El intendente de la municipalidad de Allen, Raúl Marcelo Román, deberá someter su continuidad al voto de los vecinos el próximo 8 de noviembre, en un referéndum revocatorio aprobado por el Concejo Deliberante. La convocatoria avanzó después de que se validaran 4.771 firmas, suficientes para habilitar la consulta prevista en la carta orgánica municipal. Román fue elegido intendente en 2023 por Cambia Río Negro y después se incorporó a La Libertad Avanza, donde llegó a ser vicepresidente provincial. Tras la investigación penal dejó ese cargo y las autoridades libertarias se desligaron de él.

Román llega a esa instancia con dos juicios administrativos de responsabilidad abiertos por el Tribunal de Cuentas: uno por una obra financiada con regalías petroleras que terminó paralizada y otro por fondos para insumos escolares cuya rendición no pudo ser certificada. Un tercer expediente, referido a contrataciones de agua para riego, concluyó con multas a tres funcionarias municipales.

La disputa por su permanencia ya había provocado una intervención judicial. En julio, el Concejo Deliberante dispuso su suspensión preventiva en el marco de una investigación penal por presunta administración fraudulenta y peculado. En agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa medida, al considerar que el cuerpo legislativo carecía de competencia para adoptarla en esas circunstancias. La decisión dejó sin efecto la suspensión, pero no cerró la causa penal. 

El referéndum abre ahora otro camino: serán los electores quienes decidan si Román completa su mandato. Los procedimientos del Tribunal de Cuentas son independientes de esa consulta y de la investigación penal, pero suman cuestionamientos documentados sobre la administración de recursos públicos durante su gestión.

Una obra con regalías petroleras que terminó paralizada

Uno de los juicios contra Román se concentra en el Edificio SUME, financiado con fondos de regalías hidrocarburíferas identificados como regalías 6,5.

El Tribunal abrió un sumario el 29 de mayo de 2024, mediante la resolución 060/24, para examinar las decisiones administrativas vinculadas con la rescisión del contrato y la posterior paralización de la obra. Buscaba determinar si esas medidas habían sido legales y razonables y si podían haber provocado un perjuicio al patrimonio municipal.

Después de reunir los informes de la instructora sumariante y los dictámenes correspondientes, el organismo consideró que existían indicios suficientes de un posible apartamiento de las normas sobre obra pública, procedimiento administrativo y resguardo de los fondos.

El 20 de mayo de 2026, mediante la resolución 062/26, dispuso iniciar un juicio de responsabilidad contra Román. También incluyó como presuntas responsables solidarias a María Emilia Buscazzo, Griselda Morell y Stefania Pistagnesi.

Según la información publicada por el Tribunal, el procedimiento continúa abierto. Su finalidad es determinar las responsabilidades administrativas y patrimoniales que pudieran corresponder por las decisiones tomadas alrededor del proyecto; todavía no existe una resolución definitiva que las establezca. 

Fondos escolares cuya rendición no pudo certificarse

El segundo juicio contra el intendente se refiere al convenio de insumos de limpieza e higiene escolar correspondiente a abril de 2024. La investigación comenzó el 7 de agosto de aquel año, mediante la resolución 092/2024, para revisar la adquisición y distribución de los productos y la rendición del dinero.

Tras analizar la documentación, el Tribunal señaló incumplimientos de las obligaciones asumidas por el municipio, particularmente en materia de control, fiscalización y resguardo documental. Esas deficiencias tuvieron una consecuencia concreta: impidieron certificar la rendición de los fondos.

El 20 de mayo de 2026, a través de la resolución 063/2026, el organismo abrió un nuevo juicio de responsabilidad contra Román y otras cinco personas. La actuación alcanza a Griselda Morell, identificada en el expediente como exsecretaria de Hacienda; Gloria López, directora general de Hacienda; Romina Villagra, tesorera municipal; Claudia Coppari, exdirectora general de Compras y Contrataciones; y Carolina Domínguez, agente administrativa del Departamento de Tesorería.

Este procedimiento también sigue en proceso. El Tribunal debe establecer qué intervención tuvo cada persona en la adquisición, el control y la rendición de los recursos del convenio. La imposibilidad de certificar los gastos no permite, por sí sola, afirmar que el dinero haya sido sustraído. 

Dos contrataciones de riego que derivaron en sanciones

El expediente por el servicio de agua para regar calles urbanas y rurales tuvo un desenlace diferente. La investigación comenzó el 27 de marzo de 2024, mediante la resolución 033/24, y examinó dos procedimientos: el concurso de precios 001/24 y la licitación privada 001/24.

El Tribunal determinó que ambos tenían el mismo objeto, se habían tramitado en fechas próximas y compartían unidad presupuestaria. Tampoco encontró acreditadas circunstancias excepcionales que justificaran contratarlos por separado.

Con esos elementos, consideró configurada la presunción de desdoblamiento prohibido por la ordenanza municipal 014/2020. La observación apuntó a la separación de contrataciones que, por sus características, debían analizarse conjuntamente.

El 2 de julio de 2025, mediante la resolución 106/25, inició el juicio de responsabilidad contra las funcionarias intervinientes. Después de evaluar sus descargos y los dictámenes técnicos, legales y contables, concluyó que las observaciones originales no habían sido desvirtuadas.

La decisión llegó el 5 de marzo de 2026, con la resolución 027/26: un llamado de atención a María Fiorentini y multas equivalentes a 300 USAM a María Contreras, Claudia Coppari y Griselda Morell, por infracción a la ordenanza de contrataciones. El organismo informó que las tres multadas solicitaron planes de pago en cuotas, que fueron aceptados. Román no figura entre las personas sancionadas en este expediente.

El 8 de noviembre, Román deberá conseguir el respaldo de los vecinos para continuar al frente del municipio. Mientras se aproxima esa votación, siguen pendientes las resoluciones de los dos juicios de responsabilidad que lo alcanzan personalmente por la obra paralizada y los fondos escolares. (www.REALPOLITIK.com.ar)