El conflicto del Sáhara Occidental refleja una lucha persistente entre la legalidad internacional y el dominio de la Realpolitik. Mientras la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), entre otros instrumentos, garantizan el derecho inalienable a la autodeterminación, los intereses estratégicos y económicos han condicionado la realidad sobre el terreno, dejando a un pueblo a la espera de justicia.

En 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la pretendida soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, territorio reclamado por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Estado fundador de la Unión Africana. Además, el Sáhara Occidental continúa siendo el último territorio no autónomo pendiente de descolonización en África. Esta decisión, según el planteo de la organización, vulnera el derecho internacional, que reconoce al pueblo saharaui el derecho a decidir su propio destino.

En esa misma línea, en 2022, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, a la que calificó como la "opción más seria, creíble y realista". Esta postura fue cuestionada por desconocer el estatus jurídico internacional del territorio y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El posicionamiento español adquiere especial relevancia por las responsabilidades históricas de España en el proceso de descolonización. El texto sostiene que el país conserva la condición de potencia administradora de iure, una interpretación respaldada, según sus autores, por resoluciones de las Naciones Unidas y pronunciamientos judiciales españoles. Ambas posturas reflejan cómo la realpolitik puede subordinar los principios jurídicos a los intereses políticos.

Naciones Unidas y las limitaciones de la respuesta internacional

Desde 1975, las Naciones Unidas han intervenido en el conflicto, aunque la organización cuestiona la insuficiencia de las medidas adoptadas. El texto plantea que el abordaje internacional se ha apoyado en mecanismos de solución pacífica de controversias, vinculados al Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla la negociación, la mediación y las recomendaciones.

Sin embargo, la organización considera que la situación del Sáhara Occidental justifica la aplicación de medidas contempladas en el Capítulo VII de la Carta, que habilita al Consejo de Seguridad a adoptar acciones coercitivas ante amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.

La ocupación marroquí, los ataques contra civiles y las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos constituyen, desde esta perspectiva, hechos que requieren una respuesta internacional más contundente. El texto atribuye la falta de avances a los intereses geopolíticos y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, particularmente al papel de Francia. Esta situación, sostiene, ha prolongado el sufrimiento del pueblo saharaui y debilitado la credibilidad del sistema internacional.

Realpolitik frente al derecho internacional

La realpolitik ha condicionado la agenda internacional y desplazado, en numerosas ocasiones, las consideraciones jurídicas y éticas. España, al modificar su posición sobre el conflicto, y las Naciones Unidas, condicionadas por los intereses geopolíticos de sus Estados miembros, han contribuido, según el planteo de la organización, a que la situación se prolongue y el pueblo saharaui permanezca en un limbo político y humanitario.

Desde 2011, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha impulsado una campaña de denuncia internacional contra los Acuerdos de Madrid de 1975. En ese marco, envió cartas con argumentos jurídicos a los presidentes del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en febrero de 2011; Mariano Rajoy Brey, en enero de 2012; y Pedro Sánchez, en septiembre de 2018.

En esas comunicaciones se cuestionó la legalidad de los Acuerdos de Madrid y del Real Decreto 2258/1976, y se expusieron los argumentos por los que, según la asociación, ambos vulneran el derecho internacional, el principio de libre determinación y las responsabilidades históricas de España. El texto denuncia que ninguno de los gobiernos respondió de manera satisfactoria a los planteos jurídicos presentados, lo que, a juicio de sus autores, contribuyó a perpetuar la falta de responsabilidades políticas.

El Congreso de los Diputados, ante una oportunidad histórica

Después de décadas de reclamos, el Congreso de los Diputados podría convertirse en un actor clave para impulsar una solución. La presentación de una proposición de ley integral permitiría, según la propuesta, abordar distintas cuestiones pendientes:

-Declarar la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid y del Real Decreto 2258/1976.

-Exigir que España asuma sus responsabilidades como potencia administradora de iure.

-Restituir la nacionalidad española a los saharauis incluidos en el censo de 1974 y a sus descendientes.

-Impulsar la entrega formal del territorio a las Naciones Unidas para promover un proceso de descolonización y un referéndum de autodeterminación.

La iniciativa, de prosperar, buscaría poner fin a décadas de vulneración de derechos y promover que el gobierno español priorice la legalidad internacional por encima de los intereses geopolíticos. Asimismo, sus impulsores consideran que permitiría recuperar el compromiso ético de España con la defensa de los derechos humanos y la descolonización.

Defender el derecho internacional frente a la impunidad

El caso del Sáhara Occidental constituye, según el planteo de la organización, una advertencia sobre las consecuencias de subordinar el derecho internacional a la razón de Estado. La defensa del orden jurídico no representa una idealización, sino una condición fundamental para la estabilidad, la justicia y la dignidad humana.

La comunidad internacional y España deben rechazar, sostiene el texto, las decisiones unilaterales que erosionan la legalidad internacional y comprometen la paz. El objetivo debe ser garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho fundamental a decidir su futuro. En ese escenario, el Congreso de los Diputados podría convertirse en el ámbito desde el cual comience a tomar forma una solución basada en el derecho internacional.

Se nos pide constantemente, sobre todo en épocas electorales, que hagamos política, que participemos y que denunciemos aquello que está mal para contribuir a mejorar el conjunto de la sociedad. Sin embargo, las protestas, las denuncias y los argumentos contra el origen del conflicto del Sáhara Occidental —los Acuerdos de Madrid— han recibido como respuesta el silencio prolongado de los responsables políticos españoles.

Si queremos mejorar el mundo, nuestro planeta azul, y marcar la diferencia entre lo que debe hacerse y lo que no puede permitirse, debemos lograr que lo ocurrido hace 50 años con los Acuerdos de Madrid no vuelva a repetirse y se convierta en un ejemplo de aquello que debe erradicarse. Queremos políticos respetados por «practicar el noble oficio de trabajar por el bien de la sociedad», que defiendan y fortalezcan la legalidad internacional que dicen defender y que tienen la obligación de proteger.