El abogado Marcos Erregue conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la resolución de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional mediante el cual se intentaba suspender la ley de Financiamiento Universitario. Además, adelantó los alcances de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fija límites a las publicaciones anónimas y al acoso en redes sociales.

Al referirse al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Erregue explicó que la estrategia judicial buscaba frenar la decisión oficial de condicionar los fondos a normativas anteriores. "Las universidades le dijeron al juez que el artículo 9 de la ley de Financiamiento Universitario es muy claro y dice punto por punto cómo se va a financiar y de dónde van a salir los recursos. La Justicia le dijo al Ejecutivo: 'Estás equivocado, tenés que cumplirla porque está bien definido el recurso'", remarcó el letrado.

Límites constitucionales al Poder Ejecutivo

En relación con el trasfondo institucional del fallo, el especialista subrayó la jerarquía de las normas aprobadas por el Poder Legislativo y el rol del control de constitucionalidad. "El decreto decía que hasta no tener definida la fuente de financiamiento no la podía cumplir. El juez dijo que la fuente está en la ley y que dos leyes tienen la misma jerarquía. Esta ley es específica del ámbito educativo, vale, y el decreto es inconstitucional", sostuvo.

Respecto del recorrido que seguirá la causa, Erregue anticipó que el expediente avanzará en las instancias superiores. "Es muy probable que esta discusión pase por la Cámara de Apelaciones y termine en la Corte Suprema, o bien que el Estado nacional plantee un per saltum para acelerar los tiempos", indicó.

El fin del anonimato y la responsabilidad de las plataformas digitales 

Durante la entrevista, el abogado destacó también una reciente resolución vinculada a un caso de difamación en redes sociales iniciado en La Plata. "La Corte estableció que la empresa Meta tiene la responsabilidad de bajar publicaciones anónimas si afectan el honor o la dignidad de una persona, y además obliga a la plataforma a darle al damnificado la identidad de quienes crearon la cuenta trucha", precisó.

Finalmente, Erregue remarcó el impacto que tendrá esta doctrina judicial en el ámbito digital y en el combate contra los trolls. "A partir de este fallo esto va a cambiar porque abre la puerta a la responsabilidad civil y económica de las empresas de internet. Se termina el anonimato para muchos que ensucian en las redes y se les va a poder exigir una indemnización por los daños causados", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)