaba un faltante de fondos. La observación se centró en el incumplimiento de las reglas de administración y registración.

La revisión sí tuvo un resultado favorable para Espinoza en un punto: el Tribunal dejó sin efecto un cargo de 677.784,61 pesos que se le había impuesto solidariamente con el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Rosario Gabriel Fusca y Aulicino. La documentación aportada fue considerada suficiente para levantar ese reparo.

Ese reconocimiento no modificó las multas ni las restantes sanciones revisadas. El organismo fijó 90 días para depositar los importes y ordenó comunicar la resolución al ministerio de Gobierno bonaerense y a la Municipalidad de La Matanza. Para la gestión de Espinoza, el recurso dejó un resultado concreto: logró revertir un cargo económico, pero no las sanciones por las fallas documentales y contables examinadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)