Una obra pública de más de 840 millones de pesos, adjudicada por el gobierno de Axel Kicillof para intervenir el barrio de Los Hornos, en La Plata, tuvo una vida efectiva sorprendentemente breve: apenas once días después de firmarse el acta de inicio, la provincia decidió paralizar los trabajos ante la imposibilidad económica de continuar con su ejecución.

El episodio quedó formalmente reconocido en una resolución publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial bonaerense por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), a cargo de la politóloga Romina Barrios.

La contratación correspondía a la obra denominada “Equipamiento comunitario y mejoramiento de espacio público”, proyectada para Los Hornos y tramitada mediante la licitación pública 27/2025. El procedimiento había sido aprobado durante 2025 y finalmente, el 6 de enero de 2026, el organismo provincial adjudicó los trabajos a la unión transitoria conformada por Aleste SA Empresa Constructora y Marle Construcciones SA.

El monto contractual ascendía exactamente a 840.695.627,02 pesos. Hasta allí, el procedimiento administrativo siguió su curso habitual. El 13 de febrero de 2026 se suscribió el contrato de obra pública y el 2 de marzo se firmó formalmente el acta de inicio.

Pero apenas once días después ocurrió algo bastante menos habitual.

El 13 de marzo, OPISU y la contratista firmaron el acta de suspensión de trabajos y neutralización de plazos. La explicación incorporada ahora por la propia Provincia resulta contundente: existía un contexto “económico-financiero” que hacía imposible continuar normalmente con la ejecución de la obra. Según la resolución, esa situación no logró revertirse durante los meses siguientes.

En otras palabras, una obra adjudicada en enero, contratada en febrero e iniciada formalmente en marzo quedó paralizada cuando habían transcurrido solamente once días desde su puesta en marcha.

Se cayó el financiamiento

La obra no iba a financiarse originalmente de manera exclusiva con recursos del Tesoro bonaerense. Según la documentación oficial, había sido incorporada dentro del préstamo del BID 4823/OC-AR, correspondiente al “Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, la resolución revela un dato central: la dirección de Articulación con Organismos Internacionales de Crédito informó que se solicitó al BID la desafectación del financiamiento correspondiente a esta obra. El organismo internacional tomó conocimiento de esa desafectación y, como consecuencia, dejó de existir disponibilidad de financiamiento dentro de aquel préstamo para continuar el proyecto. La resolución lo expresa sin demasiados rodeos: esa circunstancia “imposibilita la continuidad de su ejecución”.

Pero el problema no terminó allí. Una vez perdido el financiamiento internacional, tampoco apareció una alternativa provincial.

La dirección General de Administración informó expresamente que “no se cuenta con disponibilidad presupuestaria correspondiente a Rentas Generales para continuar con la obra”, por lo que dejó sin efecto la solicitud de gastos correspondiente.

La combinación resultó definitiva: sin el dinero del BID y sin recursos propios disponibles, OPISU decidió terminar el contrato.

De una obra de 840 millones a la rescisión

La resolución 271/2026, firmada por la directora ejecutiva del organismo, Romina Barrios, dispuso finalmente la rescisión unilateral del contrato celebrado con Aleste SA y Marle Construcciones SA, argumentando razones de fuerza mayor. También ordenó liberar la garantía de ejecución constituida por las empresas y desafectar la solicitud presupuestaria por los 840.695.627,02 pesos originalmente comprometidos.

La particular secuencia temporal deja varias preguntas abiertas. El gobierno de Axel Kicillof adjudicó la obra el 6 de enero. Un mes después firmó el contrato. El 2 de marzo autorizó formalmente el inicio de los trabajos. Pero el 13 de marzo ya consideraba que las condiciones económico-financieras hacían imposible continuar.

El interrogante inevitable es qué cambió en esos once días o, en todo caso, qué grado de certeza existía sobre la disponibilidad del financiamiento cuando se firmó el contrato y se ordenó comenzar la obra.

También queda por determinar cuánto se alcanzó efectivamente a ejecutar durante aquel breve período, si existieron certificados de obra, anticipos financieros o gastos de movilización y qué monto podría finalmente tener que reconocer la Provincia a las contratistas.Y este último punto no es una especulación menor. La propia resolución señala que, pese a la rescisión, deberán determinarse los conceptos que eventualmente puedan ser reconocidos a las empresas, siempre que sean acreditados y considerados procedentes. Es decir que el cierre formal del contrato no necesariamente implica que el costo para el Estado haya terminado en cero. (www.REALPOLITIK.com.ar)