IUPA, la universidad de los privilegios: despidos, nuevos ingresos y sueldos millonarios
Por Luciano Barroso
La comunidad universitaria volverá a las calles este jueves 15 de octubre con la realización de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta convocada en todo el país para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y acate los fallos judiciales vinculados con su aplicación.
La convocatoria, impulsada por el sector universitario y respaldada por instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrá su principal concentración en la Plaza del Congreso, aunque también habrá movilizaciones en distintas ciudades del país.
El reclamo central apunta a la decisión del Poder Ejecutivo de no implementar una ley aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente tras el veto presidencial. Según los convocantes, el incumplimiento de la normativa profundiza la crisis presupuestaria de las universidades públicas y agrava la situación de docentes y trabajadores del sistema.
Uno de los principales argumentos de la movilización es el deterioro de los ingresos del personal universitario. De acuerdo con el comunicado de los convocantes, los salarios de los trabajadores universitarios acumulan una pérdida del 30% frente a la inflación, mientras que los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones se encuentran en torno a la mitad de los niveles registrados en 2023.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con el objetivo de establecer mecanismos para sostener el presupuesto de las casas de estudio, recomponer los salarios y garantizar el desarrollo de las actividades académicas y científicas.
Sin embargo, desde el sector universitario sostienen que, a más de un año de la aprobación de la norma, sus efectos todavía no se reflejan en los ingresos de los trabajadores ni en los recursos necesarios para sostener el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
La convocatoria también incorpora un cuestionamiento institucional al Poder Ejecutivo por su negativa a aplicar la legislación sancionada por el Congreso y por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan avanzar con su implementación.
“Un país donde el Gobierno no aplica las leyes sancionadas por el Congreso y no acata las órdenes de la Justicia es una república en peligro”, sostienen los impulsores de la protesta.
En ese marco, los organizadores advierten que el conflicto excede la discusión presupuestaria y pone en debate el respeto por la división de poderes, la autonomía universitaria y el sostenimiento del sistema público de educación superior.

La Quinta Marcha Federal Universitaria reunirá nuevamente a docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y distintos sectores de la comunidad educativa, que buscarán visibilizar la situación presupuestaria y exigir una respuesta del Gobierno nacional.
La protesta se inscribe en una disputa que lleva más de un año y que mantiene enfrentados al Ejecutivo y a las universidades públicas por el financiamiento del sistema.
Con la movilización del jueves, la comunidad universitaria buscará presionar para que se cumpla la ley y se garantice el presupuesto necesario para sostener la educación superior y la investigación científica en la Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)