El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se encuentra atravesado por una crisis institucional que parece no encontrar límites. Mientras trabajadores denuncian despidos, sumarios administrativos y decisiones arbitrarias de la conducción, puertas adentro crecen los cuestionamientos por el ingreso de nuevo personal, las categorías salariales otorgadas y las relaciones políticas que rodean a Gerardo Blanes. La situación expone una contradicción que los sectores críticos de la gestión vienen denunciando desde hace meses. Por un lado, empleados que aseguran haber sido desplazados o perseguidos por sus diferencias con las autoridades y, por el otro, incorporaciones que habrían sido autorizadas por la propia conducción, algunas con remuneraciones millonarias.La información reunida por REALPOLITIK incluye documentación salarial, registros de personal y testimonios que apuntan contra el manejo administrativo del instituto. Según las denuncias recibidas, durante 2026 habrían ingresado más de 100 trabajadores, varios de ellos con categorías elevadas y salarios que rondarían los 4 millones de pesos. A esto se suma una situación que compromete explicaciones del legislador provincial Ariel Bernatene, cuya secretaria, Angélica Torres, aparece vinculada laboralmente al IUPA bajo una clasificación docente, aunque el propio parlamentario reconoció que realiza tareas relacionadas con el manejo de las redes sociales de la institución. El escenario también alcanza políticamente al gobernador Alberto Weretilneck, quien impulsó la llegada de Blanes a la conducción universitaria.

Los trabajadores que salen y los nombramientos que llegan

Uno de los aspectos más cuestionados de la administración de Blanes está relacionado con el manejo de los recursos humanos. Fuentes vinculadas al instituto denuncian que, mientras se produjeron desvinculaciones y se iniciaron sumarios administrativos contra trabajadores, la conducción habría avanzado con nuevas incorporaciones que no siempre responderían a criterios académicos o necesidades institucionales claramente fundamentadas. Las denuncias describen un escenario de desigualdad dentro del organismo, donde determinados empleados aseguran enfrentar dificultades para sostener su continuidad laboral mientras otras personas acceden a puestos con categorías superiores.

Las fuentes sostienen que durante este año se habrían incorporado más de 100 personas, algunas directamente vinculadas a decisiones de Blanes. Entre los nombramientos cuestionados aparecen categorías que permitirían alcanzar remuneraciones cercanas a los cuatro millones de pesos mensuales. La cifra total de ingresos todavía debe contrastarse con las resoluciones de designación y los movimientos de la planta, pero el señalamiento obliga a preguntarse cómo se distribuyen los recursos públicos y cuáles son los mecanismos de selección utilizados por una institución que recibe financiamiento provincial. La controversia adquiere mayor dimensión porque los sectores gremiales vienen reclamando mejores condiciones laborales y respuestas salariales para quienes ya forman parte del IUPA.

Los recibos de sueldo que muestran remuneraciones superiores a los 3 millones

La documentación salarial incorpora cifras concretas a los cuestionamientos. Dos recibos correspondientes a agosto de 2025 registran haberes brutos de 3.810.140,42 y 3.713.707,77 pesos, mientras que los importes netos alcanzan los 3.455.479,39 y 3.433.788,45 pesos, respectivamente. Ambos comprobantes corresponden a personal identificado bajo la categoría SEEX y dedicación EXCL. Se trata de remuneraciones individuales documentadas que permiten conocer parte de la estructura salarial del instituto, aunque no demuestran por sí solas que existan pagos ilegales ni que sus titulares hayan ingresado durante 2026.

El contraste con los reclamos de los trabajadores es uno de los puntos centrales del conflicto. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (SITRAIUPA) denunció incrementos millonarios para las autoridades y cuestionó la falta de negociación paritaria, mientras que la Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA) también protagonizó reclamos salariales y medidas de fuerza. En ese contexto, la existencia de liquidaciones superiores a los tres millones de pesos alimenta el pedido de explicaciones sobre los criterios de asignación de categorías, las dedicaciones y los adicionales. La pregunta que atraviesa a los sectores críticos es por qué se denuncian desplazamientos y dificultades salariales mientras aparecen remuneraciones elevadas y presuntas incorporaciones de nuevo personal.

La secretaria de Bernatene que figura como docente y administra las redes sociales

En medio de las denuncias por nombramientos aparece el nombre de Angélica Torres, identificada por las fuentes como secretaria del legislador Ariel Bernatene. De acuerdo con la información aportada, Torres tendría una relación laboral con la Legislatura de Río Negro y también figura vinculada al IUPA bajo una clasificación docente. Sin embargo, las tareas que efectivamente desempeñaría dentro del instituto estarían relacionadas con la comunicación institucional y el manejo de sus redes sociales. La situación genera interrogantes sobre la correspondencia entre el cargo registrado y las funciones realizadas, además de la eventual compatibilidad de ambas actividades remuneradas con recursos públicos.

Lo llamativo es que el propio Bernatene, consultado por REALPOLITIK, rechazó las acusaciones contra Blanes y defendió a la conducción del instituto, pero reconoció que su secretaria administra las redes sociales del IUPA. La respuesta del legislador confirma una parte sustancial del señalamiento, aunque deja sin resolver por qué una persona identificada administrativamente como docente estaría realizando tareas de comunicación. También resta establecer si existe una autorización para cumplir funciones en ambos organismos, cuáles son sus horarios y bajo qué resolución fue incorporada. La existencia de dos empleos públicos no implica necesariamente una incompatibilidad, pero exige conocer las condiciones de contratación.

La relación política entre Bernatene y las autoridades del IUPA tampoco se limita a esta controversia. El legislador participó junto a Blanes en iniciativas institucionales, entre ellas el desarrollo de un portal de empleo impulsado desde la universidad. Para los sectores críticos, esa cercanía refuerza los cuestionamientos sobre la influencia de dirigentes provinciales en las decisiones internas. Lo que corresponde esclarecer es si las designaciones responden a necesidades educativas debidamente justificadas o si existen nombramientos vinculados a relaciones políticas, una sospecha que requiere documentación adicional para establecer responsabilidades.

Gerardo Blanes y Ariel Bernatene.

Los gremios enfrentados a Blanes y las denuncias que llegaron a la Justicia

El conflicto con los trabajadores tiene antecedentes que exceden las actuales denuncias salariales. SITRAIUPA, encabezado por Marina Cepeda, y ADIUPA, conducido por Rocío Encina, impulsaron reclamos por condiciones laborales, remuneraciones y presuntas irregularidades en el proceso de normalización institucional. Las diferencias se profundizaron durante las elecciones del consejo superior de marzo de 2026, cuando representantes gremiales y sectores opositores cuestionaron decisiones de la Junta Electoral y avanzaron con presentaciones judiciales. Parte de esas actuaciones llegó a la Justicia Federal, mientras que tribunales provinciales se declararon incompetentes para intervenir en determinadas impugnaciones.

A ese escenario se sumaron denuncias por violencia laboral, presuntos desplazamientos arbitrarios y sumarios administrativos que, para los sectores críticos, reflejarían una conducción poco tolerante con las diferencias internas. Las acusaciones sobre trabajadores desvinculados requieren examinar los expedientes individuales y sus fundamentos, pero plantean una discusión sobre el trato que reciben quienes cuestionan a las autoridades. Mientras Blanes sostiene que su gestión avanzó en la regularización de cargos y en el ordenamiento institucional, los gremios mantienen cuestionamientos sobre la administración y las condiciones laborales.

La controversia también alcanzó al gobernador Alberto Weretilneck, quien designó a Blanes como rector normalizador mediante el decreto 136/2025. Ese antecedente establece una responsabilidad política e institucional del Ejecutivo provincial en el proceso que dio origen a la actual conducción. En paralelo, sectores opositores de Río Negro vienen denunciando una presunta influencia del gobierno sobre el Poder Judicial, una acusación que ha acompañado diferentes controversias institucionales y judiciales. No obstante, los expedientes conocidos sobre las elecciones del IUPA no acreditan por sí mismos esa denuncia ni permiten afirmar que exista una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haya establecido una cooptación judicial por parte del gobernador.

La crisis del IUPA deja planteada una contradicción que la conducción todavía debe explicar con documentación. Mientras existen denuncias por despidos, sumarios y dificultades salariales, también aparecen cuestionamientos por incorporaciones de personal, recibos de sueldo millonarios y una colaboradora legislativa cuyas tareas efectivas dentro de la universidad no estarían claramente relacionadas con su clasificación docente.

Blanes deberá explicar quiénes ingresaron, quiénes fueron desvinculados, cuánto se paga y bajo qué criterios se distribuyen los cargos, mientras Bernatene tiene pendiente esclarecer la situación administrativa de su secretaria. En una universidad financiada con recursos públicos, las respuestas no pueden quedar reducidas a una disputa entre oficialismo y oposición interna. La transparencia sobre el destino del presupuesto, las condiciones laborales y los nombramientos constituye una obligación institucional frente a los trabajadores y a la sociedad rionegrina. (www.REALPOLITIK.com.ar)