La aseguradora que apareció en el homenaje al capitán de la selección fue demandada por coberturas presuntamente no consentidas. Negó los hechos y cuestionó la notificación a sus clientes por su “costo reputacional”. Los registros oficiales también documentan 47 adjudicaciones del Estado y compras de tierras estatales por 19,2 millones de dólares.

El pasado martes 6 de octubre, después del triunfo de Argentina por 3 a 0 ante Benín en el Monumental, el espectáculo de drones del homenaje a Lionel Messi mostró el logotipo de Sancor Seguros antes de proyectar las imágenes dedicadas al capitán de la Selección Argentina justo en el momento más emotivo del show. Parte del público respondió con silbidos y abucheos, y parte quedó sumergido en el silencio del asombro. Solo bastaron segundos segundos para que explotaran las redes sociales con reclamos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Esta sobreexposición de la marca, lejos de mostrar una estrategia de marketing tradicional, terminó motivando una revisión de los antecedentes de la compañía. Entre ellos aparece una demanda colectiva por seguros de personas que, según una asociación de consumidores, fueron incorporados a pólizas de automóviles y motos sin que los clientes los hubieran solicitado ni consentido. Sancor negó los hechos y pidió el rechazo del reclamo.

El expediente contiene una controversia adicional: cómo informar a los asegurados sobre la existencia del proceso. La compañía cuestionó primero la publicación de un aviso en Clarín y después el envío de correos electrónicos a los clientes comprendidos en la demanda. Entre sus argumentos invocó el “costo reputacional” que esas comunicaciones podrían ocasionarle.

La relación de Sancor con el fútbol argentino tiene más de una década. El convenio inicial con la AFA se firmó el 7 de septiembre de 2012 por 4 años, e incluyó acciones publicitarias y coberturas de seguros. En 2022, representantes del grupo describieron campañas vinculadas con la Selección e incentivos comerciales para productores de seguros que incluían viajes al Mundial de Qatar. La documentación a la que este medio accedió no permite establecer quién contrató la aparición de la marca en el espectáculo de drones, cuánto costó ni quién asumió ese pago.

Sancor Seguros: la demanda colectiva por coberturas presuntamente no consentidas

La acción judicial fue promovida el 20 de abril de 2023 por la Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios (ADACU). El expediente 6910/2023 figuraba en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18, a cargo de Valeria Pérez Casado, secretaría Nro. 36, cuando se publicó el aviso judicial del 13 de marzo de 2026.

Según ese edicto, ADACU cuestionó la comercialización de seguros de personas incluidos en pólizas de automóviles y motos. Sostuvo que los asegurados no habrían solicitado ni consentido esas coberturas y que desconocerían su existencia. El fallo de la Cámara identifica el reclamo con seguros de accidentes personales. La cooperativa contestó la demanda, negó las conductas atribuidas y solicitó su rechazo.

El 21 de agosto de 2025, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Damián Heredia y Gerardo Vassallo, confirmó que ADACU estaba legitimada para impulsar la acción colectiva. Consideró que la práctica denunciada podía constituir un hecho común a distintos asegurados, aunque los eventuales perjuicios individuales debieran acreditarse en cada caso.

En esa misma resolución, los jueces examinaron la oposición de Sancor a las medidas destinadas a comunicar la existencia del proceso. El juzgado había dispuesto inicialmente un aviso destacado en Clarín. Ante el planteo de la aseguradora, lo reemplazó por correos electrónicos dirigidos a asegurados y exasegurados que integraran el grupo comprendido en la demanda. La empresa también recurrió esa decisión, alegando falta de previsión legal y el posible impacto sobre su reputación.

La Cámara respaldó el envío de esas comunicaciones y la publicación de un aviso en el Boletín Oficial. Consideró que esas medidas eran necesarias para que los consumidores conocieran la existencia de la acción colectiva y pudieran ejercer sus derechos.

También dejó sin efecto la decisión del juzgado que había aceptado el argumento de Sancor de que el plazo para reclamar estaba vencido. Los jueces consideraron que, antes de resolver ese planteo, era necesario producir las pruebas y evaluar los hechos discutidos. Por eso, dispusieron que la prescripción se analizara al dictar sentencia. Además, impusieron a la aseguradora las costas de esa instancia.

La notificación tiene una consecuencia concreta para los clientes. El artículo 54 de la ley de Defensa del Consumidor establece que una sentencia favorable al reclamo colectivo alcanza a los consumidores que se encuentren en condiciones similares, salvo quienes hayan manifestado su voluntad de excluirse conforme a lo dispuesto por el tribunal. El edicto de marzo de 2026 informó un plazo de 30 días corridos desde la publicación de las medidas de publicidad para expresar esa decisión.

Ese aviso es la última actuación verificada al momento de esta nota. No se confirmó el estado posterior del expediente ni se pudo establecer, con la documentación examinada, cuántas pólizas comprende el reclamo o cuál sería su alcance económico.

Sancor también registra antecedentes como proveedora de seguros de organismos públicos. La ficha de Datok la identifica como inscripta en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) e informa 47 adjudicaciones entre 2018 y 2026, junto con un acumulado histórico de 175.834.454 en pesos nominales. El listado incluye contrataciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), dependencias de Vialidad Nacional y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), entre otros organismos. También incorpora tres adjudicaciones inmobiliarias, por lo que las 47 operaciones no corresponden exclusivamente a servicios de seguros. 

Fuente: Datok.

La revisión de los registros públicos también permitió identificar operaciones inmobiliarias de la cooperativa con el Estado. Son antecedentes independientes de la demanda y del patrocinio deportivo: tres subastas realizadas el 19 de diciembre de 2018, cuyas adjudicaciones fueron aprobadas en 2019, por un total de 19.200.100 de dólares.

Los inmuebles corresponden a cuatro parcelas de la antigua playa ferroviaria de Colegiales, sobre la calle Moldes, entre las prolongaciones de Palpa y Aguilar. Las subastas fueron gestionadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y las adjudicaciones se dispusieron mediante decisiones administrativas de la jefatura de Gabinete, firmadas por Marcos Peña y Rogelio Frigerio.

La decisión administrativa 113/2019 adjudicó a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada las parcelas 5 y 6, con una superficie conjunta de 1.646,46 metros cuadrados, por 8.150.000 dólares. La 112/2019 adjudicó la parcela 4, de 897,10 metros cuadrados, por 5.600.000 en la misma moneda. Ambas se publicaron el 27 de febrero de 2019.

La tercera adjudicación fue aprobada mediante la decisión administrativa 212/2019, publicada el 26 de marzo de ese año. Comprendió la parcela 7, de 897 metros cuadrados, por 5.450.100 dólares. Las cuatro parcelas sumaron 3.440,56 metros cuadrados.

En las 2 primeras subastas, Sancor fue la única oferente; en la tercera participó junto con EMFISA SA. Las decisiones administrativas consignan que las ofertas adjudicadas superaron las bases fijadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y que se habían abonado señas equivalentes al 10 por ciento de cada oferta.

En estas operaciones, el Estado intervino como vendedor y Sancor como adjudicataria. Los 19,2 millones de dólares corresponden a los precios de adjudicación de los terrenos, no a contratos de seguros pagados por organismos públicos. Los actos examinados acreditan esas adjudicaciones y las señas registradas, sin permitir confirmar por sí solos la cancelación íntegra del precio ni la posterior escrituración.

No hay dudas de que el homenaje a Messi dio nueva exposición a Sancor Seguros, tanta que terminó motivando la revisión de estos antecedentes. En el expediente judicial, la discusión de fondo consiste en determinar si existieron coberturas contratadas sin consentimiento y, de acreditarse, cuál fue su alcance entre los asegurados. La compañía negó los hechos y la resolución analizada no determinó su responsabilidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)