La gestión de Guillermo Montenegro en la municipalidad de General Pueyrredón quedó alcanzada por un fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense que cuestionó la cesión gratuita de un inmueble de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado (OSSE) a una cámara de transportistas. El organismo mantuvo la sanción al presidente de la empresa municipal, Carlos Alberto Katz, porque no se acreditó qué destino tendría el espacio ni el cumplimiento de los requisitos exigidos para otorgarlo.

La decisión figura en el fallo 552/2026, del 24 de septiembre de 2026, correspondiente al ejercicio 2024. El contrato había sido firmado el 21 de octubre de ese año entre Katz y Juan José Di Meglio, representante de la Cámara de Transportes del Puerto de Mar del Plata, por dos años y con prórroga automática.

Una oficina pública cedida gratuitamente

El inmueble se encuentra en Magallanes y avenida de los Trabajadores. En su defensa, Katz precisó que se había cedido solamente una oficina ubicada dentro del predio, y no la totalidad del terreno. También señaló que el Concejo Deliberante había convalidado el comodato mediante la ordenanza 26768, el 21 de agosto de 2025.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que las autoridades de OSSE “no demostraron el destino que le daría el Comodatario al bien recibido”. Tampoco aportaron antecedentes que acreditaran la inscripción de la cámara en el Registro de Entidades de Bien Público municipal.

El propio Katz reconoció que la entidad no estaba inscripta. Argumentó que, por esa razón, se había promovido la aprobación particular del contrato en el Concejo, donde obtuvo respaldo unánime. Añadió que la oficina estaba deteriorada y que, desde la cesión, la cámara había realizado mejoras y contribuido a la seguridad del predio.

Municipalidad de General Pueyrredón.

La aprobación del Concejo no despejó las objeciones

Esas explicaciones no alcanzaron para revertir el cuestionamiento. El Tribunal reiteró las condiciones exigidas por el artículo 56 de la ley Orgánica de las Municipalidades para conceder el uso gratuito de bienes públicos y mantuvo la observación sobre el comodato.

El fallo ratificó las amonestaciones a Katz, a la contadora María Elisa Varela y al gerente de Producción Walter Darío Vuillermoz. Estas últimas también comprendían otra irregularidad: la aplicación incorrecta de descuentos por vallas no devueltas por el ente municipal EMVIAL.

En el caso de la oficina, el punto político de la resolución es concreto: durante la administración de Guillermo Montenegro se otorgó gratuitamente el uso de un bien público a una entidad privada sin acreditar ante el organismo de control para qué lo utilizaría ni su inscripción en el registro correspondiente. La convalidación posterior del Concejo no subsanó esas omisiones. (www.REALPOLITIK.com.ar)