Daniel Adler, especialista en seguridad ciudadana y antiterrorismo urbano, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el avance de las organizaciones criminales en Argentina, las falencias de los servicios de inteligencia y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención. “Lástima que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no tienen la decisión política de luchar”, sostuvo, al cuestionar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y las dificultades para enfrentar el delito de manera efectiva.

Al explicar cómo operan las redes criminales internacionales, Adler señaló que “las bandas internacionales buscan bandas locales para tener la logística dentro de los países”. En ese sentido, advirtió sobre la vulnerabilidad de las fronteras argentinas y la presencia de organizaciones que establecen vínculos con grupos locales para expandir sus actividades. “Argentina tiene fronteras muy porosas. Hay cuatro triples fronteras y hay más de mil pasos ilegales fronterizos”, remarcó.

El especialista explicó que el narcoterrorismo no se limita a la comercialización de drogas, sino que también se relaciona con otros delitos que afectan a los sectores más vulnerables. “Cuando el narcotráfico se infiltra en las economías populares. Es el primer paso”, afirmó. Según describió, estas organizaciones captan personas mediante la dependencia a las sustancias o los préstamos informales, al tiempo que pueden vincularse con la trata de personas, el tráfico de armas y la explotación sexual.

En esa línea, Adler sostuvo que la criminalidad organizada también encuentra oportunidades para desarrollar actividades ilegales desde las cárceles. Al referirse a la utilización de teléfonos celulares por parte de los detenidos, cuestionó la falta de controles y aseguró que “el 65 por ciento de la planificación criminal es intracarcelaria”. Para el entrevistado, el sistema penitenciario debe impedir que las personas condenadas continúen coordinando delitos desde los establecimientos de detención.

Consultado sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia argentinos, Adler fue crítico con el uso de sus recursos. “No está bien usada. Se usa más que nada para perseguir políticos, opositores y eso que para realmente hacer inteligencia”, expresó. En contraposición, defendió un modelo orientado a anticipar amenazas, identificar estructuras criminales y evitar que los delitos lleguen a concretarse.

“Lo que la inteligencia hace es justamente una estrategia de prevención”, explicó, al diferenciar esa tarea de la intervención policial posterior a un hecho delictivo. Según su planteo, la investigación previa permite detectar riesgos, identificar responsables y desarticular organizaciones antes de que provoquen nuevas víctimas. También advirtió sobre la necesidad de contar con recursos, información y coordinación entre las distintas fuerzas.

En relación con las herramientas de investigación, Adler contó que trabaja con redes de colaboradores capacitados para detectar situaciones sospechosas y aportar información a las autoridades. Según detalló, su metodología contempla técnicas de observación y contrainteligencia, además del envío de fotografías, videos, audios y ubicaciones. Sin embargo, cuestionó las demoras judiciales para dar respuesta a esas denuncias: “La criminalidad va por escalera mecánica, por ascensor y la justicia va, por la tortuga dormida”.

Cárceles, trabajo e inclusión social

Adler también planteó que el sistema penitenciario debería incorporar programas de capacitación laboral y trabajo para las personas privadas de su libertad. Al referirse al costo de mantener a los detenidos, propuso que puedan desarrollar tareas útiles para la sociedad, como la reparación de vehículos, el mantenimiento de escuelas y hospitales o la confección de uniformes. “A mí lo que me gustaría y también para darle trabajo a los tipos que tengan un arte, un oficio, es que empiecen a trabajar para pagar su estadía y también para devolverle a la sociedad”, manifestó.

Para el especialista, la prevención del delito requiere combinar la acción de las fuerzas de seguridad con políticas que amplíen las oportunidades económicas y educativas. “No se puede contemplar un plan de seguridad si no hay un un mejor plan de inclusión”, sostuvo. En esa dirección, propuso impulsar escuelas de oficios, fortalecer los clubes y las instituciones comunitarias y brindar herramientas de educación financiera que permitan a las personas desarrollar sus capacidades.

El entrevistado también alertó sobre la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan y la posibilidad de que sean captados por las organizaciones criminales. “4.1 millones de personas medido por el gobierno”, señaló al referirse a esa población, y remarcó la importancia de actuar antes de que la exclusión se traduzca en situaciones delictivas. “Brindar oportunidades es una gran forma de luchar contra el mundo criminal”, resumió, al reclamar políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Por último, Adler cuestionó la falta de continuidad de las políticas de seguridad en Argentina y reclamó mayor compromiso de los dirigentes para mejorar las condiciones de vida de la población. A su entender, la lucha contra el delito requiere inversión, planificación y coordinación entre las distintas administraciones, independientemente de su orientación política. “En Argentina se hace lo mejor que se puede con lo poco que se tiene”, concluyó, al destacar las capacidades de los integrantes de las fuerzas de seguridad y reclamar más recursos y decisión política. (www.REALPOLITIK.com.ar)