El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Gabriel Katopodis, abrió una contratación directa por 19.144.000 de pesos, para un servicio destinado al “registro, edición y seguimiento” de las obras ejecutadas por la cartera.

El procedimiento, identificado como 135-11546-PAB26, fue encuadrado como una contratación directa por procedimiento abreviado y contempla una prestación de doce meses. Sin embargo, detrás de la descripción administrativa de “servicio de filmación”, los pliegos revelan un dispositivo comunicacional mucho más amplio.

La propia dirección de Comunicación, Prensa y Ceremonial del ministerio, que conduce Alonso González Calderón, exige que cada dossier institucional sea trabajado como un “ecosistema de comunicación integral”, capaz de transformar la información oficial en contenido para redes sociales que permita “comunicar, explicar, amplificar y sostener el mensaje” en distintos canales y formatos. El objetivo declarado incluye además maximizar el alcance de los contenidos, generar continuidad comunicacional y convertir la información oficial en experiencias audiovisuales y digitales.

Es decir, no se trata únicamente de registrar técnicamente el avance de las obras públicas, sino que la contratación apunta expresamente a construir una narrativa comunicacional alrededor de ellas, justo durante los meses previos a la contienda electoral.

De qué se trata el trabajo

Según las especificaciones técnicas, el proveedor deberá producir hasta ocho dossiers institucionales, cada uno concebido con storytelling, diseño, animación y contenido editorial. Cada dossier tendrá como mínimo cuatro tipos de piezas: un video principal, un video animado con motion graphics, un carrusel y una pieza interactiva.

El esquema contempla además hasta ocho videos principales, con desarrollo creativo, guion conceptual, host en cámara o voz en off, producción audiovisual, edición, material de archivo, animaciones, musicalización y postproducción. A eso se suman hasta 16 videos animados y 45 piezas gráficas estáticas destinadas especialmente a plataformas digitales. La contratación prevé también la generación de contenidos derivados, entre ellos reels, videos cortos, stories y paños audiovisuales.

La dimensión del dispositivo queda todavía más clara al observar el equipo humano requerido. El adjudicatario deberá poner a disposición un project manager, un creativo publicitario y copywriter, una productora audiovisual, un realizador audiovisual, un diseñador gráfico, un diseñador multimedial y un equipo de edición audiovisual, además de contemplar hasta ocho jornadas de host a cámara. De esta forma, el ministro Katopodis estaría poniendo “toda la carne al asador” para darle relevancia a su figura en un contexto de incertidumbre política.

También deberá contar con equipamiento profesional específico: cámaras Sony FX3 y Sony A7IV con resolución 4K, lentes profesionales, estabilizador Ronin RS2, monitor Blackmagic, equipos de sonido, iluminación y un drone DJI Mavic Pro 2S, entre otros elementos.

La contratación tampoco se limita a la producción de piezas aisladas. El adjudicatario tendrá que desarrollar e implementar una estrategia de comunicación acorde a las necesidades de la agenda del ministerio, mantener una relación “proactiva y cercana” con el equipo oficial y participar de reuniones semanales de planificación para adaptar los contenidos a necesidades inmediatas y futuras.

Con vistas a las elecciones

El dato cobra particular relevancia política ante la proximidad del calendario electoral de 2027. Infraestructura es, además, una de las áreas más sensibles de cualquier gestión provincial: concentra rutas, viviendas, obras hidráulicas, edificios públicos y proyectos de alto impacto territorial.

En ese contexto, la decisión de destinar fondos públicos no sólo al registro de las obras, sino también a su storytelling, amplificación digital, adaptación para redes y planificación estratégica, abre un interrogante inevitable sobre la frontera entre comunicación institucional y construcción de posicionamiento político.

De hecho, el propio ministro Katopodis figura en el pliego entre los funcionarios con facultades decisorias dentro del proceso, junto al director de Prensa, Luciano Ángel Moro; la directora de Compras, Florencia Frangolini Evers; el director provincial Astor Rodríguez; la directora general de Administración María Laura Márquez; y el subsecretario Guillermo Sauro.

Una inconsistencia en los números

Los pliegos contienen además un detalle difícil de pasar por alto. La contratación establece una duración de doce meses, con posibilidad de ser prorrogada por otro período igual.

Sin embargo, en el apartado destinado a la redeterminación de precios aparece una estructura de costos por un total de 16.482.000 pesos. Ese cálculo incluye 9.030.000 en mano de obra, 90.000 en materiales e insumos, 660.000 en equipos, gastos generales, gastos financieros y administrativos, además de un beneficio empresario de 3.801.039 de pesos, equivalente al 23,1 por ciento, e impuestos por 1.342.041.

Pero la explicación de esos impuestos introduce una frase inesperada.

El documento señala que se calculan tomando como referencia el monotributo correspondiente a una facturación mensual estimada de 5.494.000 “durante los 3 meses de contrato”.

La cuenta coincide exactamente: 5.494.000 por tres meses arroja 16.482.000, el mismo valor que figura como precio total de la estructura de costos. El problema es que la propia contratación establece que el servicio durará doce meses, no tres. Los documentos disponibles no explican esa diferencia.

A eso se suma otra particularidad: mientras el artículo que regula la prestación habla de doce piezas audiovisuales durante el período contratado, las especificaciones técnicas prevén hasta ocho videos principales, 16 animaciones, 45 piezas estáticas y numerosos contenidos derivados. La relación exacta entre ambos esquemas tampoco queda especialmente clara en los pliegos.

Un contrato que además puede encarecerse

Los 19.144.000 previstos tampoco necesariamente representan el costo definitivo. La contratación incorpora una cláusula de redeterminación de precios que permite actualizar los valores cuando los factores principales de la estructura de costos acumulen una variación ponderada superior al 5 por ciento. Además, el ministerio se reserva la posibilidad de prorrogar el servicio por otros doce meses.

Así, mientras la provincia de Buenos Aires avanza hacia un nuevo año electoral, uno de sus ministerios con mayor exposición territorial prepara una estructura externa de comunicación destinada a convertir sus obras en dossiers, videos, reels, stories, carruseles y piezas de alto impacto digital.

El propio pliego lo define con una palabra particularmente elocuente: “amplificar” el mensaje. Detrás de esa palabra aparece una pregunta política que probablemente acompañará buena parte de 2027: dónde termina la legítima comunicación de los actos de gobierno y dónde empieza la utilización de los recursos del Estado para construir el relato de quienes lo administran. (www.REALPOLITIK.com.ar)