El gobierno de Alberto Weretilneck pidió un préstamo millonario a través del BID que pasó por la Legislatura de Río Negro. Una parte será para llevar electricidad a campos privados entre General Conesa y Guardia Mitre. En esa zona, los sobrinos segundos de Mauricio Macri, compraron un establecimiento de 1.600 hectáreas por 2 millones de dólares, con costa sobre el río Negro. La provincia asumirá compromisos financieros de largo plazo para construir infraestructura que permitirá reducir costos y ampliar la producción agropecuaria. Los propietarios alcanzados podrán mejorar sus negocios y los rionegrinos deberán pagar el crédito internacional en dólares. 

El punto más incómodo para el oficialismo está ahí. Mientras persisten reclamos por servicios básicos en barrios de la provincia, la administración provincial proyecta destinar unos 14 millones de dólares a electrificación rural en Guardia Mitre. El anuncio detalla kilómetros de tendido y ventajas productivas, pero la información revisada no permite identificar a todos los dueños beneficiados ni establecer cómo devolverán la inversión. La compra de los Macri obliga a examinar ese reparto con nombres, parcelas y números concretos.

La provincia se endeuda y los campos pueden ganar valor

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el 5 de agosto de 2026 un préstamo de 80 millones de dólares para el Programa de Desarrollo Productivo Rural de Río Negro. Con una contrapartida local de 5 millones de dólares sobre los 85 millones en total. Las condiciones incluyen 25 años de amortización, cinco años y medio de gracia y una tasa de interés basada en SOFR. Son compromisos que exceden ampliamente el mandato del gobernador y alcanzarán a futuras administraciones. La aprobación tampoco significa que todos los fondos ya hayan sido desembolsados.

La obra de Guardia Mitre contempla 85 kilómetros de red eléctrica en 33 kV y tres centros de transformación. Partirá de la estación transformadora cercana a Conesa, cruzará la ruta nacional 251 y el río Negro y avanzará por la Margen Norte. Su finalidad productiva es llevar potencia para bombeo y riego presurizado. El propio gobierno calcula que permitiría reducir más del 50 por ciento el costo energético por hectárea.

Esa reducción representa una ventaja económica para los establecimientos alcanzados. Acceder a electricidad puede permitir que tierras utilizadas para ganadería extensiva se incorporen a una explotación agrícola más intensiva. También puede aumentar su atractivo comercial. La discusión es quién paga esa transformación y qué recibe a cambio la comunidad que sostiene el financiamiento. Anunciar producción y empleo no alcanza para justificar cualquier distribución del dinero público.

Además, la nueva red aprovechará infraestructura construida previamente mediante el Plan Castello, como la estación transformadora de Conesa y su conexión con El Solito. El desarrollo de esos negocios rurales descansa sobre sucesivas inversiones públicas. La provincia aporta condiciones para producir; corresponde conocer qué esfuerzo financiero asumirán quienes obtengan las mayores ventajas.

Los Macri compraron tierra y armaron una empresa familiar

Según diferentes investigaciones, los sobrinos segundos de Mauricio Macri compraron durante la segunda mitad de 2025 un campo de 1.600 hectáreas próximo a Guardia Mitre, lindero al río Negro, con sectores de valle y meseta. La operación habría superado los 2 millones de dólares. El establecimiento pertenecía a una familia local que hacía ganadería extensiva en secano, cuyos nombres no fueron publicados.

Los compradores también presentaron un pedido de factibilidad eléctrica ante EdERSA, según la misma información. El trámite resulta compatible con un posible proyecto bajo riego, aunque no acredita una conexión autorizada. La ubicación catastral y el alcance de la nueva línea sobre esa propiedad siguen pendientes de comprobación. La coincidencia territorial abre una pregunta concreta sobre el beneficio que podrían recibir los Macri.

Una publicación oficial aporta otra pieza del entramado. El 9 de diciembre de 2025, el Boletín Oficial informó la constitución de Agropecuaria Alto Valle SA, mediante escritura del 27 de noviembre, integrada por los sobrinos segundos del expresidente de la Nación.

El objeto social comprende la compra y explotación de campos, actividades agrícolas y ganaderas y generación de energía a partir de derivados agropecuarios. El aviso no identifica las tierras de Guardia Mitre como parte de su patrimonio ni explica cómo se financió la compraventa, pero amplía la investigación más allá de una inversión atribuida solamente a dos hermanos.

El privado obtiene rentabilidad: ¿por qué no devuelve la inversión?

La pregunta ya fue planteada por la oposición. Legisladores de Vamos con Todos y PJ–Nuevo Encuentro, entre ellos José Luis Berros, Magdalena Odarda y Alejandra Mas, reclamaron identificar ubicación, superficie y titulares de las parcelas alcanzadas por las obras del BID. También solicitaron reconstruir adjudicaciones y transferencias de tierras fiscales desde 2012. El reclamo apunta a una información elemental que debería acompañar cualquier anuncio de inversión: quiénes recibirán el beneficio concreto.

María Emilia Soria llevó la discusión al reparto de los costos. Propuso que los propietarios reintegren la inversión mediante la rentabilidad futura y cuestionó las prioridades frente a barrios que necesitan electrificación y vecinos que no pueden sostener el pago de los servicios. También mencionó versiones sobre campos vinculados con los Macri, aclarando que no tenía esa relación confirmada. Su planteo exige una respuesta que el discurso sobre el crecimiento productivo no reemplaza, que es cómo recuperará el Estado lo invertido en beneficio de patrimonios particulares.

El ministro Carlos Banacloy explicó que acercar la infraestructura a los establecimientos constituye una primera etapa y que luego hacen falta inversiones dentro de cada predio. También anunció gestiones para facilitar financiamiento para esas instalaciones. Pero comprar bombas, construir una conexión interna o pagar el consumo mensual no equivale a devolver el costo de la red que la provincia financia. En la documentación revisada no se identificó un mecanismo específico de recupero de esa inversión entre los propietarios beneficiados.

El BID proyecta que la obra también mejorará el servicio de 566 hogares de Guardia Mitre. Ese beneficio residencial debe contemplarse, pero no elimina la obligación de precisar cuánto se invierte para resolver necesidades de la población y cuánto para incrementar la capacidad productiva de los campos. Tampoco demuestra que pequeños productores y grandes propietarios recibirán ventajas equivalentes.

La deuda exige más explicaciones que una promesa de empleo. Weretilneck debe publicar la traza completa, las parcelas beneficiadas, sus propietarios y los aportes que hará cada uno. También debe justificar esa prioridad frente a las necesidades de electricidad y saneamiento de los barrios. Si el financiamiento público mejora negocios privados, la devolución y el reparto de los beneficios tienen que formar parte del proyecto desde el comienzo.

La compra de los Macri fue informada y la sociedad familiar está documentada. Faltan la escritura, los vendedores, los permisos específicos y el cruce catastral con la obra. Esos documentos permitirán establecer quién recibe qué y a costa de quién. Los rionegrinos no deberían enterarse de quién ganó con la inversión cuando ya estén pagando la deuda. (www.REALPOLITIK.com.ar)