El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco puso bajo la lupa el manejo de más de 223 millones de pesos de la municipalidad de Las Palmas, conducida por el intendente Víctor Hugo Armella, en el marco de la rendición correspondiente al ejercicio 2024 y disponer la apertura de dos juicios de cuentas.
La medida surge de la resolución 131/25 de la Sala II, correspondiente al expediente 402-071123-33839-E, publicada oficialmente en febrero de 2026. Allí, el organismo encargado de controlar la administración de los fondos públicos provinciales y municipales formuló dos observaciones con alcance de cargo que, sumadas, alcanzan exactamente los 223.405.723,47 de pesos.
Por esa suma, el Tribunal decidió iniciar juicio de cuentas contra Víctor Hugo Armella, Fredy Apolonio Flores y Eva Correa, formulando el cargo de manera solidaria entre los tres responsables.
Pero no fue la única observación. En la misma resolución, el organismo dispuso un segundo juicio contra Armella, Flores, Correa y Jorge Luis Cabral, esta vez por otros 22.656.130,83, también con alcance de cargo solidario.
De esta manera, el intendente Armella aparece alcanzado por los dos procedimientos, que en conjunto involucran más de 223 millones de pesos correspondientes a la administración municipal de 2024.

La terminología administrativa resulta especialmente relevante. El Tribunal no se limitó a realizar recomendaciones generales ni a señalar defectos menores en la documentación presentada. La resolución habla expresamente de “observación con alcance de cargos” y ordena iniciar los correspondientes juicios de cuentas.
El juicio de cuentas constituye el procedimiento mediante el cual el organismo de control determina si quienes administraron fondos públicos deben responder patrimonialmente por las observaciones efectuadas.
Precisamente por ello, la misma resolución dispuso la apertura de expedientes específicos y otorgó a los responsables treinta días para contestar por escrito las observaciones y presentar sus descargos o pruebas, conforme al artículo 46 de la Ley 831-A.
El procedimiento, por lo tanto, todavía debe avanzar. Pero la magnitud económica de las observaciones resulta difícil de pasar por alto: más de 223 millones de pesos quedaron sometidos a un proceso específico destinado a determinar responsabilidades.
El nombre políticamente más relevante dentro del expediente es el de Víctor Hugo Armella, actual intendente de Las Palmas. Su situación en la resolución del Tribunal presenta una particularidad: el jefe comunal aparece involucrado en ambos cargos.
En el primero comparte la observación de 200,7 millones con Fredy Apolonio Flores y Eva Correa.
En el segundo, por 22,6 millones, vuelve a aparecer junto a Flores y Correa, pero se incorpora también Jorge Luis Cabral.
Así, mientras algunos de los responsables están alcanzados por una sola de las actuaciones, Armella queda involucrado en el total de los 223.405.723,47 observados.
La búsqueda de antecedentes oficiales muestra además que el nombre de Armella ya había aparecido en procedimientos anteriores del Tribunal de Cuentas chaqueño.
En agosto de 2010, por ejemplo, el Boletín Oficial publicó la resolución 13/10 de la Sala II, mediante la cual Armella y José Pascual Batalla fueron declarados responsables solidarios en una causa y condenados entonces al resarcimiento patrimonial de 654.952, una cifra correspondiente a valores de hace más de quince años. La decisión ordenaba además dar intervención a la Fiscalía de Estado en caso de incumplimiento.
Los antecedentes posteriores deben analizarse individualmente porque otras resoluciones del organismo modificaron o liberaron responsabilidades respecto de distintas observaciones y expedientes. Por eso, aquel episodio no puede trasladarse automáticamente a la situación actual.
Existe, sin embargo, otro antecedente mucho más reciente. En documentación oficial publicada en 2023 aparece nuevamente un juicio de cuentas iniciado contra Armella, Fredy Apolonio Flores y Eva Correa, con una observación solidaria por 301.296,03 derivada de una rendición anterior.
Ahora, el volumen económico de la nueva observación resulta incomparablemente superior.
El núcleo del expediente 2024 está concentrado en el primer cargo. Los 200.749.592,64 representan casi el 90 por ciento del total cuestionado en los dos procedimientos.
Sin embargo, la resolución sintetizada publicada por el Tribunal no detalla públicamente en esa pieza cuál fue el gasto concreto, contratación o documentación que generó semejante observación. El acto administrativo remite al informe obrante a fojas 93/97 vuelta y 98 y vuelta, documentación que fue trasladada a los responsables para que ejerzan su defensa.
Ese punto resulta central. Porque mientras la resolución pública permite conocer quiénes son los responsables alcanzados y cuánto dinero está siendo observado, los informes técnicos son los que permitirían reconstruir qué ocurrió concretamente con esos fondos.
No se trata de una diferencia menor. El Tribunal pudo haber objetado pagos carentes de documentación respaldatoria, contrataciones, transferencias, rendiciones incompletas, gastos sin justificación suficiente u otro tipo de incumplimientos administrativos.
Lo comprobado hasta ahora es contundente por sí mismo: la rendición municipal de 2024 fue aprobada con observaciones y derivó en dos juicios de cuentas por más de 223 millones de pesos.
La situación adquiere además relevancia política porque no se trata de observaciones efectuadas sobre una administración extinguida o funcionarios que ya no poseen responsabilidad institucional. Armella continúa siendo intendente de Las Palmas.
Es decir que mientras los juicios de cuentas por el ejercicio 2024 avanzan dentro del organismo de control, el principal funcionario alcanzado por ambos procedimientos continúa administrando el municipio.
Las Palmas es una pequeña localidad chaqueña. Allí, más de 223 millones de pesos correspondientes a un solo ejercicio municipal terminaron sometidos al escrutinio específico del máximo organismo provincial encargado de controlar el manejo de los recursos públicos.
El caso deja ahora dos niveles de preguntas.
El primero será administrativo: si Armella, Flores, Correa y Cabral podrán justificar ante el Tribunal los gastos observados y lograr que los cargos sean levantados.
El segundo es estrictamente político. El intendente continúa gobernando la localidad mientras su administración enfrenta dos juicios de cuentas derivados de la rendición correspondiente a 2024, y su propio nombre aparece en ambos procedimientos.
La respuesta definitiva dependerá del avance de los expedientes. (www.REALPOLITIK.com.ar)