En el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se celebra este 12 de octubre en Nueva York, más de 450 organizaciones de la sociedad civil, víctimas y firmantes de paz han dirigido una carta a la presidenta del Consejo, la embajadora de Grecia, Aglaia Balta, para exigir que se mantenga y fortalezca la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, de cara al décimo aniversario de su firma.

Durante la rueda de prensa, la dirigente campesina Olga Lucía Quintero Sierra expuso los ejes de la misiva, respaldada por 450 firmas. La carta advierte sobre los preocupantes retrocesos en la implementación y hace un llamado a la comunidad internacional para que mantenga una atención sostenida sobre el proceso colombiano.

Defensa de los líderes sociales: la respuesta del Estado

Uno de los momentos centrales de la rueda de prensa fue la respuesta a la pregunta que oportunamente realicé, sobre qué respuestas y garantías consideran que hace falta por parte del Estado colombiano para ejercer la defensa de los líderes sociales.

El delegado Diego Ferney, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), respondió que el Acuerdo de Paz prevé en sus puntos 1 y 3 un mecanismo conocido como Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SIS), el cual permite engranar toda la institucionalidad colombiana en materia de seguridad. Según explicó, este sistema debe articular una política pública y acciones concretas como el Programa de Protección a Líderes y Lideresas y el Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

Ferney subrayó que estas garantías también están siendo puestas en consideración del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de que "las salidas sean siempre dialogadas, concertadas, procurando siempre la dignidad y los derechos de las víctimas". La respuesta refleja la exigencia de que el Estado colombiano no solo implemente los mecanismos existentes, sino que los fortalezca con financiación adecuada y voluntad política.

Estrategias de desarrollo territorial: tierra, titulación y Reforma Rural Integral

Otra de las preguntas formuladas durante la rueda de prensa estuvo referida a las estrategias de desarrollo territorial y qué se considera adecuado en ese marco. La respuesta, liderada por Olga Lucía Quintero, fue contundente: "Hay que cumplir el Acuerdo de Paz".

Quintero explicó que la médula central del acuerdo son las víctimas y que parte de ellas dependen del campo colombiano. Por ello, insistió en que las estrategias de desarrollo territorial deben partir de continuar con el acceso a la tierra, otorgando y titulando tierras, pero no de forma aislada. "No es solo eso, sino que vayan todos los componentes que están dentro de la Reforma Rural Integral, punto uno", afirmó.

En este sentido, la carta dirigida al Consejo de Seguridad señala que, aunque el gobierno anterior incorporó más de 800 mil hectáreas al fondo de tierras, esta cifra representa menos del 27 por ciento de la meta de 3 millones de hectáreas establecidas en el Acuerdo. Además, denunciaron que los procedimientos administrativos han retrasado la titulación definitiva, generando incertidumbre e inseguridad jurídica para las comunidades que han accedido a la tierra pero aún no cuentan con propiedad formalizada. 

Preocupación por la JEP y la búsqueda de desaparecidos

La carta también expresa una "profunda preocupación" ante las propuestas de reducir los presupuestos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Según las cifras citadas, aproximadamente 137 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia desde 1965, de las cuales más de 34 mil (el 25 por ciento) corresponden a los últimos diez años posteriores a la firma del acuerdo.

Las organizaciones instaron a garantizar la legitimidad, independencia y estabilidad institucional de la JEP, subrayando que las sanciones restaurativas y la búsqueda de víctimas son condiciones indispensables para la reconciliación y la paz duradera.

La carta enviada por las organizaciones sociales (Foto: REALPOLITIK).

Capítulo étnico y de género: los más rezagados

La misiva alerta sobre el bajo cumplimiento del capítulo étnico y del enfoque de género, que se sitúan por debajo del 20 por ciento de implementación. Durante el último año, se ha reportado el asesinato de 50 líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas. Las organizaciones pidieron que, al renovarse el mandato de la Misión de Verificación de la ONU, se restablezca como prioridad el seguimiento a estos compromisos, considerándolos parte integral y no subsidiaria del mandato.

Política de drogas: rechazo a la aspersión con glufosinato

En el punto sobre drogas ilícitas, los voceros rechazaron la reanudación de la aspersión aérea con glufosinato, advirtiendo que esta medida "podría agravar la violencia y las vulneraciones de derechos humanos". En su lugar, abogaron por respuestas integrales y sostenibles, reconociendo que las comun idades y territorios colombianos siguen soportando una parte desproporcionada de las consecuencias del narcotráfico. 

Agenda en Nueva York y llamado al Estado colombiano

Pablo Cala, de la Fundación Hasta Encontrarlos, informó que la mayoría de los participantes se encuentran en Nueva York sosteniendo reuniones con delegaciones de los estados miembros del Consejo de Seguridad. Para el próximo 13 de octubre está previsto un conversatorio en el que participarán la presidencia de la JEP, la Unidad de Búsqueda y firmantes del acuerdo.

Las organizaciones hicieron un llamado respetuoso al Consejo de Seguridad para que mantenga su atención sobre la implementación integral del Acuerdo, fortalezca el acompañamiento internacional y priorice el apoyo a los territorios más afectados por la violencia, la exclusión y la vulnerabilidad. "Cumplir los compromisos asumidos en 2016 y garantizar las voces de las víctimas son condiciones indispensables para la reconciliación y para alcanzar una paz duradera", concluyó Quintero. (www.REALPOLITIK.com.ar)