El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó sanciones vinculadas con irregularidades en la administración de Chacabuco durante el ejercicio 2021, cuando el municipio estaba encabezado por Víctor Aiola. La resolución, fechada el 24 de septiembre de 2026, mantuvo observaciones sobre contrataciones, manejo de fondos y registros patrimoniales, aunque dejó sin efecto un cargo económico tras recibir documentación que acreditó el destino de un subsidio escolar.

El fallo 545/2026 resolvió las presentaciones contra la decisión original de marzo de 2023. Ratificó una multa de 40 mil pesos a la contadora municipal Estela Adriana Ferrari, una amonestación a la jefa de Compras, Mariana Camera, y un llamado de atención a la responsable de Patrimonio, Myrian Fabiana Beleche. El expediente también deja constancia de que Aiola había abonado una multa de 60 mil pesos y Ferrari la de 40 mil en mayo de 2023.

Oxígeno y camiones: las contrataciones cuestionadas

Una de las observaciones corresponde a la contratación de oxígeno medicinal a Air Liquide por 7.935.006 pesos. La administración municipal utilizó una licitación privada, pese a que el Tribunal determinó que la operación superaba el límite permitido para ese procedimiento.

La defensa sostuvo que repetir el llamado demoraría al menos treinta días la contratación, en un contexto inflacionario, y destacó que el oxígeno era indispensable para el hospital municipal. También señaló que Air Liquide era el único proveedor que se presentaba a las convocatorias. El organismo de control mantuvo el reparo: esas explicaciones no subsanaban el incumplimiento de la normativa.

La segunda contratación observada fue la compra directa de dos camiones regadores a Rental Trucks por 7.461.000 pesos. El procedimiento previo, declarado desierto, había sido convocado para adquirir tres chasis. Sin embargo, luego se compraron dos equipos completos, con tanque de agua y sistema de riego.

Para justificar la operación, el municipio invocó una oportunidad comercial que permitía entregar cinco equipos fuera de uso como parte de pago. El Tribunal sostuvo que, al tratarse de bienes diferentes de los previstos originalmente, correspondía realizar una nueva licitación. También señaló que la ordenanza que convalidó la contratación fue posterior a la compra.

Fondos e inventarios con diferencias

El fallo mantuvo además observaciones sobre fondos afectados y de terceros cuyos saldos contables no estaban respaldados en las cuentas bancarias correspondientes. Las diferencias alcanzaban los 79.999.600 pesos y los 53.359.397,65 pesos, respectivamente, y encontraban compensación en fondos existentes en cuentas de recursos ordinarios.

El cuestionamiento apunta al manejo y la separación de esos recursos. La resolución no concluye que esas sumas hayan desaparecido, pero considera que la situación incumplía las reglas de administración financiera.

En materia patrimonial, el Tribunal ratificó una observación por una diferencia de 25.477.529,82 pesos entre el inventario de bienes físicos y el Estado de Evolución del Activo. Aunque se realizaron ajustes durante 2022, sostuvo que los registros presentaban inconsistencias al cierre del ejercicio examinado.

La revisión sí resultó favorable en un punto: se eliminó un cargo de 90.928,13 pesos que debían afrontar solidariamente Aiola y Ferrari, vinculado con la falta de documentación de un subsidio de 58.000 pesos para la cooperadora de la Escuela Nro. 20. La presentación de una factura por cuatro pizarras permitió verificar la aplicación del gasto.

Con esa modificación, el Tribunal mantuvo los restantes cuestionamientos examinados. Para la gestión de Aiola, las explicaciones sobre urgencia, conveniencia comercial y correcciones posteriores no alcanzaron para revertir las observaciones sobre cómo se contrataron bienes y se administraron los recursos municipales. (www.REALPOLITIK.com.ar)