Omar Guaraz, secretario General de Vendedores Libres, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el avance de las reformas al código contravencional impulsadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denunció el endurecimiento de las penas contra los trabajadores informales y advirtió que la represión y la persecución penal no resuelven la crisis de empleo ni la pobreza en el país.

"Jorge Macri va a modificar nuevamente el código contravencional y lo que intenta es endurecer las penas, con multas exorbitantes de hasta 52 millones de pesos e incrementando los arrestos para los limpiavidrios de 60 a 90 o 120 días de arresto efectivo. La lógica del gobierno es instalar el terror del estado y meter presos a los vendedores", señaló Guaraz al referirse a la iniciativa que avanza en la legislatura porteña.

En ese sentido, remarcó que las medidas punitivas resultan ineficaces en una coyuntura donde el sector informal crece como única alternativa de subsistencia. "En un país con 12 millones de informales y donde no hay empleo formal, la gente tiene que salir a sobrevivir. Se han incorporado jubilados de la mínima y desocupados del sistema. Meterlos presos o ponerles multas no soluciona absolutamente nada, solo profundiza la vulnerabilidad", afirmó.

Una metodología de control social que se expande

El referente sindical también alertó que el accionar represivo sobre la vía pública excede los límites porteños y la lógica de un solo partido político. "Esta metodología de persecución a vendedores, cartoneros y gente en situación de calle no solo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, sino que el intendente Fernando Espinoza la está replicando en La Matanza con una ordenanza que deja afuera al 90 por ciento de los vendedores. Es una regla generalizada de control social", sostuvo.

Guaraz rechazó además las posturas que intentan enfrentarlos con el sector comercial tradicional y aseguró que la caída del consumo afecta a ambos rubros por igual. "No hay diferencia entre los comerciantes y los vendedores ambulantes. Si un comercio cierra, no es porque un vendedor venda un pañuelo en la calle, sino por la depresión económica, la falta de ventas y el costo de los impuestos. Pretender instalar ese conflicto es una falsa discusión para justificar el uso de la fuerza", subrayó.

Por último, el secretario de Vendedores Libres enfatizó que la solución requiere apertura al diálogo e inclusión social antes que criminalización. "Hace más de 12 años presentamos un proyecto para regular e incluir al vendedor del espacio público, pero las mesas de diálogo están cerradas y los proyectos cajoneados. Esto no se resuelve con represión ni con el palo, sino instalando políticas públicas que incluyan a quienes ya están excluidos", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)