Un conflicto inmobiliario con Grupo Delsud derivó en publicaciones contra una pareja en El Editor Platense, el medio vinculado al mismo conglomerado, y terminó en una querella contra su conducción. Los documentos aportados a REALPOLITIK permiten reconstruir esa controversia y plantean interrogantes sobre el uso de la estructura periodística del grupo frente a personas enfrentadas comercialmente con la empresa.

Maximiliano Simonetti y Jimena Ayelen Aguilera presentaron una querella por calumnias e injurias contra la dirección del portal, por una nota publicada el 8 de octubre. La causa fue radicada el día siguiente en el Juzgado Correccional Nro. 4 de La Plata, bajo el número 5098/2026. Paralelamente, promovieron una acción civil contra la conducción y Laniakea SAS, titular formal del medio, para solicitar el retiro de la publicación y sus reproducciones.

La empresa detrás de la operación y del medio

El artículo cuestionado identificó a Simonetti y Aguilera con nombres y fotografías y los vinculó con presuntas maniobras inmobiliarias fraudulentas. Aunque aludió a denuncias e investigaciones judiciales, no individualizó expedientes, fiscalías intervinientes ni denunciantes. Tampoco mencionó a Delsud como parte de la operación.

La pareja sostiene que el negocio relacionado con esos señalamientos fue celebrado con Grupo Delsud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL. Como respaldo, aportó un boleto de compraventa fechado el 31 de julio de 2026, en el que la compañía aparece representada por Eugenia Martínez. El instrumento comprende un intercambio de inmuebles, entre ellos un departamento de calle 43 entre 22 y 23 y participaciones indivisas sobre terrenos de La Plata.

La copia incluye una certificación de firmas del Registro Nro. 133. Esa constancia acredita las firmas colocadas ante la notaria, aunque aclara expresamente que no juzga el contenido ni la forma del contrato.

En las presentaciones elaboradas por el abogado Lucas Adrián Carril, Simonetti y Aguilera rechazan haber actuado como intermediarios en esa operación y aseguran que intervinieron como titulares de los bienes involucrados. También atribuyen la falta de escrituración a una inhibición de Delsud, cuya situación registral pidieron verificar mediante informes.

“Mis mandantes nunca se negaron a escriturar: exigen, como corresponde, una escrituración simultánea y recíproca”, sostiene el escrito. El boleto establece un plazo máximo de dos años para transferir el dominio, un aspecto que también integra la documentación del conflicto.

El vínculo empresarial del portal no surge únicamente del planteo de la pareja. El propio El Editor Platense identificó a Grupo Delsud como su propietario en otra nota publicada el 9 de octubre, mientras que su pie institucional consigna a Laniakea SAS como titular formal.

Esa relación coloca bajo examen la cobertura: el medio difundió acusaciones contra personas que, según la documentación aportada, habían contratado con una empresa del mismo grupo. La secuencia permite interrogar un posible uso de las publicaciones como presión en una disputa comercial.

El portal volvió a publicar señalamientos contra la pareja el 9 de octubre y difundió otro artículo el 11, referido a otras personas y una desarrolladora. Esos hechos requieren una comprobación propia y no quedan esclarecidos por el contrato con Delsud.

Las fuentes consultadas aseguran conservar mensajes de WhatsApp que atribuyen a una persona actualmente detenida. Según su relato, esa persona mantendría contacto tanto por esa vía como a través de terceros a los que vinculan con la empresa y el medio de comunicación.

Trust Fund y los reclamos que suma una damnificada

Las fuentes que acercaron el material a REALPOLITIK también pusieron el foco en Trust Fund, dedicada a garantías de alquiler. Una de las involucradas trabajó allí durante tres meses y fue apartada después de trasladar reclamos de clientes a Francisco Vila Basualdo, el dueño del grupo inmobiliario.

“Yo trabajé tres meses en esa empresa”, relató. Aseguró que existen otros damnificados, aunque aclaró que desconoce si efectuaron denuncias. Su señalamiento constituye un testimonio que todavía debe contrastarse con documentación sobre los casos y la relación laboral.

Trust Fund mantiene un sitio comercial en el que ofrece garantías de alquiler e informa una sucursal platense en calle 51 Nro. 662, la misma dirección que El Editor Platense declara como domicilio legal. 

En cuanto a Simonetti y Aguilera, la pareja pidió que se identifique a los autores y editores de la nota del 8 de octubre, se informen las fuentes utilizadas y se preserven sus versiones y registros. También solicitó informes para establecer si existen investigaciones penales en su contra, dado que asegura no haber recibido notificaciones ni citaciones al momento de la presentación.

La querella y la acción civil están documentadas. La controversia expone, entretanto, un conflicto concreto entre los negocios inmobiliarios de Delsud, la cobertura de su medio y quienes reclaman frente al grupo. (www.REALPOLITIK.com.ar)