Claudia Baigorria, docente universitaria e integrante de la Secretaría de Formación de CONADU Histórica, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la situación de las universidades nacionales y la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria. La dirigente cuestionó al gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre las consecuencias del ajuste en el funcionamiento de las instituciones educativas.

En primer lugar, Baigorria destacó el acompañamiento social a la convocatoria, que tendrá lugar en distintas ciudades del país. “Es algo que excede holgadamente la convocatoria de la comunidad universitaria y que trasciende al resto de los sectores de nuestro pueblo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el respaldo también se manifiesta en localidades que no cuentan con universidades, lo que, a su entender, refleja la importancia de la educación pública para la sociedad argentina.

La docente cuestionó las políticas del gobierno nacional y vinculó el deterioro de las universidades con una situación social y económica más amplia. “Una Argentina que duele mucho, pero que es comprensible a la luz de las políticas que anunció este gobierno”, expresó. Además, señaló que el ajuste afecta a distintos sectores, entre ellos la salud, la discapacidad, la producción y el empleo, y consideró que la movilización permitirá visibilizar esos reclamos.

Al referirse al conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, Baigorria explicó que existe una sentencia que obliga al Estado nacional a cumplir con la normativa. Según detalló, la ley contempla la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, además de los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio y los proyectos de investigación. También recordó que la mayor parte del presupuesto universitario se destina al pago de salarios.

En relación con la estrategia judicial del Gobierno, la dirigente sostuvo que las presentaciones y apelaciones no modifican la obligación de cumplir con la ley. “El gobierno ya tiene una sentencia. Lo único que tiene que hacer es pagar”, afirmó. En esa línea, consideró que las medidas de fuerza, las movilizaciones y las clases públicas fueron fundamentales para sostener el reclamo y conseguir avances en el ámbito judicial.

Baigorria también remarcó que el conflicto genera preocupación entre docentes, estudiantes y autoridades universitarias, incluso entre sectores que mantienen posiciones diferentes frente a la administración nacional. Para la referente gremial, resulta inadmisible que el Ejecutivo no cumpla con una ley aprobada por el Congreso y respaldada por decisiones judiciales. “Es inaudito que el gobierno no cumpla con una ley que tiene tanta antigüedad, tanta legalidad”, manifestó durante la entrevista.

La convocatoria al Congreso y el rechazo a las acusaciones de desestabilización

La quinta marcha federal universitaria está convocada para mañana, con movilizaciones en distintos puntos del país y una concentración central en la Ciudad de Buenos Aires. Baigorria explicó que la convocatoria reúne a los gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina y las autoridades de las universidades nacionales. Además, señaló que la protesta sumará demandas vinculadas con la discapacidad, el financiamiento educativo y la soberanía nacional.

La dirigente rechazó las acusaciones que presentan las protestas como intentos de desestabilización política y defendió los mecanismos institucionales utilizados por la comunidad universitaria para canalizar sus reclamos. “Es inaceptable”, respondió al ser consultada sobre esos cuestionamientos. En ese sentido, recordó que el sector recurrió a la Justicia y al Congreso para impulsar una ley construida colectivamente y ratificada por mayorías legislativas.

Asimismo, Baigorria cuestionó al Ejecutivo por desconocer decisiones de otros poderes del Estado y advirtió sobre las consecuencias institucionales de esa conducta. “Estamos frente a un gobierno nacional que se dedica a impugnar los resultados de la democracia”, afirmó. Para la docente, el incumplimiento de la legislación universitaria forma parte de un escenario más amplio de tensión institucional, en el que también están en discusión otras normas y derechos.

Hacia el final de la entrevista, Baigorria advirtió que la crisis presupuestaria podría comprometer la continuidad de las actividades académicas. Consultada sobre las dificultades previstas para el próximo año, planteó que la preocupación inmediata es todavía más urgente y se relaciona con la posibilidad de finalizar el actual calendario universitario en condiciones normales.

“No estamos hablando de que no va a empezar el ciclo del año que viene, estamos hablando de que no sabemos si termina el ciclo de este año”, alertó. La dirigente insistió en que el cumplimiento de la ley resulta indispensable para garantizar la continuidad académica y reclamó una respuesta del Gobierno que permita revertir la situación. “Ojalá haya otra personalidad y alguien le termine asesorando, le termine aconsejando al gobierno que lo mejor es cumplir con la ley”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)