La continuidad del acuerdo de paz en Colombia, el financiamiento de sus compromisos y la protección de quienes lo defienden fueron los ejes del reclamo que Olga Lucía Quintero Sierra, lideresa social de la región del Catatumbo e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), llevó a la Organización de las Naciones Unidas. En diálogo con REALPOLITIK, advirtió sobre los riesgos de revisar lo pactado y sostuvo que su cumplimiento debe trascender a los gobiernos de turno.

“Soy Olga Lucía Quintero Sierra, lideresa social de la región del Catatumbo. Hago parte de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, en Norte de Santander, Colombia”, se presentó. Su intervención se produjo en el marco de una tarea de incidencia ante las delegaciones internacionales, con un pedido concreto: sostener el acompañamiento al proceso de paz y evitar que los anuncios de cambios comprometan los derechos de las comunidades, las víctimas y los firmantes.

Consultada sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo y si el proceso debía interpretarse como un fracaso o como una etapa de consolidación, Quintero defendió la importancia de su firma: “Estamos a diez años de haberse firmado el acuerdo y para nosotros, como sociedad civil, organizaciones sociales, indígenas, campesinas, es muy importante esta firma, a pesar de todos los ataques y las intenciones de llevarlo al fracaso”.

“Estamos aquí precisamente trayendo la voz, diciendo que es necesario que el acuerdo de paz siga teniendo el respaldo de la comunidad internacional, que el gobierno de Colombia pueda asumir, este nuevo gobierno, y tener en cuenta un elemento: el acuerdo de paz no es una política de gobierno de turno, sino que el acuerdo de paz es una política de Estado. Es decir, que debe cumplirse”, planteó.

La sede de Naciones Unidas en Nueva York (Foto: REALPOLITIK).

Diez años después, el reclamo por la implementación

La referente campesina señaló que el cumplimiento sigue siendo insuficiente y que las mayores dificultades recaen sobre los compromisos vinculados con las mujeres y las comunidades étnicas. “Si nos ponemos a revisar, se habla, según el Instituto Kroc, de una implementación de aproximadamente un 35-37 por ciento del acuerdo en estos diez años, siendo la instancia de mujeres, siendo la instancia étnica, que es donde están los indígenas y las comunidades negras, las que menor porcentaje tienen en el tema de la implementación”, afirmó.

En su evaluación, esos rezagos requieren una respuesta internacional que mantenga el seguimiento sobre los sectores más afectados: “Entonces, esto se vuelve complejo. Y una de las solicitudes, precisamente, es que la comisión étnica pueda volverse a incluir dentro del Consejo de Seguridad, dentro de las prioridades para el seguimiento y monitoreo”.

Ante la pregunta sobre qué significaría revisar o renegociar el acuerdo —si se trataría de ajustes operativos o de modificar sus componentes de fondo—, Quintero rechazó la necesidad de una nueva negociación.

“Primero, el acuerdo no se puede modificar, porque ya hubo una negociación y hubo, de hecho, una primera firma en septiembre del 2016. Nos fuimos a un plebiscito para saber si queríamos la paz o no en Colombia. Desafortunadamente ganó el no. Eso fue muy duro, porque la gente todavía le apuesta mucho a la guerra y no a la construcción de paz”, expresó.

Recordó luego la firma definitiva y reclamó recursos para ejecutar lo comprometido: “Sin embargo, el gobierno firmó y el Estado firmó el 24 de noviembre del 2016 el acuerdo de paz. Entonces no hay que modificarlo; al contrario, hay que repotencializarlo con el tema de la financiación y que se puedan cumplir todos los componentes que aquí están escritos”.

Entre esos componentes enumeró el “acceso a tierra, sustitución de cultivos, el fortalecimiento y atención a las comunidades étnicas, el tema de la reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz, el tema de las víctimas”. A continuación, cuestionó las propuestas que, según advirtió, pondrían en riesgo las instituciones creadas para responder a las consecuencias del conflicto.

“¿Qué es lo que pretenden ahora? Desfinanciar, incluso modificar y acabar la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Hombre, estos son elementos vertebrales para poder llegar al menos a tener la verdad, entrar en reconciliación y que no haya repetición frente a un conflicto tan grave como el que hubo”, sostuvo.

Su posición fue tajante: “Por eso estamos aquí, porque decimos: no hay que modificar el acuerdo, no hay que acabar las instancias que están ahí. Por el contrario, es un deber del Estado poder garantizarlas”.

El papel de la ONU y una carta respaldada por 450 organizaciones

La entrevista también abordó las garantías políticas e institucionales del acuerdo, particularmente su respaldo en el Congreso y en la Justicia. En su respuesta, Quintero recordó el trámite legislativo y destacó el acompañamiento internacional.

“El acuerdo de paz incluso pasó por el Congreso, tuvo los fast tracks, que fueron como cosas rápidas para ejecutarse en los primeros meses de firmar el acuerdo, y cuenta con países garantes como Noruega, Cuba. La misión de la ONU, por supuesto, juega un papel muy importante porque tiene unos capítulos especiales”, explicó.

Sin embargo, manifestó preocupación por los cambios en el alcance de ese acompañamiento: “Pero los han ido desescalando según el mandato y eso es también una preocupación. Decimos: en este momento requerimos que ese acuerdo de paz se siga abrazando, se siga blindando, se siga acompañando, porque es fundamental”.

Al precisar en qué consistía su presencia en Naciones Unidas, la lideresa indicó que la actividad estaba concentrada en transmitir las inquietudes de las organizaciones colombianas a las misiones de los países.

Debates en el marco de la Cuarta Comisión (Foto: REALPOLITIK).

“Estamos aquí haciendo una incidencia, hablando precisamente con las misiones de los países, trayendo nuestras preocupaciones frente a los nuevos anuncios. Hay que proteger la vida, el centro y el acuerdo de paz”, señaló.

Dentro de esa agenda, puso especial énfasis en el cumplimiento de los compromisos con el campesinado: “El acceso a tierras y titulación de tierras para el campesinado, que eso fue parte de la raíz del conflicto en Colombia y que se ha venido avanzando. Pero el hecho de parar y desfinanciar es asfixiar el acuerdo de paz y generar una incertidumbre en el movimiento campesino”.

También reclamó garantías para quienes dejaron las armas y asumieron el compromiso de reincorporarse a la vida civil. “El tema del blindaje de los firmantes de paz, porque es necesario blindar a los firmantes de paz, porque ellos tomaron una decisión. Aquí esto no fue un acuerdo de vencedores y vencidos. Aquí nadie ganó en medio de la guerra”, afirmó.

Para Quintero, esa decisión constituye uno de los fundamentos del proceso: “Lo que se está haciendo es precisamente decir: se sacan las armas de la política, se sacan las armas de la vida social, civil, y aquí entonces vamos a construir de una manera diferente. Amenazarse y fracturarse genera incertidumbre”.

La dirigente informó que ese trabajo ante las delegaciones incluyó la presentación de una carta dirigida a los integrantes del Consejo de Seguridad. “Estamos precisamente en esa incidencia, decirles a los países: aquí estamos la sociedad civil. Hoy radicamos una carta para los países que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el acuerdo de paz, y esa carta está respaldada por 450 organizaciones de la sociedad civil en Colombia”, detalló.

“Eso es muy importante para nosotros y esperamos que se puedan tener en cuenta los elementos propuestos”, agregó.

“Se nos va a perseguir por defender el acuerdo de paz”

En el tramo final, REALPOLITIK le preguntó por los riesgos de cuestionar el acuerdo y abrir un proceso de revisiones. Quintero advirtió que podría perderse una herramienta que, aun con sus dificultades, permitió reducir la violencia.

“El riesgo es que se tire a la basura, coloquialmente, se tire a la basura un tratado tan importante como es el acuerdo de paz. Sería muy lamentable, porque por más violencia y más conflicto, ese tratado en estos diez años ha salvado vidas”, expresó.

“A pesar de que no ha sido fácil, el conflicto había disminuido mucho. Se genera una inseguridad jurídica para todo el país y sobre todo para quienes hemos defendido el acuerdo de paz”, añadió.

A esa preocupación sumó el temor por la situación de los dirigentes y las organizaciones que sostienen públicamente el proceso: “Hay un temor también que hay que mencionarlo: se nos va a perseguir por defender el acuerdo de paz, se nos va a estigmatizar y a señalar porque defendemos el acuerdo de paz. Entonces esperamos que haya sensatez”.

Su reflexión final apuntó a los intereses y las consecuencias que rodean la continuidad de la guerra, frente a las dificultades de construir una paz duradera. “Por supuesto, la guerra genera más ruido, genera más economía y cobra más vidas. La paz no. La paz es difícil de andarla, genera costos, y no lo damos como costos: genera inversión, porque es precisamente acabar con esas brechas estructurales”, sostuvo.

“Esperamos que haya sensatez en el Estado colombiano, en el gobierno de turno, y que la comunidad internacional junto con la sociedad civil abracemos este acuerdo de paz para que no se tire a la basura, coloquialmente”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)