La provincia de Buenos Aires lanzó una licitación pública bajo modalidad de convenio marco para la adquisición de vehículos destinados a distintas jurisdicciones y organismos bonaerenses, con un presupuesto oficial de 262.248.484.649 pesos y una vigencia prevista de doce meses.

El procedimiento, identificado como 614-1060-LPU26, fue impulsado por el Organismo Provincial de Contrataciones, a cargo de María Victoria Anadón -cuñada del ministro Nicolás Kreplak- y contempla un catálogo de hasta 3.420 vehículos, distribuidos en 30 renglones que incluyen patrulleros, motocicletas, camionetas, automóviles administrativos, minibuses, utilitarios y ambulancias. Poco y nada, pareciera quedar de la crisis financiera que el propio gobernador Axel Kicillof aseguró que atraviesa la provincia.

Cifras extraordinarias

La cifra, por sí sola, es extraordinaria y funciona como un convenio marco: la provincia seleccionará a uno o más proveedores y, durante los doce meses de vigencia, los distintos organismos podrán emitir órdenes de compra sobre los vehículos incluidos en el catálogo.

De hecho, el pliego particular establece expresamente que la provincia “no garantiza” que las cantidades estimadas sean efectivamente adquiridas, ni tampoco que todos los bienes incluidos en el catálogo terminen generando órdenes de compra.

Pero esa aclaración no reduce la dimensión del proceso. Por el contrario, permite observar la escala potencial del esquema de compras que el gobierno bonaerense pretende tener disponible durante el próximo año.

El grueso del catálogo está orientado a Seguridad. Sólo entre los primeros renglones aparecen 500 pickups 4x2 manuales para patrullaje preventivo, otras 500 automáticas, 400 sedanes patrulleros manuales, otros 400 automáticos, 200 motocicletas para patrullaje bitripulado, 50 pickups 4x4 para seguridad rural y otras 50 4x4 automáticas.

También se prevén vehículos para patrullaje táctico, entre ellos pickups y sedanes identificables, además de móviles multipropósito.

También para los funcionarios

Pero uno de los puntos que más llama la atención aparece en las categorías destinadas a usos administrativos y traslado de personal.

El pliego contempla 180 pickups 4x2 manuales no identificables y otras 180 pickups 4x2 automáticas no identificables, ambas destinadas al traslado de personal. A ellas se suman 50 sedanes o hatchbacks no identificables, 30 automóviles automáticos también no identificables, 50 furgones multipropósito y 30 sedanes medianos automáticos no identificables con una potencia mínima de 145 caballos de fuerza.

En total, el esquema contempla alrededor de 520 vehículos descriptos como no identificables o destinados al traslado de personal, una categoría cuyo destino final dependerá de las órdenes de compra que realicen los organismos adheridos al convenio.

El universo administrativo es aún más amplio. Según la afectación consignada en las primeras cuatro páginas del pliego técnico, unas 740 unidades estimadas aparecen clasificadas como de uso “administrativo”.

Dentro de ese grupo aparecen 35 minibuses para hasta 20 personas, otros 35 minibuses adaptados con rampas para personas con discapacidad y otros 35 minibuses de hasta 18 ocupantes. También se incluyen 20 pickups doble cabina 4x4 con potencia de entre 130 y 200 CV y otras 40 pickups 4x4 de 160 CV, además de 200 utilitarios administrativos.

El paquete también incorpora una cantidad significativa de unidades vinculadas al sistema sanitario. El convenio contempla 30 ambulancias de alta complejidad 4x2, 70 ambulancias de media complejidad y 20 ambulancias de alta complejidad 4x4, lo que arroja un total estimado de 120 ambulancias.

La coexistencia de patrulleros, ambulancias, minibuses, vehículos administrativos y unidades no identificables dentro de un mismo convenio convierte a la licitación en una de las contrataciones vehiculares más voluminosas de la administración bonaerense reciente.

Otro aspecto relevante es que los precios no necesariamente permanecerán congelados durante los doce meses. El pliego prevé que los proveedores puedan solicitar revisiones mensuales de precios, mientras que las mejoras de precio y la reposición de stock podrán gestionarse cada quince días. Incluso, si una orden de compra se emite mientras una revisión de precios se encuentra pendiente de resolución, el proveedor podrá posteriormente reclamar la diferencia mediante una orden de compra complementaria.

Esto implica que los 262.248 millones del presupuesto oficial funcionan como referencia inicial del procedimiento, pero no necesariamente como el costo definitivo de todas las operaciones que puedan realizarse durante la vigencia del convenio.

La apertura de ofertas está prevista para el 22 de octubre de 2026, por lo que recién entonces comenzará a conocerse qué automotrices, concesionarias o proveedores competirán por cada uno de los segmentos. Será allí donde aparecerá el segundo capítulo de la historia: qué empresas participan del negocio, cuánto cotizan, qué modelos concretos propone y qué precio termina pagando la provincia por cada unidad.

Por ahora, los números ya permiten dimensionar el proyecto: un convenio vehicular por más de 262.000 millones, con hasta 3.420 unidades estimadas, cientos de patrulleros, 120 ambulancias, decenas de minibuses y una significativa flota de vehículos administrativos y no identificables. Una suerte de enorme vidriera automotor estatal, preparada para abastecer durante doce meses a buena parte de la estructura bonaerense. La misma que, desde hace tiempo, continúa con grandes retrasos en los pagos a sus proveedores y ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. (www.REALPOLITIK.com.ar)